Por: Héctor Vásquez Fernández * – septiembre 7 de 2012
Hace dos años, en agosto, cuando Juan Manuel Santos asumió la presidencia de Colombia, la tasa de desempleo se ubicaba en el 11,2% para todo el país, la tasa de subempleo en 34,0% y la tasa de ocupación en 55,6%. En total, la población ocupada era de 19’318.285 personas y la población desempleada de 2’427.203. Casi dos años después, a junio de 2012, la tasa de ocupación se ubicó en 58,8%, la tasa de desempleo bajó al 10%, la población ocupada ahora es de 21’022.271 –un incremento del 8.8%– y la población desempleada es de 2’342.595. Estos resultados han sido evaluados por el presidente Santos en los siguientes términos: “El parte en materia de empleo es muy positivo […] El objetivo es dejar, después de este cuatrienio, el desempleo en un solo dígito en forma permanente”.
La pregunta que es necesario hacerse es sobre la calidad del empleo que está generando la economía: si se trata de puestos de trabajo creados en la economía formal o en la informal; en qué sectores económicos se están generando; cuáles son las categorías ocupacionales que están creciendo; y, lo más importante, si se trata de empleos decentes, con protección social y con derechos.
Los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE) nos ayudan en parte a responder estas preguntas. Dos de ellos se refieren a la evolución del subempleo subjetivo y objetivo, indicando el grado de conformidad y satisfacción que la gente tiene con su empleo. Hace dos años, 32,7% de las personas ocupadas manifestaron inconformidad con el empleo que tenían y 12,4% buscaban materializar su deseo de cambiar de trabajo. Dos años después, estos indicadores se ubicaron en 33,1% y 12,2%, respectivamente, lo que indica que, si bien ha crecido el empleo, se ha incrementado el número de personas que no se sienten conformes con el empleo que tienen, ya sea por los ingresos que reciben, la insuficiencia de horas que trabajan o por el tipo de competencias laborales que tienen.
Las cifras sobre posición ocupacional también nos dan pistas acerca de la calidad del empleo que se genera, pues algunas de ellas demuestran que el empleo es mayoritariamente precario, al margen de la protección social. Es lo que ocurre con los trabajadores por cuenta propia, actividad a la que se dedican 43% del total nacional, 80% de los cuales se ubica en la economía informal y, entre éstos, el 91% no cuenta con protección social (salud y pensiones). Algo similar ocurre con la categoría del “trabajador familiar sin remuneración”, en la que el 94% representa a trabajadores informales, de los que el 95% no tiene protección social. Así mismo, en la categoría de empleadas domésticas, en la que el 99% son trabajadoras informales, con un 80% de ellas sin seguridad social.
Pues bien, según el último informe del DANE, que corresponde al periodo entre abril y junio de 2012, las categorías ocupacionales que más crecieron fueron los trabajadores familiares sin remuneración (20,16%), los trabajadores sin remuneración en otras empresas (14,14%) y las trabajadoras domésticas (12,37%). Las categorías ocupacionales que tienen mayor posibilidad de protección social y de trabajar en el economía formal, como los empleados particulares y los empleados del gobierno, presentaron crecimientos del 10,7% y del 8,33% respectivamente. Sin embargo, todo el país sabe que el empleo que se genera mayoritariamente en el gobierno es el que se pacta a través de contratos de prestación de servicios, constituido por trabajadores sin ninguna estabilidad, que tienen que pagarse ellos mismos su protección social y no tienen derechos en el trabajo. Y, respecto a los trabajadores asalariados o empleados particulares, en las 13 áreas metropolitanas objeto del estudio el 22% de ellos son informales y de éstos el 79% no tiene protección social. Por otro lado, los trabajadores por cuenta propia crecieron 7,56% en el periodo de análisis.
Respecto a las ramas de la economía que más generan empleo, en una de ellas, la agricultura, el empleo se contrajo (-0,03%), y en la otra, la industria manufacturera, se presentó un crecimiento del 12,03% del empleo. Por su parte, el empleo en el sector del comercio, hoteles y restaurantes creció 11,4% y en la construcción el 25,88%. Del primero de estos dos sectores hay que decir que es muy alta la incidencia de empleo precario e informal: en las 13 áreas metropolitanas, 69% de quienes tienen empleo en estas actividades son informales y de éstos el 90% no tiene seguridad social. Y en el sector de la construcción, aunque la informalidad es menor (59%), la desprotección social es mayor: 93% de los trabajadores informales no tienen seguridad social.
Un dato que llama la atención se refiere al comportamiento del empleo en el sector de minas y canteras, que en los dos años del gobierno de Santos creció en un 20,26%. Sin embargo, esta tendencia parece que se agotó en el último año, pues comparado el periodo entre abril y junio de 2011 y el mismo de 2012 el empleo en este sector se contrajo en -0,6%, una situación que experimentaron todos los demás sectores, con la excepción del sector financiero.
Finalmente, los datos de crecimiento del empleo hay que contrastarlos con indicadores claves de la calidad del empleo y de la protección social, sobre los que existe información más o menos actualizada (mayo de 2012), como los de afiliación a los fondos de cesantías y a pensiones.
Respecto a los fondos de cesantías, los trabajadores dependientes que estaban afiliados a mayo 31 de este año, eran 5’858.2104, con un crecimiento del 12,57% en comparación con el mismo mes de hace dos años, pero con un decrecimiento de -0,2% respecto al mismo período del último año. Este es un dato bastante revelador de la calidad del empleo que se está generando y de la estabilidad laboral que ofrecen los nuevos empleos, pues la afiliación a fondos de cesantías es indicador de trabajo con contrato laboral y con una continuidad de más de una año.
A pensiones los afiliados cotizantes en esa misma fecha –régimen individual y régimen de prima media– eran sólo 6’375.974, con un incremento del 9,44% en estos dos años, pero también con una tendencia hacia la disminución, pues el incremento en el último año apenas fue de 2,45%, un indicador que está 2,9 puntos por debajo del crecimiento del empleo en el último año. Esto indica que la mayor parte del empleo que está generando el crecimiento económico se ubica en la economía informal.
Respecto de la población ocupada total, ambos indicadores apenas representan el 28,15% y el 30,64%, respectivamente, lo que es indicativo del bajo índice de protección social en relación con dos indicadores claves del trabajo decente.
[…]
Un pacto por el empleo formal y el trabajo decente
Colombia es el país más desigual de América Latina y, en buena medida, lo es porque persisten todavía altísimas tasas de desempleo e informalidad laboral, que condenan a casi dos terceras partes de la población trabajadora a condiciones de vida bastante precarias, con ingresos pobres e inseguros, con trabajos informales, sin protección social y sin derechos. El trabajo decente apenas cubre a la tercera parte de la población trabajadora.
Estas condiciones obligan a que el tema del empleo formal y del trabajo decente se convierta en parte fundamental de la agenda de gobierno, una agenda que debe ser construida a través del diálogo social con los interlocutores sociales como las centrales sindicales y los gremios empresariales que tienen que ver con el tema.
Parte de los elementos de esta agenda deberían ser los siguientes:
- La producción de normas jurídicas que eliminen todas las formas de tercerización ilegal existentes en el país, acompañada del fortalecimiento de la inspección laboral y la promoción de auditorías y veedurías sindicales y ciudadanas para verificar las condiciones laborales de los trabajadores.
- El diseño e implementación de una gran estrategia de diálogo sectorial y local que concrete políticas y planes para promover la formalización del empleo y la generación de trabajo decente, acompañada de campañas de sensibilización y formación ciudadana.
- La construcción, a través del diálogo con las organizaciones sindicales, de un plan de formalización laboral en el sector público, que cumpla con la jurisprudencia de la Corte Constitucional en relación con la excepcionalidad de los contratos de prestación de servicios. Así mismo, la adopción de políticas y medidas concretas que permitan que todas las inversiones públicas generen empleos en condiciones de trabajo decente.
- La creación de nuevos incentivos para las empresas que efectivamente formalicen empleos y creen nuevos empleos en condiciones de trabajo decente.
- La ampliación de políticas y programas de apoyo a las actividades económicas de los ‘cuenta propia’, que les permita elevar la productividad de sus actividades y, en consecuencia, eleven sus ingresos y mejoren las condiciones en que desarrollan su trabajo.
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* Director de investigación de la Escuela Nacional Sindical.
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