5.121 mujeres desaparecidas: ¿dónde están?

Por: Marcela Zuluaga – junio 10 de 2015

El pasado 27 de mayo, en el marco de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, la Fundación Nydia Erika Bautista y otras organizaciones de familiares de víctimas de desaparición forzada presentaron un informe sobre el impacto de este crimen de Estado sobre las mujeres en Colombia.

El reporte denuncia los altos grados de impunidad de la que gozan los victimarios y trata de dar cuenta de la magnitud de esta práctica, de la que apenas el país empieza a ver su verdadera magnitud gracias a la lucha histórica de las organizaciones de familiares de personas desaparecidas porque, entre otras cosas, exista un registro nacional que dé cuenta del fenómeno. Sin embargo, la falta de correspondencia en los datos es alarmante: la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas presenta un total de 45.000 víctimas directas de desaparición forzada, de las cuales 5.121 son mujeres, y 109.000 víctimas indirectas, mientras la Fiscalía, por su parte, reporta la cifra de 69.000 casos de desaparición forzada y la Procuraduría ha puesto su atención en algunos de los 6.690 casos que registra desde 2002. En la inmensa mayoría de estos crímenes la Justicia no ha sancionado a los responsables ni se ha avanzado para saber dónde están y qué pasó con estas personas.

Durante la jornada, Isabel Albadalejo, coordinadora del Fondo de Justicia Transicional del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), afirmó al respecto que “la desaparición forzada en Colombia se ha consagrado, lamentablemente, como un método de terror idóneo, no solamente porque la clandestinidad del procedimiento lo permite sino (sic.) sobre todo porque la ausencia del cuerpo hace posible la absoluta impunidad de los ejecutores”.

La desaparición forzada es un crimen que se ha cometido en el país desde finales de la década de 1970, pero es en la historia reciente que ha ido en aumento. Yanette Bautista, directora de la Fundación Nidia Erika Bautista, comentó durante su presentación que “de los 19.625 casos de mujeres desaparecidas sin información, 11.297 casos sucedieron entre los años 2004 y 2006 y en 2010 empezaron a bajar, justamente en el periodo de gobierno de Álvaro Uribe Vélez y el preludio de la desmovilización de los grupos paramilitares”. Estas cifras muestran que durante la presidencia de Uribe se presentaron el 58% de las desapariciones forzadas de mujeres en Colombia.

Adicionalmente, Yanette Bautista recordó cómo fue la experiencia para llegar a este informe sobre la desaparición forzada como forma de violencia hacia las mujeres.

Crimen de lesa humanidad

La desaparición forzada se ha dado en el país como un fenómeno ligado a múltiples crímenes, como violencia sexual, desplazamientos, ejecuciones extrajudiciales y  reclutamientos forzados. En la Constitución Política de 1991 se le reconoce como una conducta prohibida y se la tipifica como delito en la Ley 589 de 2000, siendo esto fruto del esfuerzo de los familiares de las víctimas y organizaciones sociales porque el Estado reconociera su responsabilidad en estos hechos. Pero esto no basta para los familiares de las víctimas, ya que después de 15 años las investigaciones cesan y los casos se archivan si no se encuentra a los responsables.

Cuando agentes estatales o grupos que actúan con el consentimiento del Estado desaparecen a una persona, se tipifica el crimen internacionalmente como una violación de derechos humanos. No obstante, este delito sólo se reconoce como un crimen de lesa humanidad cuando se comete de manera sistemática o generalizada, como es el caso de Colombia. Teniendo este marco jurídico, los familiares de personas desaparecidas en Colombia trabajan para que este crimen sea reconocido como de lesa humanidad en el país, lo que haría que las desapariciones forzadas sean imprescriptibles y evitaría que precluyan los casos y siga creciendo así la impunidad.

Lucha contra la impunidad y el olvido

Es innegable que la desaparición forzada es un hecho que victimiza de forma continuada y permanente, puesto que mientras no se establezca el paradero de la persona desaparecida el sufrimiento para las familias es una constante. A esto se suma, que al ser el Estado el principal victimario, los familiares se ven forzados a enfrentar el temor que deja la desaparición de un ser querido sumado al que generan las amenazas e intimidaciones por buscar la verdad, así como la estigmatización social y el trato discriminatorio que reciben, pues con frecuencia tienen que demostrar incansablemente su condición de víctimas.

A pesar de las duras condiciones que enfrentan los familiares de desaparecidos, organizaciones como la Fundación Nidia Erika Bautista, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), Familiares Colombia y Desaparecidos del Palacio de Justicia, entre otras, han enfrentado por décadas a la maquinaria que ha desaparecido miles de personas, propiciando que personas afectadas por este crimen luchen por la memoria de sus seres queridos y porque estos crímenes no queden en la impunidad.

Un ejemplo de la lucha por evitar que la desaparición forzada sea sinónimo de olvido es el de doña María Ubilerma Sanabria López, quien es madre de Jaime Steven Valencia Sanabria, uno de los jóvenes desaparecidos de Soacha en los mal llamados ‘falsos positivos’ cometidos por el Ejército Nacional.

Asimismo, Mario Fernando Tamayo, hijo de Mónica Patricia Garcia, una mujer desaparecida en Zarzal (Valle) por parte de paramilitares bajo las órdenes de alias ‘don Diego’, relató su experiencia.

Por su parte, la periodista Jineth Bedoya, quien en el año 2000 fue víctima de violencia sexual por parte de paramilitares, afirmó que “la peor tortura para las víctimas es el olvido y que [estos hechos] sigan en la impunidad. En nuestras manos está que esa impunidad no siga reinando, no vamos a dejar un solo día de buscar justicia […] no podemos dejar de preguntarnos un solo día dónde están”.

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