Por: Camila Ramírez – noviembre 23 de 2013
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó dos audiencias, los días 12 y 13 de noviembre en Brasilia (Brasil), por los hechos del Palacio de Justicia. En las audiencias se escucharon testimonios por parte de las víctimas y los alegatos de las partes, incluida la posición del Estado colombiano. Hasta el momento no hay una respuesta clara por parte de las autoridades colombianas sobre lo que pasó con los 12 desaparecidos que dejó el operativo militar de retoma de la sede del Poder Judicial, el 6 y 7 de noviembre de 1985.
Hace 28 años, un comando de 35 guerrilleros del Movimiento 19 de abril (M- 19) se tomó el Palacio de Justicia en Bogotá, en el marco de la llamada “Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre”, y esto desembocó en una de las más recordadas tragedias del último siglo en Colombia, pues el operativo de retoma de 28 horas liderado por el Ejército Nacional generó el conocido holocausto que dejó la sede judicial en llamas, 94 asesinados –11 de ellos magistrados–, cientos de heridos, decenas de torturados y 12 desaparecidos, cuyos familiares siguen luchando hoy por saber qué pasó con sus seres queridos y porque se castigue a los funcionarios responsables por estos crímenes.
A pesar de los reclamos de los familiares de las víctimas y sus abogados durante estos 28 años, el Estado colombiano ha negado sistemáticamente su responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad cometidos en el Palacio de Justicia. Sin embargo, gracias a material periodístico que se ha venido encontrando durante estos años se ha demostrado que muchos de los desaparecidos salieron vivos de la sede judicial y se ha podido determinar que fueron militares y gentes de inteligencia quienes determinaron lo que sucedió con estas personas.
Sandra Beltrán, hermana del desaparecido Bernardo Beltrán Hernández, quien trabajaba en la cafetería del palacio, afirma que en un video reconoció a su hermano, quien salía “del Palacio de Justicia hacia la Casa de Florero y es llevado de su brazo derecho por un militar, por un soldado. Posteriormente, al otro día de la toma, cuando mis padres se acercaron a la Plaza de Bolívar los mismos soldados les dijeron que fueran al Cantón Norte, que era donde estaban llevando a la gente. Llegaron allá, les mostraron unas listas, pero no aparecían ellos y así continuamos por los diferentes sitios militares, hospitales, clínicas, Medicina Legal, y nunca los encontramos”.
La verdad se ha escondido no sólo a través del mutismo y negación de lo sucedido por parte de los militares a cargo de la retoma sino que además, al parecer, las evidencias en manos de los uniformados fueron destruidas. Ángela María Buitrago, exfiscal del caso del palacio, declaró ante los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que “también fueron desaparecidas las comunicaciones entre militares que hacían unas menciones sobre los desaparecidos del Palacio de Justicia y sobre los traslados a unidades tácticas”.
Héctor Jaime Beltrán, padre de Héctor Jaime Beltrán Fuentes, otro empleado de la cafetería desaparecido, resaltó que “hay lados de la justicia colombiana que dicen textualmente que se nos debe pedir perdón por los hechos del palacio. Absolutamente nada, todo lo contrario: le han pedido perdón a los victimarios, a quienes nos victimizan y nos estigmatizan […] los ‘héroes’ son los que hacen los falsos positivos, los que cometen crímenes de lesa humanidad. [A ellos] son los que premian”. También agregó que los militares condenados por el caso del Palacio de Justicia gozan de privilegios en sus condiciones de reclusión que no deberían tener: “tienen absolutamente todo en guarniciones militares gozando de todas las prebendas, lo cual no es justo. Eso es una humillación para nosotros”.
Una búsqueda dolorosa
Después de la desaparición forzada de estas 12 personas, la vida cambió por completo al interior de cada una de sus familias. La búsqueda permanente de sus seres queridos se convertía a menudo en un sentimiento de desesperanza que se iba volviendo más poderoso con el paso del tiempo. Sandra Beltrán manifiesta que sigue recordando a su hermano todo el tiempo y que uno de sus mayores anhelos es encontrarlo, para poner fin a este círculo vicioso de sufrimiento e impunidad: “tanto fue lo que nos afectó la desaparición de Bernardo que mi madre murió de físico dolor […] Yo lo recuerdo y lo tengo siempre conmigo, Bernardo era trigueño, de cabello liso, bastante acuerpado, macizo, un cuerpo atlético, buen deportista, un gran hermano y un gran hijo”.
Los familiares de las víctimas aún esperan los restos y la verdad acerca de lo que pasó con sus hijos, hermanos, esposos, madres y padres. De los 12 desaparecidos, 8 eran empleados de la cafetería, 3 visitantes y 1 guerrillera. Las familias manifiestan que han pasado varios años de incertidumbre y de tortura psicológica buscándolos. Ana Lucía Castiblanco, hermana de Ana Rosa Castiblanco, quien fue desaparecida en la retoma del palacio, manifestó que “son 28 años de espera, de búsqueda y sin ninguna noticia […] nunca hemos sabido nada ni de ella ni del bebé que estaba esperando […] Exigimos la verdad, no exigimos nada más sino la verdad. ¿Dónde están? ¿Qué hicieron con ellos? ¿A dónde los llevaron? ¿Por qué no sabemos nada?”. Misma situación atraviesa Héctor Jaime Beltrán, quien recuerda que “quedé en la calle buscándolo, porque era mi primer hijo. Yo gasté lo que no tenía: me empeñé, me endeudé buscando. Que lo busque aquí, que lo busque en otras partes, que pague detectives, que está en Medellín, que está en Cali, que está… bueno, en todas partes”, agregando que lo único en lo que fija sus esperanzas es en “esperar justicia internacional, porque en Colombia nada”.
La esperanza de una sentencia de la Corte Interamericana
Son pocos los avances en el proceso de investigación sobre lo que pasó en la retoma del Palacio de Justicia, a pesar del informe de la comisión de la verdad creada para investigar estos hechos. Adicionalmente, la poca acción de la justicia y las dilaciones de los procesos por parte de los abogados defensores de los militares implicados, como en el caso del coronel Luis Alfonso Plazas Vega –condenado a 30 años de cárcel por el delito de desaparición forzada–, y el Estado colombiano no se ha comprometido con la búsqueda de los 12 desaparecidos. Por este motivo, los familiares de las víctimas tienen sus esperanzas puestas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en una posible sentencia que obligue al Estado colombiano a que revele la verdad que por tantos años se ha ocultado en torno a estos crímenes de lesa humanidad.
Diego García Sayán, presidente de la Corte Interamericana de derechos Humanos, dijo que la sentencia se conocerá durante el primer semestre de 2014 y que los alegatos finales se entregaran por escrito el 15 de diciembre. Los abogados que representan los familiares de las víctimas y esperan que se emita una condena en contra del Estado colombiano por su responsabilidad de la desaparición forzada de estas 12 personas. Para Héctor Jaime Beltrán, la sociedad colombina no debe olvidar estos hechos, pues “esto le puede pasar a cualquier colombiano [..] y eso duele en el alma, cuando no hay justicia”.
Memoria viva
El pasado 6 de noviembre en la Plaza de Bolívar de Bogotá, los familiares de las víctimas del Palacio de Justicia, junto con varias organizaciones defensoras de derechos humanos realizaron un homenaje a los desaparecidos en la retoma de la sede judicial, que contó con el montaje teatral “¿Y cuándo vuelve el desaparecido? Cada vez que los trae el pensamiento” y un plantón en el que se dispusieron 12 sillas, cada una con los respectivos nombres y fotografías de los desaparecidos.
En la conmemoración se dio lectura a la carta enviada a la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, con motivo del nombramiento del general (r) Alejandro Navas Ramos como embajador de Colombia en ese país. Los familiares expresaron su inconformidad porque Navas expresó que el condenado Plazas Vega es para él un ‘héroe nacional’ y, por ello, afirman que “quienes alientan estos crímenes, considerando a sus autores ‘héroes nacionales’, no pueden ser objeto de beneficios de inmunidades diplomáticas”. Además, solicitaron que su nombramiento sea rechazado, alegando que su designación afecta “la protección de la dignidad humana”.
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