Por: Geovani Montalvo – enero 17 de 2011
La conmemoración de los veinte años de la firma de los acuerdos de paz de El Salvador, tras casi dos décadas de conflicto armado interno, evoca las ausentes y lejanas promesas de una auténtica paz y justicia social. Los acuerdos de paz, firmados el 16 de enero de 1992, desmontaron la guerra civil pero no abarcaron cambios de fondo o estructurales en la áreas económica y social. Esta lucha revolucionaria aún está pendiente.
Este suceso histórico reencuentra a la sociedad de este país centroamericano sumergida en una crisis económica, política, ecológica y social, que se paracteriza por un elevado índice de violencia e inseguridad, el principal legado de las agresivas políticas neoliberales impuestas y profundizadas en dos décadas de gobiernos ‘democráticos’ de derecha.
El aluvión imparable e implacable de homicidios, combatido principalmente con represión estatal, ha colocado al país en la lista de los más violentos del mundo y de Latinoamérica, con 70 asesinatos por cada 100.000 habitantes, según cifras oficiales del gubernamental Instituto de Medicina Legal.
Mientras, la pobreza flagela al 36,5% de los seis millones de salvadoreños y salvadoreñas, 11,2% de los cuales son indigentes, según cifras de 2011 del Ministerio de Economía.
A la mitad del mandato de Mauricio Funes, el primer presidente elegido bajo la bandera del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), arrecia también el desencanto de la población con la izquierda partidaria montada en un gobierno entreguista y fuertemente obediente a las políticas y decisiones imperialistas de Estados Unidos.
Los acuerdos de paz desmontaron la guerra civil, que era la necesidad más apremiante, pero no abarcaron cambios de fondo o estructurales en las áreas económica y social, que pudieran llevar a un nuevo paradigma en el país. Esta materia pendiente hizo renacer la esperanza con el “Gobierno del Cambio”, aunque ésta se frustró con el carácter reformista del FMLN y la entrega presidencial a los intereses oligárquicos.
“Se trata de un reformismo socialdemócrata, tímido, sujeto a los caprichos presidenciales y, al mismo tiempo, supeditado a lo que se supone pueda permitir el gobierno de los Estados Unidos”, comenta en su blog Carlos Ábrego, analista salvadoreño residente en Francia. “La derecha sigue realmente administrando el país a través del Gobierno del Cambio”, plantea Ábrego, de manera que los intereses de la oligarquía siguen intactos o fortalecidos. Y el movimiento popular sufrió la derrota de “su partido revolucionario” que “no pudo o no quiso enfrentar ideológicamente a la derecha nacional e internacional”.
La violencia delictiva e, incluso, la incipiente pero posicionada narcoviolencia, aparecen como el principal problema social y estructural del país. “La violencia de las maras (pandillas) ha servido a la oligarquía para acallar las reivindicaciones y, lo que es el colmo, para justificar la exportación de sus capitales”, reclama Ábrego.
Los cruentos combates y enfrentamientos entre la otrora guerrilla del FMLN contra los gobiernos dictatoriales de entonces resultaron en unas 70.000 personas muertas y más de 8.000 desaparecidas. La mayoría de las ejecuciones y masacres fueron perpetradas por el Ejército de El Salvador. Pese a las radicales posiciones enfrentadas, el 16 de enero de 1992, el FMLN y la ultraderechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), que gobernó de 1989 a 2009, alcanzaron un consenso y firmaron la paz en México, con el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Según detalla el informe de la Comisión de la Verdad denominado “De la locura a la esperanza: la guerra de los doce años en El Salvador 1980 – 1992”, que se dio a conocer el 15 de marzo de 1993, de todo un cúmulo de denuncias se elaboró una lista de 13.569 casos de los que seleccionaron 32, considerados ejemplarizantes.
Entre estos destaca el asesinato del arzobispo metropolitano Óscar Arnulfo Romero por la organización ultraderechista Escuadrones de la Muerte, en marzo de 1980; así mismo, la matanza de miles de campesinos y campesinas conocida como la Masacre de El Mozote; y los homicidios de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras, hechos acontecidos en noviembre de 1989, atribuidos a la acción de unidades de la Fuerza Armada Salvadoreña.
La guerra civil, que terminó con los acuerdos políticos de paz, “se convirtió durante veinte años en guerra social”, señala Dagoberto Gutiérrez, declarado comunista, quien integró la mesa de negociaciones de entonces y fue comandante guerrillero del FMLN que ahora lidera la Tendencia Revolucionaria (TR), organización social crítica de la dirigencia partidaria del FMLN. “Ésta es justamente [la guerra social] la que actualmente asola al país y lo convierte en el escenario de esta guerra cuya cabeza más visible es la delincuencia, pero cuyo cuerpo y estructura no visible es la descomposición de la sociedad, el rompimiento de la cohesión política mínima y la conjunción de una crisis social, económica y política”, explica el líder comunista Gutiérrez en el sitio web de la TR.
Otros muestran mayor optimismo, como el exrector de la Universidad Centroamericana ‘José Simeón Cañas’ (UCA), el jesuita y analista José María Tojeira, quien asegura que “si fuimos capaces de vencer la brutalidad bélica a través del diálogo, también podemos vencer la pobreza, la desigualdad y la violencia a través de diálogos y decisiones concertadas”.
Pero, ¿por qué fue posible la negociación en El Salvador que diera paso a la firma de la paz? Dagoberto Gutiérrez responde que se trató de tres factores muy relacionados: el primero es la disolución de la Unión Soviética, el segundo es la ofensiva militar del FMLN de noviembre de 1989 y el tercero es la decisión del gobierno estadounidense de negociar el fin de la guerra. Gutiérrez discurre en que en ningún momento la oligarquía dominante o la fuerza armada gubernamental compartieron la decisión política de negociar la guerra, porque ambos sectores buscaron siempre y con gran afán una solución militar.
“Este 16 de enero yo esperaría que el presidente Funes, en el acto que hará en El Mozote, se comprometa a promover la integración a la legislación interna de importantes tratados internacionales de derechos humanos que aún no han sido ratificados por el Estado salvadoreño”, exigió el académico y uno de los miembros de la comisión negociadora del FMLN que firmó los Acuerdos de Paz, Roberto Cañas, en su sitio oficial en Facebook dos días antes de la conmemoración. Entre las convenciones y tratados internacionales que aguardan la ratificación de El Salvador está el Protocolo Facultativo de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; las convenciones universal e interamericana contra la desaparición forzada; la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad; y el Estatuto de la Corte Penal Internacional.
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