La Rochela: memoria contra la impunidad

Por: Christian Peñuela – enero 27 de 2012

El 18 de enero de 1989 fueron asesinados 13 funcionarios de una comisión judicial que investigaba una serie de homicidios y desapariciones forzadas en los municipios de Cimitarra, Puerto Parra y Simacota, del departamento de Santander, a manos de paramilitares aliados con miembros de la Fueza Pública, narcotraficantes y los dueños del poder en la región. Veintitrés años después, los familiares de las víctimas, organizaciones sociales y maś de 3.000 personas llegaron hasta la vereda La Rochela, ubicada en Simacota, para conmemorar este crimen de lesa humanidad y, de paso, denunciar la impunidad que aún reina en el caso y el incumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado colombiano.

Reivindicando la memoria colectiva

Los participantes en la conmemoración llegaron la noche anterior a Barrancabermeja desde distintos rincones del país, luego de incontables horas de viaje en delegaciones que partieron de Medellín, Bucaramanga, el Magdalena Medio, el Catatumbo y Bogotá. En coliseo del puerto petrolero descansaron, rodeados por un intimidante cordón policial, antes de emprender su camino hasta La Rochela para conmemorar uno de los episodios más tristes de la historia reciente de Colombia.

No era fácil: se trataba del primer acto en memoria de las víctimas que se realizaba en esta vereda, donde los paramilitares impusieron con el terror su domino durante años. Ni el Estado ni ninguna institución había intentado hacer homenaje alguno a los funcionarios judiciales que fueron asesinados allí y le correspondió a los campesinos y a distintas organizaciones defensoras de derechos humanos organizar este acto, realizado por iniciativa de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC), la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana), la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos), el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), habitantes de La Rochela, el Espacio de Trabajadoras y Trabajadores de Derechos Humanos de Barrancabermeja, la Asociación de Desplazados Asentados en el Municipio de Barrancabermeja, la Asociación Regional de Víctimas de Crímenes de Estado del Magdalena Medio, la Escuela de Formación Popular Sandra Rondón Pinto, la Asociación Nacional de Ayuda Solidaria Seccional Barrancabermeja y Magdalena Medio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Unión Sindical Obrera y la Corporación Humanidad Vigente.

A primeras horas de la mañana, alrededor de treinta buses partieron del coliseo de Barrancabermeja en una caravana que emprendió un recorrido por la memoria y la resistencia hacia La Rochela. Hacia las once de la mañana del miércoles 18 de enero, toda la diversidad de las delegaciones se encontró en la vereda, muy cerca del lugar de la matanza, un lugar que tal vez nunca había recibido tantos visitantes distintos a sus pobladores y que no había tenido posibilidad hasta la fecha de reflexionar adecuadamente sobre lo ocurrido ni de llenarse de recuerdos para pensar en su presente.

El lema “Que el dolor no justifique el olvido” sirvió de excusa para que, hacia el medio día, inicaran las conmemoraciones con el descubrimiento por parte de los familiares de un monumento a los 13 miembros de la comisión judicial masacrada. Luego de esto, el obispo de Barrancabermeja, monseñor Darío Castrillón, ofició una ceremonia religiosa católica y los asistentes participaron en una siembra colectiva de árboles y plantas alrededor del monumento.

Bajo el ardiente sol, hacia las dos de la tarde, una larga marcha tomó rumbo hacia la vía Panamericana, donde los paramilitares cometieron estos crímenes para reforzar con sangre la impunidad de la que ya venían gozando: luego de años de asesinatos selectivos y desapariciones forzadas que contaron con el beneplácito de algunas de las autoridades locales y miembros de la Fuerza Pública, no podían permitir que la Fiscalía investigara sus acciones en 25 delitos, que incluían la desaparición y asesinato de 19 comerciantes de la región. En ese lugar se realizó el acto central de la conmemoración, usando una pequeña tarima ubicada al lado de la carretera para los actos culturales y la lectura del documento preparado para la ocasión, mientras la gente escuchaba desde la carretera que ocupaba pacíficamente.

Abelardo Sánchez, integrante de Credhos y quien denunció amenazas contra su vida por este acto de conmemoración, fue el encargado de leer el pronunciamiento. Junto a él se encontraba Amparo Vera, de la comunidad de la vereda La Rochela, quien expuso una serie de exigencias al Estado para que a la población del lugar y los caseríos aledaños les sean restituidos sus derechos como ciudadanos, debido al abandono institucional que han vivido por décadas.

Exigiendo justicia, a pesar de amenazas

Paola Martínez Ortiz, viuda de Luis Orlando Hernández Muñoz –quien hacía parte de la comisión judicial masacrada–, afirmó en nombre de las víctimas que “en estos momentos no consideramos que existan garantías para [que se cumpla] la orden que hace la Corte Constitucional a la Fiscalía para que nos brinde protección. A pesar de haber sido notificada la Fiscalía el 14 de diciembre del año pasado e imponer la corte un plazo de 48 horas para vincularnos [al programa de protección de testigos del Ministerio del Interior] es el momento en que no nos han brindado nada”. Para ella, la reparación económica ofrecida por el Estado no es la principal de las demandas y necesidades de las víctimas y sostuvo que “buscamos una reparación integral: mientras no haya justicia y no se condene a los autores materiales e intelectuales de esta masacre no va haber una reparación para nosotros, los familiares de las víctimas”.

Sin embargo, las cosas no han sido fáciles para las víctimas, sus abogados y las organizaciones defensoras de derechos humanos que vienen reivindicando la verdad, la justicia y la reparación integral en el caso de La Rochela. El 13 de enero a las 9:30 am, un día después de la rueda de prensa realizada en las instalaciones de Credhos en Barrancabermeja, dos personas encapuchadas en una moto detuvieron a Abelardo Sánchez, integrante de la junta directiva de la organización, en una calle del barrio Torcoroma de esa ciudad y, mientras le apuntaban con un arma de fuego, lo amenazaron para que abandonara la ciudad en menos de 72 horas. De acuerdo con el testimonio de Sánchez, el mensaje del parrillero de la moto era claro: los defensores de derechos humanos debían dejar de “estar denigrando de la Fuerza Pública, que ya tenemos a un hijueputa guerrillero de Credhos encarcelado –refiriéndose a David Ravelo Crespo, sobre quien pesa un proceso con múltiples irregularidades– y si es necesario darle al resto, pues lo haremos para callarlos”.

Por su parte, Luz Marina Hache Contreras, dirigente sindical de Asonal Judicial e integrante del Movice, conmovida con el homenaje y con la voz entrecortada, denunció que masacres como la de La Rochela y otros casos de violación de derechos humanos son comunes en un país donde muchos funcionarios de la Rama Judicial y defensores de derechos humanos son víctimas de la violencia sociopolítica, el montaje de procesos jurídicos falsos que no respetan el debido proceso y la corrupción estructural de un país donde muchas veces la justicia tiene precio para unos y la muerte para otros. Además, hizo mención sobre la necesidad de crear una unidad en la Fiscalía General de la Nación que realice seguimiento y examen a los procesos judiciales que existan en contra de los defensores de derechos humanos, para determinar si realmente tienen fundamento y se respetan las garantías jurídicas y el debido proceso.

Crímenes de lesa humanidad en total impunidad

Respecto a la impunidad reinante luego de 23 años de cometida la masacre de La Rochela, Ludwing Gómez, secretario de derechos humanos de la Unión Sindical Obrera de Barrancabermeja, expresó que es indispensable realizar ejercicios de memoria colectiva como éste en aquellos lugares del país donde se ha “negado la verdad y se han perpetrado diferentes masacres que hoy siguen en la total impunidad […] más sabiendo que en la región siguen patrullando grupos paramilitares y el narcotráfico”.

Hasta el momento, la justicia sólo ha procesado a uno de los responsables materiales de la masacre de La Rochela, pero a pesar de todos los indicios no se han establecido las responsabilidades de militares, políticos, narcotraficantes y terratenientes en estos hechos. Se trata del paramilitar Alonso de Jesús Baquero, alias el ‘Negro Vladimir’, quien fue condenado en 1990 y confesó su participación en el crimen. Según ‘Vladimir’, la incursión paramilitar a La Rochela hizo parte de las actividades para las que el mercenario israelí Yair Klein capacitó a las autodefensas, sirviendo los 19 comerciantes desaparecidos como “material didáctico” en técnicas de tortura y descuartizamiento para un grupo de entre 180 y 200 hombres de la escuela ‘Cero Uno’, que contó con el apoyo incondicional del narcotraficante Henry de Jesús Pérez, la Asociación de Ganaderos del Magdalena Medio (Acdegam) y el conocimiento y complicidad de los generales en retiro Farouk Yanine Díaz, fallecido en 2009; Juan Salcedo Lora, actual presidente  de la Asociación de Oficiales en Retiro (Acore); y Alfonso Vacca Perilla; así como el entonces alcalde militar de Puerto Boyacá, mayor (r) Óscar de Jesús Echandía Sánchez y otros militares pertenecientes al Batallón Bárbula y la XIV Brigada de la Segunda División del Ejército. Adicionalmente, ‘Vladimir’ ha reiterado en sus confesiones a la justicia colombiana la participación del exsenador Tiberio Villareal Ramos en estas alianzas.

Yomary Ortegón, abogada del Cajar encargada del caso de la masacre de La Rochela, afirmó que “sólo hasta el año 2009 estos generales fueron llamados a rendir diligencia de indagatoria y con posterioridad a esta decisión no han existido mayores acciones de impulso procesal ni encaminadas a investigar a partícipes, beneficiarios y a los autores de los hechos. Paramilitares como Henry Pérez y Ernesto Báez no han sido investigados, judicializados ni sancionados por la comisión de la masacre”. Respecto a las situaciones de amenaza y hostigamiento de los familiares de las víctimas, Yomary Ortegón asegura que la CIDH ordenó al Estado colombiano adoptar medidas provisionales de protección en su favor, pero hasta el momento no existen garantías judiciales y de seguridad para las familias de las víctimas, pues “cuentan con un esquema de seguridad muy limitado y no hay medidas para reducir los riesgos de amenaza”.

Al final de la tarde, las delegaciones iniciaron el retorno. Para los familiares de las víctimas, sus abogados y los miles de asistentes, la impunidad sigue reinando en el caso de La Rochela y el aparato judicial no se ha atrevido a investigar y sancionar a los determinadores del horror que vivió el Magdalena Medio a manos de los paramilitares. Para ellos, sólo queda seguir denunciando y luchando porque se haga real justicia, se sepa la verdad y se evite que casos como éste vuelvan a repetirse.

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