Por: Hugo Eduardo Ramírez & Andrés Felipe Otálvaro – enero 18 de 2012
Venezuela, como todos los países latinoamericanos, recibió una pesada y siniestra herencia colonial: el latifundio. Fue a través de las modalidades de la hacienda, destinada por lo general a productos agrícolas como el cacao y el café; y el hato, concentrado en la ganadería, que las élites coloniales perpetuaron su estatus y poder económico. Además, la esclavitud fue una de las condiciones necesarias para el desarrollo de la gran propiedad sobre la tierra, que se define, por lo tanto, como una estructura de terror y violencia.
Tras el heterogéneo movimiento independentista, el latifundio y la esclavitud perduraron en la Venezuela independiente, pese a los ideales de igualdad y libertad pregonados por los líderes patriotas. Los intereses económicos de las nuevas élites políticas así lo decidieron. La esclavitud sólo se abolió formalmente en 1856 y el latifundio sobrevive hasta hoy en día.
En el marco de la Revolución Bolivariana, iniciada en 1999 con la llegada de Hugo Chávez al poder, se libra una particular ‘lucha contra el latifundio’. Esta contienda no es nueva, pues tiene apariciones intermitentes aunque, por lo genera,l débiles y de impacto limitado en la historia del país independiente. Tal fue el caso de lo ocurrido bajo las guerras federales ocurridas entre 1858-1863 y la reforma agraria de 1961. Sin embargo, la lucha actual plantea características especiales. Enunciada con claridad en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario de 2001, la intención pública del Gobierno Nacional de eliminar el latifundio desencadenó una reacción contundente por parte de la oposición. Los grandes terratenientes se unieron, entonces, a la patronal, a la alta jerarquía de la iglesia católica, a los monopolios de la comunicación y a los sindicatos tradicionales para protestar como bloque opositor.
El descontento reaccionario alcanzó su punto más elevado al ejecutar el golpe de Estado contra Hugo Chávez en abril de 2002. Tras el regreso del presidente al poder, el rechazo frente a la posición oficial se ha mantenido. Las tensiones son entendibles, en tanto que el conflicto apunta directamente a la tenencia de la tierra.
La actual polarización venezolana presenta también, dentro de esta lógica, un nuevo movimiento campesino muy entusiasmado y comprometido con la posibilidad de ocupar y trabajar la tierra. La organización campesina más destacada y con mayor número de integrantes es el Frente Nacional Campesino ‘Ezequiel Zamora’. Hasta la fecha 3,5 millones de hectáreas han sido recuperadas y distribuidas legalmente.
La producción sistemática de petróleo venezolano, otra herencia estructural del siglo XX, ha dado forma al actual sistema agrario del país. Venezuela pasó de ser un país agroexportador a ser un país petrolero, lo que no sólo conllevó a un caótico éxodo del campo a la ciudad sino también a un modelo tecnocrático rentista, que derivó en el bajo desarrollo de la agricultura. En este contexto, Venezuela se convirtió en un país importador por excelencia: para 1999 tenía que importar entre el 70% y el 80% de los alimentos que constituian la demanda nacional.
Los efectos negativos de tal estructura económica son claramente visibles en la actualidad agraria venezolana. Pese a los tremendos esfuerzos del gobierno bolivariano para adelantar una reforma agraria, múltiples son los obstáculos que continúan existiendo. En términos generales, una reforma agraria implica, además de la intervención pública y la redistribución de las tierras, un acompañamiento sostenido por parte del Estado. De otra manera, el nuevo campesinado se encontraría impotente ante sus carencias en materia de formación técnica, ausencia de insumos –como semillas, maquinaria y otras tecnologías–, créditos, infraestructura y mejora integral de sus condiciones de vida. A la luz de estas condiciones, distintas iniciativas legislativas y políticas han sido puestas en marcha en la Venezuela de los últimos 12 años.
En este panorama, surgen en 2003 las misiones sociales como base de la nueva estrategia de política social del gobierno bolivariano. Hasta la fecha existen cerca de 37 programas sociales, implementados tanto en las ciudades como en el campo venezolano, cuyo objetivo es atacar los diferentes eslabones de la pobreza a través de la superación de carencias materiales, la satisfacción de necesidades básicas y el fortalecimiento de los derechos sociales. Existen algunas misiones especialmente diseñadas para el campo venezolano, entre ellas la Misión Zamora, que promueve la consolidación de cooperativas agrarias en fundos colectivos socioproductivos –con 82 fundos creados hasta el momento en 22 Estados venezolanos–; así como la Misión Vuelta al Campo, con miras a repoblar el campo venezolano y aprovechar sus capacidades socioproductivas; y la Misión Vuelvan Caras, cuyo foco fue la capacitación técnica y política. El más reciente programa social para el fortalecimiento de la agricultura y el campesinado es la Misión Agro Venezuela, cuyos primeros operativos tuvieron lugar en febrero de 2011.
El conjunto de misiones en el campo se desarrollan, entonces, bajo la dinámica de la lucha contra el latifundio. Su eliminación oficial por medio de expropiaciones no ha sido tan radical en el caso Venezolano como en otras experiencias históricas, como la soviética, la cubana o los mismos intentos de reformas agrarias de los liberales de la segunda mitad del siglo XIX adelantados en Colombia. El gobierno chavista ha apoyado, por lo general, las negociaciones amistosas con los latifundistas, lo cual incluye pagos de cuantiosas indemnizaciones y acceso a créditos para los expropiados. De estos tira y aflojes surge el llamado ‘método Chaz’, a partir de la negociación entre Hugo Chávez y el hacendado Carlos Azpúrua, cuyo desenlace terminó dejando a ambos lados insatisfechos.
A pesar de las nuevas políticas estatales, para el movimiento campesino la lucha contra el latifundio no ha sido cosa fácil. Apoyados por la nueva legalidad y los incentivos gubernamentales, varios frentes sociales, incluyendo colombianos que huyen de la violencia, han emprendido la ocupación de terrenos ociosos.
El criterio para determinar qué terrenos son ociosos también ha sido motivo de largos debates: hasta la fecha no existe un resultado definitivo. En términos generales, se da esa consideración a las extesiones de tierra de grandes proporciones que no están siendo cultivadas de manera adecuada. Interesante es comprender la naturaleza hegemónica y contrahegemónica en que se libra la actual lucha venezolana, en tanto que en la actualidad al principio de la propiedad privada absoluta del terrateniente se le antepone la posibilidad de la propiedad social colectiva de la comunidad.
Algunos terratenientes venezolanos han decidido fortalecer el carácter violento de sus latifundios. Para ello han contratado a paramilitares y sicarios. El resultado es una masacre silenciosa de campesinos que ha dejado 300 asesinatos en la última década, según datos del Frente Nacional Campesino ‘Ezequiel Zamora’ y donde, hasta el momento, ni un solo hacendado o asesino ha sido debidamente procesado. La impunidad ha sido la regla. Varias autoridades estatales, municipales y locales, además de numerosos juristas, legisladores y abogados, continúan sirviendo a los intereses de clase de las tradicionales élites económicas. La justicia de clase es, pues, una de las mayores enemigas del nuevo campesinado revolucionario.
Paralelamente a estas agresivas estructuras económicas, existe un proceso en marcha de empoderamiento, inclusión, educación permanente, desarrollo cultural y organización de los campesinos. El fomento de la producción agraria nacional avanza, pero lentamente. Si bien es cierto que la ganadería se ha robustecido y también ha habido aumentos, aún inestables, en la producción de maíz, arroz, caraotas y de otros cereales y leguminosas, la agricultura y la agropecuaria venezolanas siguen enfrentando desafíos sustanciales, en tanto que los que se busca es alcanzar la seguridad alimentaria del país consignada en la Constitución bolivariana de 1999.
De esta manera, las importaciones de productos alimenticios siguen siendo muy elevadas. Además, los nuevos fundos zamoranos y sus correspondientes cooperativas rurales adolecen también de preparación, disciplina, buena gestión y eficiencia por parte de sus miembros. A esto se suma la corrupción, el clientelismo y el nepotismo de la ‘alta’ institucionalidad venezolana, que se reproduce en los incipientes niveles de construcción institucional del poder popular. El desempeño productivo de los fundos zamoranos es, en todo caso, muy desigual.
La movilización, participación y conciencia política, junto al reconocimiento político institucional y sobretodo simbólico, está presente en el movimiento campesino venezolano. Así mismo, no se pueden desconocer procesos en marcha que toman cada vez más fuerza, como los mecanismos de dignificación y mejoras de las condiciones materiales de subsistencia del productor rural, así como los avances en formación técnica y la autonomía en la toma de decisiones. Sin embargo, aún se presencia en las distintas regiones de Venezuela a un campesinado que sigue siendo débil ante las estructuras de violencia, discriminación e invisibilización de las que históricamente han sido objeto. Los retos, en consecuencia, son enormes. Aún más si tomamos en cuenta uno de los objetivos principales de la nueva Misión Agro Venezuela: convertir al país en una potencia agraria y protegerlo de la actual crisis alimentaria mundial.
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