Por: Camila Ramírez – marzo 6 de 2012
El Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes de Estado (Movice) dio inicio a las jornadas de movilización del 6 de marzo con una rueda de prensa, el lunes 5, en las ciudades de Bogota y Medellín. A pesar de las dificultades, un significativo número de organizaciones sociales se ha sumado a la movilización del Día Mundial de las Víctimas de Crímenes de Estado en Colombia, que este año se realiza para exigir una restitución real e integral de tierras, y para denunciar la alarmante cantidad de asesinatos y amenazas que han recibido los líderes de quienes hoy reclaman las tierras que tomaron por la fuerza los grupos paramilitares.
Respecto a la forma en que se impone el despojo sobre las víctimas, Luis Jairo Ramírez, vocero del Movice, denunció que “en estos dos últimos años han sido asesinados más de 66 reclamantes de tierras” y aseguró que “entre el 2010 y 2011 fueron asesinadas 26 víctimas, la mitad […] en la Costa Caribe”, zona en la que el despojo causado por los paramilitares ha sido mucho más agudo que en otras zonas del país y que ha concentrado la mayor oposición de sus nuevas estructuras contra la restitución de tierras.
El 15 de febrero pasado, la Corporación Nuevo Arco Iris denunció la conformación de un grupo llamado Antirestitución, el cual está operando en los departamentos de Córdoba, La Guajira, Cesar y Magdalena. De la misma manera, según el séptimo informe sobre presencia de grupos narcoparamilitares, presentado por el Instituto de Estudio para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en los 54 municipios escogidos en 2011 para hacer parte del Plan Nacional de Consolidación Territorial (PNCT) se registra hoy una amplia actividad de los ejércitos de ultradercha en 40 de ellos, tres más que los registrados en el primer semestre de 2011.
Iván Cepeda, representante a la Cámara y vocero del Movice, manifestó que harán un llamado al gobierno para que tome medidas necesarias para que haya restitución y se proteja a las víctimas, pues “el gobierno tiene que enfrentarse a la realidad de que hay terratenientes muy poderosos, ganaderos muy poderosos, conglomerados muy poderosos, que están incluso relacionados con el mismo gobierno, que son los que tienen las tierras. No se puede hablar de restitución sin esta realidad”.
Las organizaciones de víctimas también denunciaron las amenazas que ha recibido el líder Fredy Rodríguez Corrales, de la Asociación Colombiana Horizonte (Asocol), quien lidera el proceso de restitución de tierras en la antigua hacienda Bellacruz en el departamento del Cesar. De acuerdo con su testimonio, “el día 25 de enero del presente año, el grupo armado Antirestitución me deja por debajo de la puerta una amenaza, donde dice que soy objetivo militar junto con mi familia y los líderes del proceso”. Además, señaló que después de mucho tiempo de pedir seguridad al Ministerio del Interior, le han dado un escolta, pero que incluso las condiciones para que cumpla su labor son precarias: no tiene un chaleco antibalas, tampoco un teléfono móvil para su comunicación, “no le han dado absolutamente nada, el Ministerio del Interior no ha tomado ninguna decisión respecto al caso”.
Adicionalmente, las amenazas contra los defensores de derechos humanos que apoyan la jornada de las víctimas también se han multiplicado. El lunes 27 de febrero, se recibió por correo en las instalaciones del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo un sobre que contenía una amenaza en nombre de los Comandos Urbanos Los Rastrojos. En el documento, se declaraba como objetivo militar a varias organizaciones y personas que han denunciado a estos grupos paramilitares. Además, el martes 28 de febrero, se llegaron nuevas amenazas a las instalaciones de esta organización, donde se amenaza de muerte a varias personas que ha venido liderado el proceso de restitución.
Por su parte, Iván Cepeda manifestó que es preocupante que el presidente Santos haya dicho que la protesta social de las víctimas está infiltrada por la guerrilla y resaltó que “en 2008, cuando el Movimiento de Víctimas convocó movilizaciones que tuvieron un gran éxito, 6 personas fueron asesinadas porque el gobierno del expresidente Uribe recurrió a señalar que la movilización estaba infiltrada […] le pregunto al presidente Santos si tiene información concreta [… ] y si la tiene, [le exijo] que la haga pública”.
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