Por: Andrés Gómez – abril 25 de 2011
Al menos ciento veintitrés familias campesinas retornaron a la hacienda ‘Las Pavas’, luego de haber sido desplazadas por parte de paramilitares y miembros de la Fuerza Pública. Los campesinos, que habitan la región desde 1930, aducen que retornan por el temor a que las empresas agroindustriales que llegaron en 2007 llenen de cultivos de palma la hacienda que reclaman como suya y que, además, sigan causando desplazamientos y daños en el ecosistema, relacionados con inundaciones y contaminación de las aguas, según denuncias de la Asociación de Campesinos de Buenos Aires (Asocab).
Décadas de ires y venires
Hace ochenta años, colonos que provenían de la Isla de los Mangos y del municipio de San Martín de Loba se asentaron en el corregimiento de Buenos Aires, del municipio de El Peñón en el sur de Bolívar. Sin embargo, en la décadas de 1950 y 1960, se hicieron a los predios diferentes terratenientes que, en 1982, los vendieron a Jesús Emilio Escobar, tío del reconocido narcotraficante Pablo Emilio Escobar Gavirira, dejándolos abandonados en 1995.
Tras el abandono, mujeres descendientes de los primeros colonos comenzaron a cultivar maíz, ahuyama, frijol y yuca en la hacienda Las Pavas, lo que originó que poco a poco retornaran las familias a los predios abandonados. Durante seis años, los campesinos lograron cosechas que les permitían alimentarse y, además, obtener beneficios económicos, pero la llegada en 2003 del Bloque Central Bolívar de las AUC cambió esa prosperidad y tranquilidad por zozobra, por lo que tuvieron que marcharse de nuevo.
En 2005, después de la cuestionada desmovilización paramilitar, los pobladores de Las Pavas volvieron a su región y solicitaron al Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (Incoder) la asignación de las tierras baldías y la entidad asumió la ocupación del predio por parte de los campesinos como el inicio de un proceso de extinción de dominio por abandono de tierras.
No obstante, en ese mismo año, Jesús Emilio Escobar apareció de nuevo y, con él, los hombres armados que desplazaron forzosamente a los campesinos de Las Pavas. En 2007, ya con la hacienda desocupada, el tío del capo vendió ilegalmente las tierras, a pesar de su renuncia por veinte años a la propiedad sobre éstas, y hoy figuran a nombre de empresas de José Ernesto Macías y Alfonso Dávila Abondano (Grupo Daabon), investigadas por el escándalo de Agro Ingreso Seguro.
A pesar de las amenazas, las fuertes inundaciones del río Magdalena en 2008 presionaron a los campesinos a volver. En 2009 levantaron casas de madera en Las Pavas y de nuevo cultivaron la tierra para subsistir. Seis meses duró el retorno: el 14 de julio de ese mismo año fueron desalojados de nuevo, pero no por paramilitares sino por el Estado. El Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional, con gases y golpes, les obligó a marcharse y sus casas, al igual que sus cultivos, fueron quemadas, mientras contaban con la compañía de misteriosos civiles encapuchados que les indicaban el camino, a quienes Asocab señala como reinsertados.
El retorno
El retorno a la hacienda Las Pavas del pasado 4 de abril se realizó en medio de la incertidumbre jurídica. La demanda de los campesinos, interpuesta en 2005 por Asocab, para que sean restituidas sus tierras no falló a su favor, después de años de dilación en el proceso. Ahora esperan que la Corte Constitucional sea la instancia que resuelva sus problemáticas.
Sin embargo, regresan amparándose en el Registro Único de Población Desplazada (RUPD), que certifica que fueron víctimas del desplazamiento, y en la Ley 387 de 1997 con la que “se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia”.
Pero el regreso va más allá del deseo de recuperar las tierras en las que han vivido por generaciones. Para los más de 500 campesinos, asegura Efraín Alvear, vocero de Asocab, se trata de evitar que la hacienda las Pavas se llene de palma aceitera. El vocero de la organización campesina asegura que “cuando estén llenas de palma, nos toca irnos de ahí: el desastre que se está haciendo es peor que una inundación”.
Efraín afirma que los campesinos han evitado que las empresas realicen “malos diques” y otras maniobras que benefician los cultivos de palma pero que secan los humedales, fuente de vida de los ecosistemas de la región. Sin embargo, el daño ya estaría hecho, pues la pesca y los cultivos de pancoger ya se han visto duramente afectados por la desviación de las aguas y por la contaminación de las mismas con agroquímicos, que están matando a los peces de la región.
Por su parte, las empresas palmicultoras proponen a los campesinos trabajar en sus cultivos. El vocero de Asocab afirma que esas compañías se aprovecharon de la situación para convertir a los campesinos en obreros a su servicio, contratando sólo al 20% de la población y dejando a la región desolada. Por cada cien hectáreas de palma aceitera sólo se necesita emplear a una persona para el cuidado de las plantas hasta la cosecha, que puede tardar entre cuatro y cinco años. El líder campesino, de más de sesenta años, asegura que “los colegios se encuentran sin niños, hay colegios que los tienen para meter máquinas, como el Esperanza y Dios. !Es una cosa espantosa!”.
Las más de cien familias afectadas por el despojo de sus tierras regresaron a las Pavas acompañados por decenas de guardias indígenas provenientes del Cauca y por el parlamentario Iván Cepeda, además de delegados de algunas organizaciones sociales. Al mismo tiempo, en Bogotá se realizó un mitin frente al Ministerio de Agricultura y luego frente al Ministerio de Interior, donde se reunían los integrantes de la Mesa Nacional de Garantías, presidida por el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, y a la que asistía el vicepresidente de la República, Angelino Garzón. Allí se presentó el caso y, tanto en la calle como frente a los representantes del Estado, se exigieron garantías para que los desplazados de Las Pavas vuelvan a sus tierras y para evitar que continúen los asesinatos selectivos de campesinos que se organizan para volver a las predios de los que fueron despojados
Las persecuciones continúan
A pesar de la solicitud de garantías para la protección de los derechos humanos de los campesinos, el pasado 13 de abril se presentaron funcionarios de la Fiscalía en la hacienda Las Pavas y, aunque no se identificaron, procedieron a tomaron fotos a todas las familias, asegurando que el procedimiento se realizaba para judicializar a todas las personas que ocupan las tierras de las palmicultoras, por orden del fiscal 39 del municipio de San Martín de Loba (Bolívar), Wilson Antonio Valeta Monterrosa. Según el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y Asocab, las palmicultoras han instaurado denuncias penales ante esta dependencia contra los campesinos Misael Payares Guerrero, Eliud Alvear Cumplido y Etni Torres Moreno, a quienes han acusado del delito de invasión de predios.
Por otra parte, el pasado 14 de abril, Zoraida Hernández Pedraza, presidenta de la Corporación Sembrar, organización que acompaña el proceso de retorno a Las Pavas, fue intimidada en su propia casa por dos hombres que cortaron las líneas de comunicación de la residencia de la defensora de derechos humanos y que posteriormente trataron de ingresar a su residencia por el balcón, siendo detenidos por una de las cerraduras que no pudieron romper y por los gritos de sus familiares, que alertaron a los vecinos.
Los dos incidentes ya fueron denunciados por varias organizaciones defensoras de derechos humanos ante instancias nacionales e internacionales, exigiendo que sean investigadas las acciones de la Fiscalía del municipio de San Martín de Loba y el acoso que están afrontando los integrantes de las organizaciones sociales que trabajan por lograr la restitución de tierras a sus verdaderos dueños: hombres y mujeres que viven de la tierra y por la tierra, y que afrontan, con la terquedad de quien le asiste la razón, los embates de un Estado que favorece la agroindustria del despojo.
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