Por: Andrés Monroy Gómez – marzo 2 de 2012
El reconocimiento del conflicto armado interno por parte del Estado es resaltado por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos como un avance. Sin embargo, el informe del ente internacional para Colombia manifiesta que los esfuerzos emprendidos no tienen el impacto deseado.
El 28 de febrero fue presentado ante defensores de derechos humanos en Colombia el “Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en Colombia” para el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2011. Este informe será presentado formalmente el 21 de marzo ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
Desde el comienzo, el informe señala que, pese a las actividades desarrolladas por el gobierno de Juan Manuel Santos, “los esfuerzos no han logrado el impacto deseado a nivel local”. Agrega, más adelante, que “el continuo alto grado de violencia y la persistencia del conflicto armado interno tienen graves consecuencias humanitarias para la población civil”.
“El presidente Juan Manuel Santos reconoció públicamente la existencia del conflicto armado interno, negado por gobiernos anteriores. Este reconocimiento facilita un diálogo franco y constructivo con la comunidad internacional, permite utilizar términos comunes para referirse a la situación del país y contribuye a la aplicación efectiva de la protección internacional”. Los “gobiernos anteriores” indicados, son los dos periodos del mandato de Álvaro Uribe, quien calificó la situación colombiana como una “arremetida terrorista”, sustentándose en muchas ocasiones con las erráticas hipótesis de su asesor José Obdulio Gaviria.
Panorama de la violencia estatal
A pesar del prudente lenguaje manejado por Tood Howland, representante en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada, el informe no oculta la crisis humanitaria existente, agravada por circunstancias como la corrupción y la impunidad.
En 2011 se registraron hostigamientos, amenazas y detenciones sin adecuada investigación contra defensores de derechos humanos. Por otra parte, la práctica de ejecuciones extrajudiciales no se ha erradicado totalmente: según cifras oficiales, en la Fiscalía se investigan 1.622 casos de homicidios atribuidos a agentes del Estado, que involucran a 3.963 miembros de la Fuerza Pública. En este punto, se recalcó la necesidad de respetar la competencia de la justicia ordinaria en casos de violaciones a derechos humanos cometidas por miembros de la Fuerza Pública.
Sobre los grupos armados ilegales surgidos después de la ‘desmovilización’ de los grupos paramilitares, conocidos como Bacrim, señala el informe que éstos “evitan enfrentarse con la Fuerza Pública y tienen un impacto abrumador en la vida de la población”. Agrega que existen “preocupantes evidencias de complicidad de algunas autoridades locales y miembros de la Fuerza Pública con estos grupos”.
Adicionalmente, a octubre de 2011, figuran en el Registro Nacional de Desaparecidos 16.884 casos que, se presume, se tratan de desapariciones forzadas. Uno de los casos emblemáticos es el de la condena a 35 años de prisión contra el coronel del Ejército Alfonso Plazas Vega por las desapariciones del Palacio de Justicia en 1985.
En cuanto a la aplicación del derecho internacional humanitario, la Oficina en Colombia reiteró su llamado a las partes enfrentadas a respetar el principio de distinción, ya que un alto porcentaje de los combates ocurren en zonas habitadas por civiles, debido a la presencia de instalaciones militares o policiales en esa área.
Silencios sobre la libertad de expresión
La situación de la libertad de expresión en Colombia, salvo una breve referencia a las estadísticas dadas por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), no mereció mayor reflexión en el Informe de la Alta Comisionada. La situación de los periodistas es abordada dentro del literal de “Defensoras y defensores de derechos Humanos”.
Sin embargo, es necesaria una mayor atención, ya que basta una breve referencia a los recientes informes de algunas organizaciones que defienden los derechos de los periodistas para entender la magnitud del riesgo en que está la libertad de expresión en Colombia. La Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper), denunció que en 2011 se triplicaron los intentos de asesinato contra periodistas, aclarando que, aunque los homicidios se redujeron, ”los intentos fallidos de asesinato crecieron en igual proporción, se duplicaron las amenazas, aumentaron los secuestros, el hurto de equipos y destrucción de material y el desplazamiento forzado contra periodistas”. En total, Fecolper documentó 202 casos de agresión contra el ejercicio libre el periodismo, dentro de ellos, 10 situaciones de acoso judicial.
Según Reporteros Sin Fronteras, Colombia es el segundo país del continente con mayor riesgo para la libertad de información. Clasifica al grupo paramilitar Águilas Negras dentro de la lista de “depredadores de la libertad de prensa”. Se le atribuyen amenazas a cinco periodistas y 60 ONG, entre ellas la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper).
Pero, siendo la libertad de expresión un derecho de doble vía, es necesario evaluar su protección y respeto cuando es ejercida por los ciudadanos no vinculados a medios de comunicación. Casos como el asesinato del joven grafitero Diego Felipe Becerra por parte de un patrullero de la Policía merecen un análisis particular, ya que está en juego el efectivo goce del derecho de acceso a la justicia, ya que la vida, libertad de expresión y derecho al honor de Diego Felipe ya fueron vulnerados.
Germán Castro Caycedo, en su libro “Sin tregua”, publicado en 2003, afirmó que “según estudios de varias universidades colombianas y centros de especialistas, en el país cerca del 75% del conflicto se desarrolla en el campo social, económico y político, y un 25% en el campo político. No obstante, quienes manejan el Estado insisten en una solución 75% en el campo militar y menos del 25% en el social y económico”. Esta reflexión resulta aplicable año tras año en Colombia.
P.S.: Mientras termino este artículo me entero de que el Tribunal Superior de Cundinamarca confirmó la sentencia por injuria y calumnia contra el periodista Agustín González. Otro caso de acoso judicial en Colombia.
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