Por: Rafael Rincón Patiño* – noviembre 4 de 2007
Empieza una nueva esperanza en los municipios, departamentos y regiones con los gobiernos elegidos popularmente. Comienza un aire renovado para encarar el mayor desafío del siglo XXI: eliminar la pobreza y el hambre.
Colombia tiene 44 millones de habitantes, de los cuales 19 viven en la pobreza, y el 40.8% del total de la población no tiene asegurados los tres alimentos del día siguiente.
Se trata, ahora, de convertir las promesas y los programas de los candidatos en planes de desarrollo, en calidad de vida, en democracia y en derechos. El mínimo vital, el mínimo social. La ética de mínimos son principios, valores y derechos del Estado social de derecho, son las garantías del derecho fundamental a la dignidad de todas las personas.
Los alcaldes y los gobernadores tienen la obligación de convertir sus dependencias en las dinamizadoras del desarrollo humano integral. Es decir, son actores de primera línea del desarrollo.
Colombia ha constatado, en varios años de crecimiento económico, que la mayor rentabilidad empresarial no significa automáticamente mayor rentabilidad social y que, en muchos casos, el crecimiento económico no genera redistribución per se. La competitividad de muchas empresas radica en el empobrecimiento de sus trabajadores.
Mientras los grupos financieros se enriquecen, las mayorías desaventajadas se empobrecen. Mientras los pobres están lejos de las decisiones públicas, los grupos económicos se apropian de ellas y de las políticas públicas.
En Colombia, las mafias del narcotráfico tienen una alta incidencia en un alto porcentaje de los gobiernos locales y regionales, y ello ha generado el escándalo conocido como la parapolítica. Por otro lado, los grupos económicos financieros se han apropiado de las decisiones públicas, patrocinando gobernantes que pierden su independencia y terminan gobernando en beneficio de intereses particulares y en contra de los derechos. Este fenómeno camina silencioso por los pasillos del Congreso y es condecorado en los salones del Poder Ejecutivo.
Cuando el Procurador General de la Nación, Edgardo Maya Villazón, sale en defensa de los derechos de los trabajadores y pide revocar la reforma laboral, los grupos económicos salen a apoyar el recorte de las garantías laborales y a defender las fallidas leyes que se impusieron en nombre de la generación de empleo.
Los gobiernos han sido capturados por centros de poder privado que extorsionan al poder público con inversiones a cambio de exenciones tributarias, lo que significa de inmediato para los municipios menores ingresos corrientes y, por lo tanto, menos inversión social. Es una modalidad de neocorporativismo que exacciona a las democracias locales.
Los alcaldes enfrentarán la nueva ley de transferencias, que disminuye la participación en los ingresos corrientes de la nación, y enfrentan, también, el sofisma de los ’empleadores’, que dicen crear nuevas fuentes de trabajo.
En nombre de la corresponsabilidad incumplen las obligaciones fiscales, deterioran el medio ambiente y se autocalifican de gente de bien, transparente y honesta. Ellos son los perceptores de la corrupción administrativa, la miden, la califican y están más allá del bien y del mal.
No se consideran autores del desempleo sino sus salvadores, sabiendo que el deterioro del salario lo debe asumir el Estado, es decir, todos los contribuyentes.
Cuando una familia acude a un comedor comunitario es porque existe un particular que no realiza una remuneración digna y, por lo tanto, la tienen que asumir todos los ciudadanos.
Una lucha seria contra la pobreza empieza por ser una lucha planeada, en donde el debate por las prioridades significa ser consecuente con los recursos humanos, físicos y financieros.
Una lucha seria contra la pobreza implica desarrollar la solidaridad como derecho y como deber. Una lucha seria contra la pobreza no genera ventajas ni privilegios para los financiadores de las campañas electorales.
Es obvio, pero hay que escribirlo, los pobres no pueden seguir esperando que caigan las migajas de pan de la mesa del poderoso, tiene el derecho a alimentarse.
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* Director de HáBeas Corpus, consultorio de derechos y gobernabilidad.
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