Por: Camila Ramírez – mayo 16 de 2012
El pasado 15 de mayo, los grandes monopolios informativos anunciaban con gran satisfacción la salida del puerto de Cartagena del primer embarque hacia Estados Unidos de mercancías colombianas sin aranceles. Se trataba de un contenedor con dieciocho toneladas de textiles, cobijadas por la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre los dos países. Mientras tanto, por las calles de Bogotá, cientos de estudiantes, trabajadores, sindicalistas y miembros de organizaciones sociales salieron a protestar contra la puesta en marcha del pacto comercial, que duró ocho años en debate y que sólo beneficiaría a una ínfima minoría de colombianos, a pesar de la quiebra a la que llevará a importantes sectores de la economía nacional.
Según se habían previsto, las protestas contra el TLC se multiplicaron por iniciarse la implementación de ese acuerdo. La más contundente se dio en la Universidad Nacional de Bogotá, donde varios grupos de estudiantes se concentraron en la plaza Che, hacia las 11 am, y realizaron un mitin de rechazo al tratado, por las consecuencias que traerá su implementación en un país con veinte millones de pobres. Después de esto, se presentaron enfretamientos entre estudiantes y policías hasta las 2 pm. El operativo de cuatro tanquetas y más de doscientos hombres del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) empleó gases lacrimógenos y granadas de dispersión contra la protesta, pero los estudiantes se mantuvieron más de dos horas bloqueando el paso por la carrera 30 con calle 45 y luego se replegaron al interior de la universidad. La jornada terminó sin detenidos.
Mientras tanto, en el centro de Bogotá se realizaron mítines y marchas de rechazo al tratado. Hacia las 11:30 am, al menos seiscientas personas se congregaron en la plaza Eduardo Umaña Mendoza y, coreando consignas en contra del TLC, la explotación laboral y la instalación de varias multinacionales en el país, se movilizaron hasta la Plaza de Bolívar, donde se realizó un acto simbólico en el que un grupo de teatro, conformado por mujeres y liderado por la reconocida directora Patricia Ariza, elaboró un mandala con maíz, lentejas, arverjas y tierra de Colombia. A su alrededor, los manifestantes portaban carteles con frases como: “Señores del TLC: este país no se vende”.
Embarcados
Un día antes, también en Cartagena, el Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancoldex) realizó el foro “The Big Leap 2014” (“El gran salto 2014”), en el que estuvieron presentes el ministro de Comercio, Sergio Díaz Granados; el ministro de Transporte, Germán Cardona; el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Luis Carlos Villegas Echeverri, y el responsable de la oficina del TLC, Hernando José Gómez. En el evento, el gobierno y ciertos sectores exportadores resaltaron las bondades del tratado, manifestaron la importancia que para ellos tendría acceder con sus productos al mercado estadounidense con cero arancel e insistieron en la adaptación de la infraestructura del país para agilizar los flujos de mercancías hacia los puertos.
Adicionalmente, gobierno y empresarios promocionaron ante los principales canales de televisión las bondades que traería el pacto comercial, especialmente con las rebajas de precio que esperan de algunos productos importados para el consumidor final, en bienes como tecnología o maquinaria, lo que ha sido cuestionado duramente por distintos economistas y la academia.
Mientras tanto, en Barranquilla hay treinta contenedores listos para exportar, con mercancías de vidrio, carbón vegetal y textiles, y a Buenaventura llegaron 24.000 toneladas de carbonato de sodio que esperan el momento de llegar a alguno de los diecinueve puertos que Estados Unidos autorizó para la recepción de los productos cobijados por el TLC. A Miami, por su parte, ya llegaron 4.000 cajas de flores cultivadas en la sabana de Bogotá por trabajadores que llegan a tener que trabajar durante doce horas al día para adornar, con uno de los principales productos de exportación colombianos, las casas de los estadounidenses y que hoy se preguntan qué provecho traerá para ellos el nuevo pacto comercial.
Para Héctor León Moncayo, economista y vocero de la Red Colombiana de Acción Frente al Libre Comercio (Recalca), “hay sectores de los que llamamos ‘agricultura comercial colombiana’ que se van a ver afectados inicialmente. El maíz, por ejemplo, se va a ver afectado por las importaciones de Estados Unidos y eso va a conducir a que la tierra cambie de uso hacia otras posibilidades. También puede presionar a que muchos sectores campesinos se vean obligados a migrar a la ciudad”.
El presidente Juan Manuel Santos, en sus declaraciones, no ha comentado al país las verdaderas consecuencias que traería el TLC. Al contrario, se mantiene en que el acuerdo traerá estabilidad, oportunidad y prosperidad laboral. En ese mismo sentido, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz Granados, afirma que se espera la creación de 500.000 nuevos empleos, aunque no ha especificado los sectores donde surgirían, el orígen de los capitales que los crearían, las condiciones en las que se crearían ni las garantías para los trabajadores que accedan a ellos, por lo que muchos sectores han calificado esta proyección como demagógica.
Héctor Moncayo manifestó que, por ejemplo, “en el sector de los agrocombustibles, particularmente la palma aceitera, se sabe que los empleos que se generan son empleos de corto plazo. Pueden haber empleos para la siembra, pero este cultivo es de rendimiento lento. Después, para el mantenimiento de las cosechas ya el empleo es mucho menor, la ilusión de creación de empleo en esos sectores es claramente una ilusión”.
TLC en medio de la corrupción
Para la implmentación del TLC se hace necesaria la la construcción de megaproyectos viales que garanticen la salida de mercancías y materias primas hacia Estados Unidos. El gobierno ha anunciado la inversión de $6 billones de pesos este año y $18 billones hasta 2014 para la construcción de nuevas vías y reparación de las antiguas.
Sin embargo, la construcción de esta infraestructura vial está cruzada por escándalos de corrupción sin precedentes que, desde el final del gobierno Uribe, han venido genrando importantes cuestionamientos sobre la manera en que se adjudican los contratos para la implementación de las obras y sobre la forma en que se usarán los enormes recursos públicos destinados a estas obras por parte de los contratistas privados.
Tan sólo la Ruta del Sol, uno de los proyectos viales de mayor importancia para el gobierno y que busca unir a Bogotá con la Costa Atlántica, tiene proyectado un costo de 2.500 millones de dólares y ya se ha visto salpicado por importantes escándalos de corrupción que están siendo objeto de investigación por los entes de control.
Aún así, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) ha anunciado la construcción de más de 6.000 km de nuevas vías, que se entregarían a empresas privadas, completando 11.000 km en el sistema de concesiones. Adicionalmente, se están implementando planes de ampliación portuaria y de mejora de la navegabilidad del río Magdalena para el transporte de mercancías, con el diseño del nuevo terminal fluvial de Andalucía, en Gamarra (Cesar).
Ninguna de las entidades y funcionarios responsables ha tocado el tema de los daños ambientales que causarán estos megaproyectos ni de las responsabilidades que asumirían las empresas trasnacionales ante los impactos en ecosistemas y comunidades rurales por la construcción de toda esta infraestructura.
¿Quién se quedará con las dichas?
Quienes se beneficiarán de estos megaproyectos y de las nuevas condiciones ofrecidas por Colombia para la inversión con el TLC serán las grandes multinacionales, cadenas de supermercados, grandes monopolios y los más grandes empresarios del país y Estados Unidos, que con el acuerdo han inclinado la balanza a su favor, perjudicando a los más pobres de Colombia.
Según diversos analistas, el sector agrícola será el más afectado, pues los lácteos, el pollo, el algodón y el arroz local tendrán graves dificultades para enfrentar la competencia con los productos importados desde Estados Unidos. De acuerdo con Héctor Moncayo, “muchos jornaleros agrícolas se van a ver atraídos o les van a ofrecer como alternativa otro tipo de cultivo, pues por ejemplo se piensa que en la altillanura del Orinoco se va a empezar a sembrar caña de azúcar o incluso algunos dicen que soya y maíz”.
Rechazo, a pesar de implantación del tratado
Las organizaciones sociales congregadas en el Congreso de los Pueblos, la Marcha Patriótica, Comosoc y otras plataformas han venido señalando que, con la implementación del TLC las luchas sociales que están surgiendo cobran un valor especial, pues los derechos de amplios sectores de la población chocan de forma directa contra los intereses de las grandes multinacionales. En este sentido, Moncayo asegura que “el país entrará en un periodo de ingobernabilidad por una razón: poco a poco se van a ver los resultados de esta política económica, se va a comenzar a implementar, sector por sector, una serie de leyes, de normas, de medidas administrativas que van afectar [a distintos] sectores sociales”.
Adicionalmente, el analista económico insistió en la necesidad de unir las luchas sociales y en que “hay que evitar la sensación de pesimismo y resignación: para mucha gente ya no hay nada que hacer, ya se aprobó, ya entró en vigencia. Yo creo que […] no sólo hay oportunidades de lucha sino que, de manera inevitable, van a resultar nuevas luchas que van a encontrar relaciones similares en otros países de Latinoamérica, es decir, que continúa la pelea contra este tipo de políticas y tratados”.
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