Abril 5 de 2008
Los indígenas del Cauca han sido golpeados históricamente: primero, por la invasión española que, como en ningún otro punto de la geografía colombiana, se adueñó de tierras, cultura, habitantes y fuerza de trabajo; y, en pleno siglo XXI, porque siguen siendo víctimas no sólo de la violencia que vive el país sino también del Gobierno Nacional en cabeza de Álvaro Uribe Vélez, quien, a través de su política de Seguridad Democrática, los trata igual que a delincuentes cuando ellos llaman su atención para que cumpla con los acuerdos incumplidos respecto a la adjudicación de tierras a sus comunidades.
La lucha por recuperar lo que desde los primeros tiempos fue de ellos y de sus familias, y que fue arrebatado mediante el uso de la fuerza, los engaños o las presiones, se hizo más fuerte hace 18 años cuando los indígenas de las comunidades del resguardo de Kisgó en Silvia (oriente del Cauca), decidieron recuperar el predio Los Remedios, que estuvo en manos del confeso narcotraficante Gilberto Rodríguez Orejuela, tierras que, por ese entonces, estaban en proceso de extinción de dominio y quedarían en manos del Estado.
Lo que las comunidades indígenas realizan cuando llegan en comunidad a un predio es limpiarlo, ocuparlo y llenarlo nuevamente de sus propias energías indígenas, con el fin de que vuelva a ser productivo y apto para la vida que necesitan proteger. A estas acciones los terratenientes, los representantes de las multinacionales y el propio gobierno lo llaman invasión de la propiedad privada.
Sin embargo, la ocupación de las tierras no se hace sin razones ni motivos: se desarrolla porque, tras las múltiples solicitudes por las vías consagradas en la Constitución, las comunidades no son escuchadas y, más aún, son presionadas para que no continúen con sus reclamos.
En el caso del predio Los Remedios, desde 1989 se inició la lucha por recuperarlo pero aún continúa en manos de los familiares de Rodríguez Orejuela, quienes, según la Ley, no tendrían derecho a esas propiedades que entraron en extinción de dominio. De acuerdo a uno de los indígenas que espera la entrega de las tierras para ubicar a su familia desde hace varios años, esto demuestra que “la justicia es para unos y no para los que están al lado del poder”.
Como éste hay muchos casos: los favorecidos siempre son quienes dicen dicen ser los propietarios, entre los que se destacan grandes terratenientes y ganaderos representados por la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Cauca (SAG). En el pasado Consejo Comunitario, realizado por Uribe Vélez en Popayán el 15 de marzo de este año, la presidenta de esa agremiación, Isabela Victoria Rojas, afirmó que “los indios entran a las fincas, dañan los cultivos y matan sus toros, y nadie los judicializa”. Ante esto, el primer mandatario colombiano, quien según la Constitución es el encargado de resolver los problemas sociales de la mejor manera, sin pensarlo mucho, tomó posición al lado de los grandes e indicó que “las autoridades militares y de policía quedan autorizadas para ofrecer recompensas por estos casos y facilitar la judicialización” de los líderes indígenas, de acuerdo a lo registrado por RCTV y trascrito por miembros del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC.
Ante esta ejemplar muestra de cómo los poderes del Estado colombiano determinan acciones para resolver problemas sociales al mejor estilo de viejo oeste y atendiendo a la obsesión última de Uribe de entregar recompensa por todo: por cabeza, por quien delate, por quien entregue –así sea que entregue la mano de otro ser humano–, por quien asesine.
Pero, lo más grave de esta situación es el nivel en el que ubica a los indígenas, a quienes trata como a unos delincuentes más. Al ofrecer recompensas y anunciar represalias, al contrario de resolver un problema y atender una necesidad vivida no sólo en el Cauca sino en varias regiones de Colombia, como es la distribución de la tierra, se están violando los derechos humanos y los derechos sociales de un gran sector de colombianos.
Las consecuencias de aquellas soluciones gubernamentales no se hicieron esperar: 5 días después, miembros de la Fuerza Pública y civiles armados no identificados recibieron con disparos a un grupo de indígenas que participaba en el proceso de liberación de la Madre Tierra en el municipio de Silvia, según lo denunciaron miembros del CRIC en el oriente caucano.
No obstante, éste no es el primer antecendente durante el presente año de situaciones: en enero de este año se registró el asesinato de tres comuneros indígenas a manos del Ejército Nacional. Los hechos ocurrieron cuando miembros del Batallón de Alta Montaña No. 4, el día 30 de enero de 2008, en el sitio denominado la Chulica, ubicado entre los resguardos indígenas de Kizgó y Ambaló del Municipio de Silvia, dispararon contra los comuneros indígenas Robert Heler Astaiza, del Resguardo de Kizgó; y Luís Carlos Otero Velasco y Elías Pechené Pillimue, del Resguardo de Ambaló, presentándolos posteriormente, ante la opinión pública, como guerrilleros dados de baja, según lo denunciaron miembros de la organización Cotaindoc, quienes sostuvieron categóricamente que los indígenas eran personas conocidas y trabajaban en la comunidad.
En este contexto, donde existen problemas no sólo sociales sino de orden público, que se fusionan en la afectación a las comunidades, preocupa a las autoridades indígenas locales y nacionales, reunidas en la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), el riesgo de que se puedan registrar hechos como desapariciones, asesinatos, torturas, amenazas y desplazamientos masivos en determinados territorios.
El tema del acceso a la tierra, principalmente para los indígenas que han sido desplazados desde el sector de Tierradentro, debido a los desastres naturales generados por la avalancha del río Páez, hacia el municipio de Silvia y que son los mismos a quienes recibieron a bala el pasado 20 de marzo, es sólo un escalón más en esa larga trayectoria de procesos indígenas por recuperar la Madre Tierra que adelantan desde hace casi 30 años en el Cauca, tiempo en el cual los gobiernos no han brindado soluciones reales, han incumplido acuerdos y, últimamente, proponen judicializar y ofrecer recompensas por la cabeza de los líderes indígenas.
Las autoridades indígenas del Cauca han solicitado al Gobierno Nacional rectificar ese discurso que lleva a que los indígenas queden sindicados y señalados como delincuentes sólo por el hecho de estar reclamando sus derechos, que, en cambio, se reactive la comisión mixta en los términos del Decreto 982 de 1999 y se facilite una audiencia con el presidente, a fin de que él asuma el debate propuesto con presencia de delegados internacionales. De la misma manera, consideran al presidente de la República y al Estado colombiano como principales responsables de cualquier hecho que atente contra integridad física y territorial, así como contra la convivencia y pervivencia de los pueblos, comunidades y autoridades tradicionales indígenas.
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