Por: Tatiana Roa Avendaño y Jessica Toloza * – noviembre 5 de 2012
Aunque bajo los indicadores económicos convencionales García Rovira es considerada como la región más pobre del departamento de Santander, sus pobladores saben que su Provincia es una de las más ricas de esa zona del país. Ellos saben que pocos pueden darse el lujo de disfrutar de las cristalinas aguas que descienden desde sus páramos, que pocos tienen tanta riqueza de experiencias agroecológicas que les proveen de ricos y sanos alimentos. Saben que su cultura es fuerte y se enorgullecen de ella.
Su quebrada geografía deja ver la fuerza de la tierra que levantó impresionantes cuchillas mirando hacia el cielo azul, que, sumadas a la hermosa colcha de retazos de variados verdes que dibujan los minifundios y microfundios campesinos, han demarcado unos ricos paisajes que nadie se cansa de contemplar. El paisaje parece haber forjado también su carácter recio pero amable entre los pobladores.
García Rovira ha sido también una región de gente luchadora. Aún se recuerda la importancia de las luchas del movimiento campesino en los años 80, liderado por la Anuc-UR, cuando la provincia realizó las marchas campesinas del nororiente. Dos décadas después de haber sido asesinados Valentín Bastos y Martín Calderón, los líderes más emblemáticos de este proceso, se recuerda con aprecio su rol en esta movilizaciones, que demandaban al Gobierno Nacional obras e inversión social para una región rica pero olvidada.
La bravura de su pueblo quizá sea una herencia de sus ancestros, los pueblos chitareros y laches, que en la época de la Conquista española expulsaron varias veces a los ibéricos que les habían despojado de sus tierras. Málaga fue incinerada por los aborígenes en un par de ocasiones. Su lucha en la defensa del territorio los llevó hasta su exterminio.
Más recientemente, en la década de los noventa, la gente cerritana se levantó contra la explotación carbonífera que amenazaba su gran patrimonio, el páramo del Almorzadero. Luego de más de veinte años de un trabajo incesante, los cerritanos han logrado construir un consenso social de oposición a la minería no sólo en su municipio sino en todos los 12 municipio de la provincia.
Todos estos antecedentes enmarcan la valerosa lucha que ha dado la gente de Molagavita, San Andrés y Cepitá. Su proceso se constituye en un ejemplo de resistencia y trabajo mancomunado articulado en la defensa de su gran riqueza: la laguna de los Ortices. Desde hace más de un año que estas comunidades han reiterado su autonomía sobre el territorio por sobre los intereses de la industria petrolera, que avanza incesante sobre las zonas andinas de Colombia.
El proyecto sísmico
La exploración sísmica que se adelanta en esta región hace parte del proyecto Sísmico Línea Transandina 4B 2D/ 09, financiado en alrededor de USD 20 millones por el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) a la Agencia Nacional de Hidrocarburos(ANH) para la búsqueda de hidrocarburos y otros minerales.
El tendido de la línea sísmica de 254 km que adelanta la empresa Unión Temporal Perforaciones 2010 atraviesa a Santander de sur a norte y, también, afectará a municipios de los departamentos de Boyacá y Casanare. De acuerdo a un comunicado de la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, los municipios afectados por el proyecto sísmico son Piedecuesta, San Andrés, Cepitá y Molagavita en Santander; Covarachía, Tipacoque, Boavita, La Uvita, Chita y Sacama, en Boyacá; y Támara, Pore, Nunchía, San Luis de Palenque, y Orocué, en Casanare.
La sísmica en las regiones andinas colombianas viene avanzando a zonas nunca imaginadas, como resultado de un auge en la exploración hidrocarburífera y minera que han venido promoviendo los últimos gobiernos, que han venido buscando profundizar el modelo extractivista, poniendo al servicio de la inversión extranjera las riquezas mineras del país y amenazando el patrimonio natural de las y los colombianos.
Los ‘zanahorios’
En octubre del año anterior, cuando llegaron los ‘zanahorios’ –apodo que le otorgaron los campesinos a los trabajadores de la sísmica por su uniforme de color naranja– nadie imaginó que éste sería el comienzo de una grave amenaza para su territorio. Les dijeron que no se preocuparan, que ellos sólo querían tomar unas ‘fotografías’ del subsuelo, pero los hombres naranja de la empresa sísmica nunca señalaron la forma como estas imágenes serían realizadas y, por esta razón, el campesinado de la región no pudo imaginar que ello requería generar explosiones en el subsuelo para generar ondas que serían registradas en cartas que luego deberán interpretar los geólogos.
Los ‘zanahorios’, que sólo respondían con evasivas a las preguntas de la comunidad, empezaron a generar sospechas por la gran movilización de vehículos, personal y equipo. Este evento disparó las alarmas en la comunidad, a la cual se le mentía sobre el verdadero trabajo que hacían estos hombres en la región.
Los hombres naranja, que llegaron por montón y se hospedaron en casas que rentaron en los cascos municipales, venían de varias partes del país, incluso algunos campesinos fueron contratados en la misma región. Los trabajadores circulaban en camionetas por las precarias carreteras, agudizando el mal estado de las mismas y afectando así el pacífico ambiente que se respiraba antes de su llegada.
Con la empresa sísmica también llegó el Ejército, quienes, según los mismos campesinos, venían resguardando los lugares donde se almacenaban los explosivos y brindando protección a los trabajadores de la empresa.
La cosa empezó a pasar de castaño a oscuro.
Empieza la organización
La gente de los alrededores de la laguna, en muestra de defensa del territorio, se empezó a organizar al notar que la ‘toma de fotografías’ por parte de la empresa de exploración no era tan inofensiva como lo habían advertido sus funcionarios. Las sospechas de que la situación merecía atención empezó cuando los obreros de la sísmica se adentraron en las montañas para realizar trochas que, en algunos casos, superaron el metro y medio que autoriza la Ley y cuando, día a día, se iba poniendo más grave la cosa. Un día cualquiera, los trabajadores petroleros llegaron con compresores, cables, taladros, mangueras, explosivos y químicos. Los taladros empezaron a penetrar las entrañas de la tierra: el ruido y el movimiento de trabajadores por esas tranquilas montañas perturbó la placidez de ese bello lugar y, peor aún, las perforaciones se estaban haciendo en la zona alta, donde están los acuíferos que alimentan la laguna de Ortices. No era difícil para los campesinos imaginar que estas perforaciones y las explosiones que pretendían hacer en el interior de la tierra no sólo podrían afectar las fuentes de agua sino también algunas viviendas de la región y los bosques de robledales que allí existen.
La gente empezó a demandar mayor información a la empresa, pero la respuesta de ésta fue que ellos ya habían hecho una consulta con algunos habitantes del sector. Los pobladores de la laguna cuentan que en realidad nunca se produjo una reunión formal entre la empresa y la comunidad, y sólo recuerdan un día en el que, luego de misa, la empresa les invitó a seguir para socializar el proyecto, asistiendo tan sólo siete campesinos de un total de casi mil personas que habitan en la zona afectada por el trazado de la línea sísmica.
En febrero de 2012, las comunidades empezaron a demandar mayor información a las autoridades locales y departamentales, que nunca atendieron sus requerimiento. El 25 del mismo mes, 60 personas de la comunidad advirtieron a las autoridades militares y de policía el peligro que las comunidades, y en especial los niños, corría por el manejo de los explosivos de la empresa sísmica. También solicitaron en esa ocasión que los explosivos fueran retirados. La presión de la comunidad obligó a que el 1 de marzo se realizara un consejo de seguridad en el municipio de San Andrés, en el que participaron miembros de la Policía Nacional, la Alcaldía y la Personería del municipio, la empresa Unión Temporal Perforaciones 2010 y seis delegados de la comunidad.
El 11 de marzo, en la casa cural de Molagavita, 300 campesinos de la región expresaron su rechazo rotundo al programa de sísmica que ya empezaba a provocar conflictos en la provincia. Al evento fueron convocados la alcaldesa municipal de Molagavita, la personera municipal, los concejales, la empresa Unión Temporal Perforaciones 2010, organizaciones ambientalistas, organizaciones defensoras de los derechos humanos y la comunidad en general. Nuevamente, se insistió en la suspensión inmediata y cancelación del proyecto sísmico y se acordó participar en la audiencia pública informativa sobre proyectos de exploración y explotación de minerales e hidrocarburos en la provincia de García Rovira que se realizaría el viernes 16 de marzo en la sede Málaga de la Universidad Industrial de Santander. A Málaga llegarían los históricos defensores del páramo, los activistas y los defensores del agua de Santurbán, porque la lucha por el agua en Santander es una sola.
Es tanta la presión de la comunidad para detener el proyecto sísmico que la Asamblea Departamental de Santander acordó respaldar a la comunidad y demandar, en julio, a la Agencia Nacional de Hidrocarburos la suspensión del proyecto, porque “dicho programa de sísmica se desarrolla en un ecosistema estratégico del municipio y el Departamento de Santander, situación que genera expectativas de propiciar en el futuro el desarrollo de proyectos mineroenergéticos que causen impactos ambientales considerables y que vayan en detrimento de las condiciones actuales de este sector geográfico de preponderancia e importancia del medio ambiente local y regional”, como señala la comunicación emitida por esa corporación.
El 13 de agosto se dieron cita en la laguna de los Ortices los miembros de la Asamblea Departamental, el gobernador Richard Aguilar, autoridades locales y representantes de todas las fuerzas sociales de la región. Estratégicamente, el gobernador Aguilar buscó distraer la atención del evento convocado por la comunidad con el único propósito de discutir sobre el proyecto sísmico y se dedicó a ofrecer computadores a los niños campesinos que le hicieran esta solicitud en perfecto inglés, acallando las intervenciones y ofreciendo proyectos de desarrollo para la región con el único propósito de evitar el debate sobre el tema petrolero. Pretendía, con ello, distraer la reunión para dejar a un lado los reclamos del campesinado.Sin embargo, la comunidad ignoró la estrategia del gobernador y, a su retiro, continuó la reunión, porque sabe que es un momento para fortalecer su organización, sus alianzas con los defensores del agua del departamento y del país, y que no es momento de bajar la guardia.
Las y los campesinos del corregimiento La Laguna; las comunidades de veredas como Toma de Agua, El Purnio y Alto de la Cabrera, de Molagavita; y algunos sectores del municipio de Cepitá tienen claro lo que están defendiendo: el agua es para ellos algo que no se puede cambiar ‘por unas cuantas monedas’, como ellos mismos dicen. Estos afluentes, que se desprenden desde la montaña, benefician no sólo a las comunidades de la región sino a muchas otras que viven más abajo y se surten de las aguas que se desprenden de la laguna o de la montaña.
Los campesinos de la provincia de García Rovira no tuvieron más remedio que expulsar de su territorio a los elementos no deseados y desenterrar varias cargas explosivas que ya habían sido plantadas en varios puntos a lo largo de la línea sísmica. Éstas representaban un verdadero peligro para la comunidad, ya que habían sido instaladas muy cerca a fuentes de agua, viviendas, laderas con más de 60 grados de inclinación y zonas de bosque.
Hoy en día, con la ayuda de varias organizaciones y líderes regionales, y, sobre todo, con la tenacidad que caracteriza a esta comunidad, continúan trabajando en el fortalecimiento de las juntas de acción comunal en la divulgación de su problemática y en una resistencia sin tregua a la devastadora locomotora minero energética que ha querido arrebatarles su tranquilidad y su territorio.
El campesinado de García Rovira nos continúa enseñando que sólo a través de acciones coordinadas es posible enfrentar los intereses y el poder de estas empresas, y así garantizar la permanencia en el territorio. Éste es un ejemplo más de las luchas que cada día están emergiendo en este país.
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Loca motora minero energética, viene embestida de furia destructora de la flora, fauna y las comunidades campesinas. Es hora de detener semejante arrasamiento, mediante la denuncia nacional e internacional, la organización y movilización de las comunidades afectadas.