Por: Carlos Julio Díaz L.* – noviembre 5 de 2012
La propuesta de Reforma Tributaria, recientemente presentada por el gobierno a discusión del Congreso, parte del falso supuesto –ya probado como falso en Colombia– de que para generar empleo se necesita reducir los costos laborales y las cargas impositivas al capital.
El gobierno de Santos le da continuidad a la política del gobierno anterior de zonas francas, donde el impuesto de renta pasa del 33% al 15%, lo que sólo ha beneficiado a las grandes empresas. También mantiene las rebajas tributarias y laborales, las cuales hasta el momento no han tenido incidencia alguna en la creación de empleos, pero sí en el aumento de las utilidades de las empresas.
Es cierto que la inversión respecto al PIB ha crecido en Colombia, pero lo que no puede demostrarse es que ésta obedezca a la ola de gabelas tributarias y beneficios laborales que se vienen dando, pues los sectores que la jalonan, minero energético y finanzas, son de tan alta rentabilidad y ocupan tan poca mano de obra que, probablemente, sin estos favores su inversión se hubiera dado igual.
La teoría económica indica que existe una relación positiva entre la inversión, las variaciones del producto y un aumento en la cantidad de personas ocupadas. Pero para que la inversión, entendida como expansión del aparato productivo, impacte en el empleo, debe orientarse hacia las industrias de transformación que, al agregar valor, crean mayor riqueza. Mientras el sector minero energético, que constituye el 8% del PIB, genera el 1% del empleo (200.000 ocupados); el sector manufacturero, que representa el 12% del PIB, genera el 12% del empleo (2’500.000 ocupados). Ésta es la razón por la cual la inversión en Colombia impulsa un crecimiento sin empleo.
Para que la inversión crezca se necesitan dos condiciones: la demanda y la rentabilidad.
Para que la demanda, o sea la capacidad de compra de los salarios de la población trabajadora, se fortalezca se necesita una política pública de trabajo decente, que no es otra cosa que trabajo estable, con derechos, seguridad social y buenas remuneraciones. Si se quiere que mejore la rentabilidad, el Estado debe centrarse en mejorar las condiciones a los sectores generadores de mayor ocupación. Pero, ¿de qué depende la rentabilidad? De la productividad, que se asocia a temas como infraestructura, investigación, ciencia y tecnología, formación profesional, y de las tasas de interés, la tasa de cambio y los precios de la energía y la gasolina.
Como se ve, no es mucho lo que el Estado viene haciendo para promover una inversión generadora de empleo. Desde hace más de 20 años, la política laboral ha sido contraccionista en materia salarial y de derechos, y la rentabilidad del sector industrial se ha visto afectada negativamente por la deficiente infraestructura, por la pobre calidad de la investigación y la educación, por las elevadas tasas de interés, la revaluación y por los altos costos de la energía eléctrica y del precio de la gasolina. Si no se revisa esta política no tendremos inversión generadora de empleo.
En la exposición de motivos del proyecto de Reforma Tributaria se dicen cosas como que ésta “tiene como principal objetivo la generación de empleo y la reducción de la desigualdad […] también mejora la competitividad de nuestras empresas, especialmente aquellas que utilizan intensivamente la mano de obra, para que continúen creando empleo”.
Para generar empleo, según el proyecto de reforma, el impuesto de renta de las empresas se reduce del 33% al 25% y se reducen los costos prestacionales en 13,5% (8,5% de los aportes a salud, 3% de los aportes al ICBF y 2% de los aportes al SENA), los cuales se reemplazarán por una sobretasa del 8% para financiar una parte de lo que se financia con estas contribuciones parafiscales.
¿Qué va a pasar contable y tributariamente? Por cada $100 de ahorro en costos laborales se va a presentar un crecimiento igual en las utilidades antes de impuesto de las empresas. Por cada $100 de mayor utilidad que tengan las empresas van a pagar un impuesto del 33% (25% de renta más 8% de la sobretasa). Esto significa que de cada $100 que hoy paga la empresa para financiar la salud, al ICBF y al SENA, con la reforma pagará $33. Es decir, los presupuestos del régimen contributivo en salud, de Bienestar Familiar y del SENA se van a recortar en un 70% aproximadamente.
¿Hay garantías de que el presupuesto faltante lo va a colocar el gobierno vía presupuesto general de la nación? Aumentar las utilidades de las empresas, debilitar la formación profesional, no reactivar la demanda, no mejorar la productividad y dejar intacto los altos costos financieros no sólo no va a generar empleo sino que va a incrementar la desigualdad.
El proyecto de reforma también se propone incrementar la tasa efectiva de tributación de las personas naturales de altos ingresos, pero a su vez pretende poner a tributar a aquellas con ingresos desde $2’300.000. ¿No es esto imponer mayores cargas tributarias a la exigua clase media colombiana? ¿Así se genera equidad?
La estructura tributaria colombiana es bastante inequitativa. Cada reforma que se ha hecho ha disminuido los impuestos directos y aumentado los indirectos que son regresivos. En los ingresos tributarios del 2011 el impuesto de renta representó el 5,4% del PIB, mientras que el IVA representó el 5,7%. ¿Esta reforma resuelve esta inequidad tributaria? No, y probablemente la profundice.
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* Director del Departamento de Salud y Seguridad Social de la CUT Antioquia.
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