Por: Juan Diego García – junio 13 de 2008
El senado de Bolivia ha aprobado la realización de un referendo revocatorio que afecta al presidente Evo Morales, al vicepresidente García Linera y a los gobernadores de los departamentos. La propuesta fue hecha por el propio Morales hace medio año, pero la oposición congeló esa iniciativa en espera de una ocasión propicia a sus intereses. La supuesta victoria del referendo de Santa Cruz parece indicar el momento y ahora el país entrará en un proceso muy agitado y con inciertas perspectivas. La oligarquía boliviana confía en sacar a Morales del poder, pues si el referendo le es adverso, el presidente tendrá que convocar a nuevas elecciones. Aunque la figura jurídica que permite revocar el mandato de un gobernante es común en todas las legislaciones, en la práctica apenas se utiliza y los políticos hacen de las suyas en cuanto llegan al gobierno. Ya es un lugar común que las promesas se incumplen y que las responsabilidades políticas no se asumen.
En Colombia, por ejemplo, se decía hace unos años que ‘nadie se quema en política’ como resultado de sus errores. Era necesario que al político lo declararan loco o ladrón, algo que –visto lo visto– dejó de ser significativo hace tiempo, pues la poca salud mental o la escasa honradez de los que gobiernan ya no es motivo de alarma. Si apenas ocurre algo cuando los gobernantes aparecen vinculados a tramas tan siniestras como el paramilitarismo y el narcotráfico, estar loco o ser poco delicado con el manejo de los dineros públicos hasta resulta un pecado menor. Los actuales acontecimientos de la llamada ‘parapolítica’, que tienen a buena parte de la bancada parlamentaria de Uribe Vélez en la cárcel no parecen ‘quemar’ al belicoso presidente colombiano, al menos en apariencia. Nadie descarta, sin embargo, un vigoroso movimiento cívico que ponga fin al proceso de degradación moral que afecta tan de lleno al gobierno, a sus partidos y a las bases sociales que le sustentan.
La salida de presidentes ladrones o locos ha ocurrido en años recientes en Latinoamérica, pero no mediante un referendo en que la
población exprese su descontento sino tras revueltas ciudadanas que han asumido la forma clásica de una huelga general de carácter pacífico aunque, como siempre, no ha faltado la cuota de muertes que por costumbre se cobra al pueblo por parte de las fuerzas armadas y de policía. Así acontece en Argentina con el sr. De la Rúa, defenestrado después de saquear los ahorros de la clase media y conducir al hambre a uno de los países con más recursos en alimentos del planeta. Hechos similares sacaron de la presidencia de Ecuador a varios gobernantes felones y poco cuerdos, por decir lo menos –uno de ellos presentaba evidentemente indicios de una esquizofrenia aguda, que le mereció el apodo popular de ‘el loco’–; o precisamente en Bolivia, donde una insurrección popular expulsó al exilio a un multimillonario inepto y corrupto que piensa en inglés, habla con marcado acento gringo y que dejó tras de sí una buena cantidad de manifestantes ultimados por las ‘fuerzas del orden’.
El único precedente de un referendo limpio y transparente ha ocurrido en Venezuela. El presidente Chávez sometió su mandato al voto popular y obtuvo una respuesta a su favor por encima del 60% del electorado, a pesar de los millones de dólares que invirtió el gobierno de Estados Unidos en su contra y de la campaña de acoso y derribo de la oligarquía local, potenciada a nivel mundial por los grandes medios de comunicación.
El turno es ahora para Evo Morales. Será una cita trascendental para medir fuerzas y dar nuevos impulsos al proceso reformador emprendido por el abanico de organizaciones políticas y sociales de la Bolivia pobre que han llevado al indígena Morales a la Presidencia de la República, en abierto enfrentamiento con una elite racista, depredadora y mediocre que ha saqueado las arcas públicas desde siempre, ha entregado las riquezas del país a las empresas multinacionales a precio de ganga y ha gobernado con mano de hierro, registrando el dudoso honor de tener el mayor número de golpes de Estado de todo el continente y de convertir a esa inmensa mina de recursos naturales en el segundo país más pobre de toda el área, después de Haití.
La cita será en agosto. Morales da una lección de respeto a las reglas de juego democrático, precisamente, a una oligarquía muy levantisca, que mira a la población indígena mayoritaria con desprecio y odio, y que tan sólo cree en las elecciones cuando les son favorables, pero está dispuesta a movilizar a los cuarteles cuando teme por sus privilegios. La embajada gringa, las ONG de la derecha, los medios de comunicación –prácticamente todos en manos de la oligarquía o de intereses foráneos– y las bandas fascistas de la Bolivia ‘blanca’ –los jovencitos pandilleros de la ‘juventud cruceña’–, buscarán con un triunfo en las urnas deslegitimar a Evo Morales y sacarlo del gobierno.
Al mismo tiempo, es de esperar que los mineros, curtidos en las luchas sindicales; los campesinos, sometidos desde siempre al hambre y la miseria; las etnias indígenas, despreciadas y víctimas del exterminio; y hasta las mismas clases medias, huérfanas de horizontes, condenadas igualmente a la desesperanza y a las cuales sólo les queda el camino de una dolorosa emigración a tierras lejanas, todos ellos reaccionen acudiendo a las urnas a renovar su confianza en el gobierno –su gobierno–, a cerrar el paso a la ofensiva contrarrevolucionaria y a abrir una nueva etapa en la marcha emprendida para recuperar los recursos naturales, devolver la tierra a los campesinos, superar la miseria y la ignorancia y, para no pocos, reafirmar el orgullo de ser los herederos de una cultura indígena milenaria.
Evo Morales, su gobierno y las amplias bases sociales que le sustentan han apostado por la pacífica vía de la urnas y el respeto a la Ley. Nadie está, sin embargo, en condiciones de asegurar que las elites criollas tengan la misma disposición. Por eso, el futuro inmediato de éste y otros gobiernos progresistas de la región es muy incierto, confirmando una vez más que no basta con tener razón ni, menos aún, estar legitimado por el voto ciudadano. Para la elite criolla y sus aliados extranjeros la democracia tiene tan sólo un valor instrumental: se respeta en la medida en que se pueda controlar, se acepta en la medida en que favorezca, se desconoce en el mismo momento en que las decisiones mayoritarias de la ciudadanía se ‘equivoquen’ por los caminos del ‘populismo’ de las reformas reales. Para esa oligarquía criolla la única democracia aceptable es la democracia de sainete.
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