Por: Gilberto Márques – junio 16 de 2008
Al informar el gobierno brasilero la salida de Marina da Silva como ministra de Medio Ambiente, el diario inglés The Independent afirmó que la Amazonía “es muy importante para ser dejada en manos de los brasileños”. Tres días después, el diario estadounidense The New York Times publicó un artículo cuyo título era: “Al final, ¿de quién es la Amazonía? El País de España dejó claro cuáles son las intenciones: “el mundo tiene los ojos puestos en las riquezas de la selva”. Éste es el motivo por el cual algunas escuelas de EEUU presentan el mapa de Brasil sin la Amazonía ni el Pantanal.
La Amazonía legal incluye nueve estados y ocupa el 61% del territorio brasileño, lo que equivale a la mitad de Europa. La cuenca amazónica posee más del 20% del agua dulce del planeta y Brasil es el que tiene la mayor parte de esta selva, que se extiende también por las Guayanas, Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú. La selva amazónica es la mayor reserva biogenética del planeta y posee la mayor provincia mineral del mundo: Carajas. Su patrimonio es incalculable.
Propuestas de internacionalización
Estas tentativas de internacionalizar la Amazonía no son recientes. Infelizmente, en varios momentos, los intereses imperialistas contaron con el apoyo de gobiernos brasileños. En 1824 se fundó en Nueva York una empresa para explotar la navegación y las riquezas amazónicas, lo que llevó a un incidente diplomático entre los dos países. La empresa no consiguió su objetivo. En 1862, el presidente Abraham Lincoln propuso que los negros libertos de los EEUU viniesen al Amazonía para fundar una República de Negros Americanos. Ellos no aceptaron, pues querían continuar en el país que habían construido.
A partir de 1945 se inició una campaña por la fundación del Instituto Internacional de la Hileia Amazónica, que sería parte de la ONU y definiría las políticas para esta región. A pesar de los protocolos firmados a favor por los representantes del gobierno brasileño, se abrió un fuerte debate entre los intelectuales y en el Congreso Nacional, definiéndose una posición contraria.
En la década de 1960, la Academia de Ciencias de Washington elaboró la propuesta de creación del Centro del Trópico Húmedo, que sería una fundación con poder de intervención directa en el Amazonía, pero sin someterse a los gobiernos amazónicos. La propuesta fue rechazada por el gobierno brasileño. Poco tiempo después, el centro estadounidense de investigaciones estratégicas Hudson Institute elaboró un proyecto para construir una en el río Amazonas, formando un inmenso lago. Se inundarían las tierras bajas para tener más facilidad de acceso a las áreas firmes, de mayor riqueza agricola, mineral y forestal. Además de eso, este lago se ligaría a otros, como el del Pantanal, Plata y Orinoco, formando un mega lago internacional que uniría América del Sur con EE.UU. El proyecto contó con el apoyo de sectores de la dictadura militar –Jarbas Passarinho y Roberto Campos, por ejemplo–, pero fue rechazado por la línea más nacionalista.
En 1989, por propuesta del presidente francés Francois Miterrand en la cumbre de La Haya, se intentó crear una entidad supranacional para administrar la Amazonía y sancionar a los países que presentasen “mala conducta” con relación al medio ambiente. Los países amazónicos estuvieron en contra.
La acción de los gobiernos brasileños
En la década de 1920, el gobierno brasileño cedió al millonario estadounidense Henry Ford 1’200.000 hectáreas de tierra en Para, para plantación de árboles de caucho que abastecerían sus industrias en EEUU. El proyecto no dio resultado y el gobierno compró
las tierras de vuelta. En los años 70, el también norteamericano Daniel Ludwig reclamaba como propias 4’000.000 de hectáreas de tierra en la frontera entre Para y Amapa: instaló una fábrica de celulosa, derribando la selva para plantar árboles para producir papel. Posteriormente, el proyecto fue nacionalizado.
Los ejemplos no paran ahí: los diversos gobiernos brasileños reclaman la soberanía sobre la Amazonía, pero desarrollan políticas que atraen capitales multinacionales para saquear sus riquezas y degradar el medio ambiente.
En los años 50, con el aval del gobierno federal, se instaló en Amapa la empresaIcomi –parte nacional y parte de la norteamericana Bethlehem Steel–, que explotó las reservas de manganeso y las agotó antes del plazo previsto. Icomi desmontó el proyecto, vendió todo lo que pudo, dejó enormes cráteres en la floresta e incluso intentó conseguir una indemnización del gobierno estatal por las casas construidas que no pudo llevar consigo. Hoy, otra empresa está explotando hierro en aquel estado. Recientemente fue vendida a la multinacional Anglo American por 5.500 millones de dólares la licitación de explotación. Amapa no ganó nada.
La dictadura militar no fue diferente. Con el argumento geopolítico de que se debían “ocupar los espacios vacios”, en 1966 se lanzó la Operación Amazonía, se creó la Superintendencia de Desarrollo de la Amazonía (Sudam) y se distribuyeron incentivos fiscales a las empresas que se instalasen en la región. Esto atrajo a diversas multinacionales que se instalaron en la Zona Franca de Manaos y otros emprendimientos, inclusive la extracción de madera. Para eso, se distribuyó dinero público y tierras, tomándolas de los pequeños productores, demostrando que el ‘espacio’ no estaba ‘vacío’, ya que ahí habitaban indios, caboclos e inmigrantes. Volkswagen y Coca-Cola fueron algunas de las empresas que adquirieron decenas de miles de hectáreas de tierras amazónicas. Estas empresas desmontaban la floresta para que creciera pasto y recibir recursos públicos para la crianza de ganado. Estos recursos no eran devueltos al gobierno.
En la década de 1970, los gobiernos militares se asociaron a las multinacionales para la exploración mineral. A pesar de la asociación, las inversiones quedaron casi todas bajo la responsabilidad del gobierno federal. Incluso así, el capital internacional pasó a formar parte de los emprendimientos de las empresas estatales –por ejemplo, de la Compania Vale do Rio Doce–, de modo que las materias primas aquí producidas se vendiesen a ‘precio de banana’ a las empresas de los países imperialistas.
Para garantizar la producción de una subsidiaria de la Vale: la Albras, asociada al capital japonés, el gobierno federal construyó la estación hidroeléctrica de Tucurui. ¿Por qué? Porque en la cadena productiva del aluminio la energía eléctrica es el principal costo –transformación del mineral bruto de bauxita en aluminio primario–. Así, además del metal, se exporta energía a precios subsidiados. Como si eso no fuera suficiente, el gobierno apoyó financieramente proyectos mayoritariamente privados, como fue el caso de la Alcoa-Billington en Maranon, también para producir aluminio.
En los años 90, Fernando Henrique Cardoso, además de acabar con el monopolio estatal sobre el subsuelo –y sus riquezas–, privatizó la Vale do Rio Doce, al igual que otras empresas estatales, y aprobó la Ley de Patentes y otras políticas, que abrieron aun más la Amazonía al saqueo internacional. Ahora, si un laboratorio multinacional patenta la sustancia activa de una planta amazónica, tendremos que pagar regalías para usarlas. Una empresa japonesa patentó el cupuacu, fruta nativa amazónica, y quería cobrar regalías sobre su producción. Algunos de estos laboratorios mantienen diversas ONG e ‘investigadores’ en la Amazonía, que usan el conocimiento de las comunidades locales para saber la utilización de determinada planta y después patentar el uso. Es la llamada biopiratería.
Cardoso contrató una empresa estadounidense, la Raytheon Company, por 1.400 millones de dólares para montar un Servicio de Vigilancia de la Amazonía (SIVAM). Recurriendo a satélites, aeronaves, etc., la empresa, entre otras, hizo el relevamiento de esas riquezas. No es casual que parte de los recursos de proyecto fue prestada por la propia Raytheon y por el Exibank. Es lo mismo que pagar a la zorra para que vigile el gallinero.
El gobierno Lula impulsa la privatización de la Amazonía
Ante las declaraciones recientes sobre la internacionalización de la Amazonía, el presidente Lula afirmó que “la Amazonía es de los brasileños”. En este punto concordamos con él. Pero su gobierno no actúa de acuerdo con esas palabras. Al contrario, ha incentivado empresas que derriban la floresta para criar ganado, plantar soja y otros productos. La Vale fue privatizada por 3.300 millones de dólares, un valor que hoy equivale a un poco más de la ganancia de dos meses de sus actividades. Diariamente exporta más de 100 millones de toneladas de hierro extraídas de Carajas (sur de Para). ¿Cuál es la posición de Lula? ¿Nacionalizar de nuevo la empresa y sacarla de las manos del gran capital privado nacional y extranjero? No. El BNDES (Banco Nacional de Desarrollo) acaba de anunciar la mayor línea de crédito de su historia para una sola empresa: más de 4.000 millones de dólares para que la Vale intensifique la extracción de riquezas y compre otros emprendimientos en el exterior.
Además, Lula no toco el SIVAM, la ley de patentes ni otros mecanismos que mantiene el saqueo sobre las riquezas minerales y forestales de la Amazonía. Nuestros minerales continúan yendo para los países imperialistas, así como la madera noble extraída de la floresta. Bajo los ojos del gobierno permanece el desmonte. Según los datos del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE), en 2001, aproximadamente 18.000 km2 de la Amazonía fueron devastados. De agosto de 2006 a julio de 2007, la selva amazónica se redujo otros 11.200 km2. La ministra del Medio Ambiente cayó por la presión de los representantes del agro negocio y de las grandes multinacionales, que quieren destruir aún más la floresta para aumentar sus beneficios. Mientras el gobierno desmonta el Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) y otros órganos de fiscalización e investigación, aumenta el contrabando de la riqueza biogenética y mineral –se sospecha de contrabando de uranio de Amapa–.
Preservar la Amazonía a partir de los países amazónicos
Está claro que la intención de los países imperialistas no es preservar la Amazonía sino saquear aún más sus riquezas. En este sentido, el apoyo del gobierno Lula al agro negocio y a las grandes empresas latifundistas y mineras pone en riesgo nuestra soberanía. Los EE.UU. ya intervienen militarmente en la Amazonía, a través del combate a las FARC en Colombia.
La supuesta intención de preservar la Amazonía cae por tierra cuando se ve que EEUU es el país que más energía consume en el mundo y más genera polución, aunque se niega a firmar el Protocolo de Kyoto, que establece tímidas metas de reducción de los gases contaminantes de la atmósfera. Un gobierno que diariamente asesina a miles de iraquíes, palestinos y afganos –incluyendo los niños– no puede estar preocupado por la biodiversidad de la Amazonía.
¿Qué respuesta debemos dar? No puede ser la presentada por la revista Isto E, que plantea que los indios brasileños son una amenaza a la soberanía brasileña y defiende que el gobierno tome sus tierras: “es urgente modificar la actual política de demarcación de tierras, una vez que, si continúa como está, los indios y las ONG ocuparán cada vez más el territorio nacional”, afirma la revista, mientras los generales del Ejército aplauden. Tampoco puede ser la continuidad de la política del gobierno de Lula.
Es preciso dejar claro que la Amazonía forma parte del territorio de los brasileños y los demás países amazónicos y eso no se discute. Más aún, para que la soberanía brasileña sobre la Amazonía no sea cuestionada, es preciso nacionalizar la Vale y otras empresas que actúan en la región; acabar con el gran latifundio, que es el principal responsable del desmonte; apoyar la investigación pública; combatir el contrabando de las riquezas; revisar las leyes que legalizan el saqueo de nuestras riquezas biogenéticas; y apoyar efectivamente la pequeña propiedad y los pueblos que viven de la floresta, como es el caso de los indios y los siringueiros (caucheros).
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