Por: Andrés Monroy Gómez – mayo 15 de 2013
Al concluir el periodo 147 de Sesiones, realizado del 7 al 22 de marzo del 2013, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe de la situación de la región, dejando un balance negativo, sobre todo en lo que se refiere a políticas públicas e impunidad.
Sobre el caso colombiano, la sonada exclusión del Capítulo IV contrasta con las referencias e informes sobre los derechos vulnerados, agravados por la persistencia del conflicto social y armado. En este sentido, la CIDH retomó la información recibida, según la cual las ejecuciones extrajudiciales en Colombia aumentaron en un 64% entre 2002 y 2008, y que entre agosto de 2010 y agosto de 2012 se registraron 85 de estos crímenes.
De la misma manera, el organismo regional de derechos humanos resaltó la persistencia de asesinatos, amenazas y hostigamientos contra defensores de derechos humanos, así como actos de violencia y criminalización de la protesta social. Así las cosas, resaltó que los defensores enfrentan obstáculos para acceder a medidas específicas de protección cuando se encuentran en situación de riesgo y la falta de investigación efectiva de las amenazas y ataques en su contra.
En cuanto a las personas afrodescendientes, la CIDH recordó que en su visita a Colombia en diciembre de 2012, instó al Estado a adoptar un enfoque más urgente para combatir las inequidades estructurales e históricas que siguen acosando a los afrocolombianos, en general, y a las mujeres afrocolombianas, en particular.
A lo anterior se suma el desconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y las acciones de represalia o amenazas contra sus líderes. Por lo anterior, recordó que entre 2009 y 2012 se produjeron 348 homicidios de personas indígenas y que 27.000 habrían sido desplazadas. Esto llevó a la Comisión a reiterar su preocupación por la existencia de numerosos pueblos indígenas en Colombia que se encuentran en proceso de desaparición. Además, llamó la atención sobre la vinculación entre la acción armada legal e ilegal y la presencia de industrias extractivas, generando situaciones de desplazamiento forzado y desarraigo de los territorios ancestrales indígenas.
Sobre la libertad de expresión en el continente, la CIDH manifestó su preocupación por datos sobre agresiones a periodistas, legislación violatoria de este derecho, ausencia de marcos regulatorios que reconocen las radios comunitarias y el cierre de medios a través de procesos administrativos y judiciales.
Finalmente, sobre los derechos sexuales y reproductivos, hizo mención a los obstáculos en el acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia, el creciente problema de la trata de personas y la interseccionalidad en la discriminación contra mujeres afrodescendientes, indígenas, pobres y lesbianas.
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