Por Camila Ramírez y Omar Vera – agosto 13 de 2013
Este martes 13 de agosto, los campesinos del Catatumbo y el Gobierno Nacional retomaron los diálogos iniciados la semana pasada, luego del levantamiento del bloqueo de la vía entre Cúcuta y Tibú y de un movimiento de más de 53 días que puso los ojos del país sobre esta región del nororiente colombiano.
Sin embargo, los campesinos han manifestado su preocupación por los pocos avances en las negociaciones y porque consideran que el gobierno tiene poca voluntad para resolver sus reclamos, a pesar de que ellos sí han cumplido con los acuerdos de levantar temporalmente el paro y desbloquear las vías. Asimismo, los voceros de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) aseguran que durante los últimos días se han agudizado la crisis humanitaria, la violación a los derechos humanos y la militarización en la región del Catatumbo.
Desbloqueo para dialogar
El movimiento campesino liderado por Ascamcat se lanzó a protestar sobre las vías del Catatumbo el pasado 11 de junio y se mantuvo luchando durante 53 días en los municipios de Ocaña y Tibú (Norte de Santander), exigiendo la constitución de una zona de reserva campesina para frenar el acaparamiento de tierras, la suspensión de la erradicación forzada de los cultivos de hoja de coca, desmilitarización de la región, garantías en materia de derechos humanos, vías, hospitales, escuelas y otra serie de necesidades de inversión social para esta zona, una de las más pobres del país.
La respuesta estatal fue de represión y de negación constante de las reivindicaciones campesinas. El 21 de junio, el presidente Juan Manuel Santos señaló que las protestas estaban “infiltradas por la guerrilla” yordenó el despliegue de un enorme dispositivo militar y policial en la región, indicando que “en ninguna parte del país vamos a permitir que el orden público sea vulnerado”. Como resultado de la militarización del Catatumbo, cuatro campesinos –Leonel Jácome, Édinson Franco, Diomar Angarita y Hermídez Palacio– fueron asesinados por disparos de fusil provenientes de la Policía, según ha manifestado la Fiscalía, otra veintena resultaron heridos de bala y un número indeterminado resultó con lesiones por el uso indiscriminado de gases lacrimógenos, explosivos artesanales, balas de goma y granadas de dispersión que, en algunos casos, eran modificadas para lanzar metralla –como fragmentos de tornillos, clavos y alambre de púas– sobre los manifestantes.
Adicionalmente, el 26 de junio, una comisión de verificación conformada por la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Consejo Noruego para los Refugiados pudo comprobar denuncias por torturas, saqueos, robos, destrucción de viviendas, incendios y daños a los bienes de los campesinos por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía.Todo esto fue incluido en un informe que el gobierno objetó de inmediato, amenazando con pedir la salida de Oacnudh del país.
Al respecto, la alta comisionada Navi Pillay señaló, el 19 de julio, en su reciente visita a Colombia que “nosotros monitoreamos y alertamos sobre violaciones [de derechos humanos] como los asesinatos de manifestantes y llamamos a que haya una investigación”, agregando que su oficina ha basado su trabajo en los testimonios de los campesinos, “en el sentido de que los disparos provenían de fusiles”, como luego comprobó la Fiscalía, y que los “derechos a la reunión y a la libertad de expresión deben ser respetados” porque “cuando la gente es arrinconada y no ve soluciones a las quejas que ha tenido durante muchos años, desafortunadamente, toma medidas desesperadas como estas manifestaciones”.
Pasaron 37 días en que el gobierno cambió constantemente su equipo negociador e impuso condiciones variadas a los campesinos para el díalogo, siempre dilatando los diálogos y negándose a solucionar el punto de la zona de reserva, según denunció Ascamcat. Finalmente, después de incontables encuentros entre los líderes campesinos y los delegados del presidente, ahora encabezados por el vicepresidente Angelino Garzón, el viernes 2 de agosto en la vereda La Aduana del municipio de Tibú se realizó la jornada de “Acuerdo social por el Catatumbo”, donde se pactaron como condiciones para desbloquear las vías y levantar el paro una serie de garantías para el retorno de los campesinos a sus viviendas y para la negociación de los puntos básicos del pliego de exigencias de los campesinos, contado con el acompañamiento de una comisión de garantes compuesta por el expresidente Ernesto Samper; el sacerdote Francisco de Roux, provincial jesuita en Colombia; el senador Juan Fernando Cristo; el representante Iván Cepeda; la Comisión de Paz del Congreso de la Republica; monseñor Ómar Alberto Sánchez, obispo de Tibú; y el representante de la Oacnudh, Todd Howland.
En la jornada, César Jerez, vocero de la Asociación Nacional de Zonas de Reservas Campesinas (Anzorc), denunció las precarias condiciones de vida de los campesinos del Catatumbo: “Acá tomamos agua del pozo petrolero. No puede ser que después de 83 años no haya agua potable ni acceso al gas en Tibú. No puede ser que esta carretera, que es una carretera nacional [vía de Cúcuta a Tibú] sea prácticamente una trocha”. Además, agregó que “el Catatumbo merece ya un hospital de tercer nivel”.
Por su parte, Angelino Garzón indicó que el presidente quería crear en el Catatumbo un laboratorio de paz para Colombia y que éste sería un plan piloto para consolidar una política de dialogo y mostrarle al país acuerdos concretos a favor de los campesinos.
Por otro lado, el representante a la Cámara Iván Cepeda manifestó que los garantes deben acompañar el procesos para “que esos acuerdos se cumplan y que no se queden simplemente en el papel; ésa es nuestra función de garantes, así la asumimos y así nos comprometemos hoy a cumplirla con ustedes”.
El sábado 3 de agosto, hacia las 6:00 am, se desbloqueaó la vía que conduce de Cúcuta a Tibú, al mismo tiempo miembros de la ONU estuvieron monitoreando las carreteras.Sin embargo, entre los manifstantes se refleja la desconfianza a la voluntad real de diálogo que tenga el gobierno y la expectativa por lo que pueda pasar en la mesa de negociación. Al respecto, Pedro*, un campesino de la zona, expresó cómo se sienten después del paro y qué esperan de los acuerdos: “Impresionante, por el agotamiento, el estrés, el cansancio, la fatiga. Ya son 53 días en esta situación […] Esperamos de ellos que las palabras no se queden únicamente ahí plasmadas en un documento, en un acto, sino que esperamos que todo lo que se ha dicho se haga realidad. Es lo que nosotros necesitamos, es lo que realmente reclamamos y esperamos que eso se cristalice en muy poco tiempo”.
Zonas de reserva campesina
El primer punto y el de más álgida discusión en la agenda de la mesa de negociación es la declaratoria de la zona de reserva campesina en el Catatumbo. A pesar de que la creación de zonas de reserva campesina, como figura de protección de la pequeña propiedad rural, esté establecida en la Ley 160 de 1994 y en el Decreto 1777 de 1996, y de que Ascamcat ha complido con todos los requisitos para la conformación de una en el Catatumbo, el gobierno viene dilatando el proceso usando distintos argumentos que van desde la seguridad en la región, pasando por inconvenientes jurídicos inexistentes, hasta la necesidad de realizar un proceso de sonsulta previa con los indígenas Barí que habitan allí y que ya habían dado su visto bueno a la iniciativa.
A pesar de esto, según los trámites definidos por la Ley, sólo falta en este momento que el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) reúna a su consejo directivo para aprobar la zona de reserva, por lo que los campesinos creen que existen otros motivos para la reticencia del Ejecutivo ante el tema.
Olga Lucia Quintero, una de las líderes de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), aseguró que “hemos cumplido con absolutamente todos los requisitos, creemos que si el Incoder nos dio $350 millones para hacer los estudios era porque creía que sí era viable, pero detrás de todo esto está el ministro de Defensa”. Al inicio de las protestas, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, se declaró en abierta oposición a la constitución de la zona de reserva campesina en el Catatumbo y ha reiterado que el Estado no puede ceder en este punto porque, según sostiene el funcionario, lo que se busca es imponer una zona autónoma que sirva como corredor de armas y de cocaína.
Sin embargo, Olga Quintero asegura que lo que hay detrás de los pronunciamientos del ministro más poderoso del gabinete de Juan Manuel Santos son una serie de poderosos intereses económicos sobre el territorio que hoy ocupan los campesinos: “En esta región hay muchos intereses de minería. Contamos con una reserva de carbón de más o menos 70 km² que quieren explotar a cielo abierto, contamos con una reserva petrolera […] se quieren implementar megaproyectos como el de la palma. Acá hay inversionistas como el señor Carlos Murgas, que fue viceministro de Agricultura en la época del presidente Pastrana y está impulsando la extractora de aceite [de palma] más grande de América Latina”.
Adicionalmente, la dirigente campesina asegura que los planes para “consolidar militarmente la región son (sic.) para poder asegurar la región para que esas empresas multinacionales puedan entrar y puedan saquear”. Actualmente, el Catatumbo es uno de los lugares más militarizados de Colombia y los municipios de Convención, Hacarí, Tibú, El Carmen, El Tarra y Teorama han sido declarados como ‘zona de consolidación’ dentro de la actual estrategia militar de la tercera fase del Plan Colombia, contando con la presencia de miles de hombres del Ejército, que cuenta con brigadas móviles en La Gabarra, Convención y El Tarra, cinco batallones y una base militar en Tibú, donde además opera la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano, acusada de graves violaciones a los derechos humanos.
Cultivos de coca
Otro de los puntos mínimos a negociar es la sustitución gradual y concertada de los cultivos de coca. Los campesinos expresan que necesitan que cesen los operativos de erradicación forzada de los mismos y que se acuerden mecanismos para que puedan vivir de otros productos porque, durante años, la hoja de coca ha sido el medio de subsistencia para sus familias
En el pliego de exigencias presentado por Ascamcat se proponen subsidios de $1’500.000 para los campesinos afectados por la erradicación forzada, pues, al haberse arrancado por la fuerza sus cultivos, quedan sin ninguan fuente de sustento económico y necesitan recursos para alimentar a sus familias. Además, plantean la necesidad de implementar proyectos agrícolas productivos y sostenibles para la región, de manera que la gente no tenga que depender de la hoja de coca para vivir.
Sin embargo, a pesar de las actuales negociaciones, los campesinos vienen denunciando que después del levantamiento del paro se han intensificado los operativos de erradicación forzada en el corregimiento La Gabarra del municipio de Tibú y que el pasdo lunes se presentó un incidente en el que un grupo de soldados que acompañaba a los erradicadores disparó contra los campesinos, afortunadamente, sin víctimas que lamentar. Este asunto es de altísima gravedad, si se tiene en cuenta que, a inicios de junio, las protestas campesinas se dispararon justamente por estas erradicaciones. Al respecto, Ascamcat señaló en un comunicado que esta situación “ha obligado al campesinado a reunirse en asentamientos campesinos en las veredas para evitar los atropellos a sus derechos civiles, políticos, sociales, culturales y económicos por parte de la Fuerza Pública desplegada en la región”, y defender los cultivos de coca hasta que existan otras alternativas para sostener a sus familias.
Garantías legales para los manifestantes
A pesar de que el fiscal Eduardo Montealegre sostuvo que había garantías legales y que no serían judicializados los campesinos que participaron en la protesta, miembros de Ascamcat aseguran que continúan los montajes judiciales por parte del Ejército y la Policía en su contra. En un comunicado manifiestan que “son 4 los compañeros que continúan recluidos en cárceles, por obra de los montajes judiciales contra los manifestantes de Ocaña y Tibú”. Al respecto, Olga Quintero denunció que “en el transcurso de lo que va del año, van 468 campesinos detenidos por el Ejército […] el 80% de estos campesinos han sido víctimas de montajes judiciales”.
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