Por: Andrés Monroy – febrero 25 de 2014
Desde 1977 han sido asesinados 142 periodistas en Colombia. El año pasado se presentaron 123 violaciones a la libertad de informar que involucraron a 194 periodistas , según cifras de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip). Seguramente, un alto porcentaje de estas víctimas no corresponde a periodistas que laboraban para las grandes empresas mediáticas.
Las dificultades del oficio informativo en Colombia afectan con una particular crudeza a los comunicadores regionales, debido a factores como el conflicto armado, la corrupción estatal y la avaricia del sector privado.
Sobre este último factor, se evidencia la desigualdad entre aquellos grandes medios que se encuentran empotrados en la comodidad de las relaciones comerciales sólidas y convenientes, y los medios públicos, comunitarios y alternativos, lo que se traduce en graves afectaciones al derecho a informar y estar informado.
En este contexto, tan desatinadas como absurdas y peligrosas resultan las afirmaciones de Darío Arizmendi, director del programa “6 AM Hoy por Hoy” de Caracol Radio, justamente días antes de la celebración del día del periodista en Colombia, respecto de las denuncias presentadas por Hollman Morris, gerente de Canal Capital.
“¿Usted cree que el Canal Capital tiene tanta influencia, tanto cubrimiento, tanto poder, para que haya fuerzas que intenten interceptar su señal o bloquearla? ¡Por favor!”. Señaló Arizmendi, sin asomo alguno de prudencia o solidaridad frente a lo que se denunciaba y que afecta no sólo a Morris sino a quienes trabajan en el canal público. Más adelante añadió que “realmente ésas son auto amenazas, mandan a hacer panfletos”.
Además de la reconocida animadversión de Arizmendi hacia el periodista Morris y todo lo que tenga que ver con la actual Administración Distrital, es importante desentrañar el sentido de sus manifestaciones.
En primer lugar, resultaría fatal que el criterio expresado por el periodista radial sobre las amenazas fuera el utilizado por los organismos del Estado para evaluar la situación de riesgo de un comunicador. Imaginen los posibles diálogos entre el funcionario competente y un periodista al momento de investigar las amenazas recibidas:
– ¿Su medio es influyente?
– No señor.
– De acuerdo, entonces sus amenazas no son creíbles.
Otro caso:
– ¿Qué tanta cobertura tiene su medio?
– Es local, es un medio de comunicación de la vereda.
– Mmm… Lo siento, señor periodista, sus amenazas no representan riesgo.
O quizás éste:
– Señor periodista, ¿su medio es poderoso?
– ¿Cómo así poderoso?
– ¿Lo patrocina alguna multinacional petrolera o un conglomerado económico?
– No señor, es un medio alternativo de autogestión.
– Ahhhh, bien. Entonces no es lógico que los amenacen. Usted se está inventando estas amenazas.
Así sería el panorama si el criterio de Arizmendi se aplicara en Colombia, que por muchos años ha estado en la lista de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo.
Pero he aquí una de las bondades de la libertad de expresión como derecho: es la posibilidad de que personas como Arizmendi difundan este tipo de ideas, por más absurdas que sean, y la de que sus receptores puedan evaluarlas y seguir construyendo, o fracturando, la credibilidad de su casa periodística.
Desafortunadamente, la sociedad se viene acostumbrando a estas expresiones de personajes públicos que no miden las consecuencias de lo que dicen. Y esto no sólo será el resultado de la pasividad ciudadana sino del silencio de las autoridades.
Hasta ahora nadie, del ámbito nacional o encargado del tema de protección de periodistas, se ha pronunciado al respecto. Andrés Villamizar, director de la Unidad Nacional de Protección consideró que no le corresponde opinar públicamente sobre este tema, aclarando que las medidas políticas le corresponden al ministro del Interior y que su cargo, al frente de esa Unidad, consiste en brindar medidas materiales de protección, como carros, chalecos blindados, entre otros. Esa entidad protege actualmente cerca de 90 periodistas en todo el país, muchos de ellos corresponsales locales en zonas de conflicto, señaló Villamizar a través de su cuenta en twitter
A final de cuentas, esta historia refleja la falta de solidaridad de algunos periodistas de medios poderosos’, ‘con gran cobertura’ e ‘influyentes’ frente a los riesgos que deben asumir los demás.
Mientras esta situación se presente, sobre todo impulsada por los intereses que hacen que la información siga siendo tratada como mercancía y no como derecho, Colombia estará lejos de considerarse como un país seguro para los periodistas.
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