Julio 29 de 2008
La audiencia final indígena del Tribunal Permanenten de los Pueblos, realizada en Atánquez (Cesar) los días 18 y 19 de julio, concluyó las cinco pre audiencias que reunieron las denuncias de las macro regiones en las que se dividen los pueblos indígenas. Las denuncias recibidas por los jueces durante los dos días incluyeron una gran cantidad de asesinatos y desplazamientos de los que son victimas por parte del Estado y los grupos armados que operan en cercanías de los resguardos. También se expuso la relación de las transnacionales con los paramilitares y las políticas que favorecen los negocios de las primeras en Colombia.
En el marco de la audiencia, se convoco a etnias de todo el mundo al Foro latinoamericano por la pervivencia de los pueblos indígenas, que se celebró el 17 de julio en Valledupar (Cesar). Las denuncias que se hicieron, tanto en el foro como en la audiencia final, encontraron correspondencia en cuanto a los crímenes que cometen transnacionales y Estados en contra de las etnias indígenas en el mundo. A la audiencia asistieron unas 700 personas que representaban a 27 organizaciones indígenas nacionales y a 14 internacionales, además de 20 organizaciones internacionales que acompañaron la iniciativa y 65 organizaciones sociales de Colombia.
El veredicto de la audiencia final indígena responsabilizó a las multinacionales que se encuentran en Colombia y al Estado colombiano, en especial al gobierno de Álvaro Uribe, de ser los mayores responsables de las muertes de indígenas por todo el territorio nacional y de someter a sus pueblos a condiciones que los han llevado a la desaparición.
Diversos pueblos indígenas, a través de sus organizaciones, denunciaron los crímenes de los que son víctimas y aportaron los puntos más relevantes que se extractaron de las pre audiencias. Así, gran parte de las denuncias resaltaron el papel de las transnacionales en la aparición del paramilitarismo y de ciertas enfermedades en las zonas de explotación de recursos naturales; al igual que la aspersión de glifosato y otros químicos, con las consecuencias que acarrean en la salud y en la biodiversidad de los ecosistemas.
Se expuso la situación de pueblos como los U’wa y los Sicuani que, en la primera pre audienciaque se celebró en Saravena (Arauca), denunciaron que la explotación petrolífera ha causado desplazamientos, crímenes de lesa humanidad contra sus comunidades y no la prosperidad con la que se anunciaron las multinacionales y el Estado.
Así mismo, se denunció, al igual que en la segunda pre audiencia que se llevó a cabo en El Diviso (Barbacoas, Nariño), cómo los pueblos Kofan y Sión son víctimas de decisiones del gobierno, por permitir la muerte de recién nacidos al autorizar las fumigaciones de glifosato, ya que los menores mueren de dos a tres días después de las aspersiones y se han hecho las denuncias correspondientes con las autoridades competentes. Declararon además, que los cultivos de pan coger se dañan y la economía alimentaria de las poblaciones se desequilibra y agudiza.
Representantes de la pre audiencia que se celebró en Río Sucio (Caldas) denunciaron que, en las zonas donde habitan indígenas de Antioquia, Caldas, Quindío y áreas aledañas, la explotación minera y el desarrollo de megaproyectos son los causantes de daños ambientales, además de traer problemas relacionados con la vulneración de derechos humanos de las comunidades indígenas, desplazamientos y militarización.
Los indígenas Barí declararon, al igual que en la pre audiencia que se celebró en Cúcuta (Norte de Santander), los problemas en los que se ven comprometidas las comunidades por la exploración y explotación de petróleo: violencia, crímenes, vulneración de derechos humanos y contaminación, además del avance de megaproyectos que acaban con la seguridad alimentaria del país y con la biodiversidad de la que goza.
Por su parte, organizaciones Wayuú presentaron ante el tribunal los resultados de la quinta y última preaudiencia, que se desarrollo en el Cabo de la Vela (La Guajira), evidenciando los problemas que ha traído consigo la explotación de sal marina y de carbón en esta región, las consecuencias del parque eólico, los proyectos turísticos y la militarización de las zonas que habitan. Denunciaron, además, la masacre en Bahía Portete, en la que desaparecieron niños entre los tres y doce años, y varios hombres y mujeres indígenas fueron asesinados.
En la audiencia celebrada en Atánquez se denunció que muchos indígenas son empleados por colonos como mano de obra barata para recoger hoja de coca, como en el caso de los Nukak Makú: no hablan bien el español, debido al poco contacto que tienen con otras personas, y se aprovechan de ellos para explotarlos en labores que pone en riesgo su cultura e integridad física, al involucrarlos en el negocio de cultivo y tráfico de estupefacientes. En las denuncias presentadas se aludía también a la pérdida de las costumbres, lengua y otras características de las diversas culturas indígenas. Se denunció que la violencia, la falta de voluntad política del Estado para con las comunidades y la llegada de colonos, misioneros y transnacionales vulnera sus formas de vida y desequilibra las cosmovisiones de las culturas ancestrales. La aparición de enfermedades nuevas, que los médicos indígenas tradicionales no saben tratar; las costumbres foráneas, que seducen a los jóvenes con ilusiones de progreso al trabajar para compañías que explotan y someten a los trabajadores a condiciones que ponen en riesgo la salud del ser humano; las desapariciones; los asesinatos selectivos; las masacres; el miedo y los desplazamientos, que aumentan los cinturones de miseria y la explotación humana en ciudades capitales, son situaciones que lesionan la integridad y la identidad cultural de las etnias indígenas.
Además, acusaron al gobierno de favorecer políticas de exclusión, ya que los reclamos indígenas se tergiversan en los medios oficiales y de información tradicionales, haciendo parecer a los indígenas como usurpadores de tierras y de ser colaboradores de la guerrilla, lo que legitima asesinatos, masacres y la militarización de zonas aledañas a los resguardos. Señalaron que, con esto, lo que se busca es proteger los intereses de las multinacionales e implementar el Plan Consolidación –segunda parte del Plan Colombia–. Todo esto hace que las creencias, formas de ver la vida y cosmovisiones se vayan perdiendo, al igual que los derechos de naciones originarias a existir y vivir con sus creencias y en sus territorios.
Durante el foro se expuso la situación de diversas etnias del mundo, como la de los Sami, que viven en Suecia, Noruega, Finlandia y en parte de Rusia. Esta etnia expuso, a través de la vice presidenta del Concilio Sami, que han sido excluidos en Suecia de representación política al ser alteradas las cifras que indican el número de Samis que habitan en territorio sueco, además de ser excluidos del sistema de educación público. La etnia Cree, de Canadá, declaró a través de su representante, que su situación no es diferente en cuanto al poco reconocimiento social que de ellos se tiene, ya que los bosques en los que habitan son talados por multinacionales sin su consentimiento y la ayudas en alimentos no respetan sus tradiciones al enviarles carne de cerdo, lo que va en contravía de su cultura. La comunidad Mapuche, por su parte, declaró que son perseguidos por el gobierno chileno, abusados por las multinacionales y estigmatizados ante la opinión pública. Sin embargo, el pueblo Kofán y la etnia Sarayacu demostraron que la organización indígena funciona como mecanismo de integración y de lucha social, exponiendo ante el auditorio cómo se articularon y lograron expulsar multinacionales petroleras de su territorio y evitar que políticas gubernamentales afecten sus comunidades en términos económicos, ambientales, de salud y culturales.
Tanto el foro como la audiencia reunieron a las diversas naciones indígenas que sobrevivieron a la Conquista y a los procesos de aculturización en el mundo. Estas etnias ahora se organizan para enfrentar leyes que atropellan sus derechos, la violencia y los asesinatos de los que son victimas, evitando que terminen por transformar radicalmente su cultura o por hacer desaparecer naciones originarias y, de paso, las formas de ver el mundo de pueblos ancestrales, junto con sus conocimientos y aportes culturales.
La audiencia recogió no sólo los testimonios, declaraciones y pruebas sobre la opresión que sufren las comunidades indígenas hoy en día sino el genocidio histórico del que han sido victimas. Se recordó, entonces, la vida que las comunidades han tenido que soportar desde la llegada de los españoles hasta nuestros días. Sólo en los últimos diez años han sido asesinados 1.936 indígenas, sin que se haya llegado a capturar a ninguno de los responsables de estos homicidios. Por ello, la importancia del Tribunal Permanente de los Pueblos, ya que uno de los objetivos es hacer visible la situación de las etnias indígenas ante el mundo. La audiencia, mediante un juicio ético, político y moral, exige al mundo y, en especial, al Estado colombiano que se reconozcan los derechos de las naciones originarias, que han sido negados a través del exterminio corporal y cultural de forma sistemática.
No obstante, la responsabilidad por las comunidades indígenas en Colombia no sólo recae en el Estado. Lorenzo Muelas, ex senador y constituyente colombiano, y miembro del jurado del Tribunal Permanente de los Pueblos, declaró que “depende de las organizaciones indígenas, y del cómo se organicen y se entiendan, el futuro que les depara”. Aseveró además, que “la responsabilidad política que tienen las organizaciones es alta” y que “depende de cómo se asuma el pensamiento indígena que los valores pervivan”, señalando que esta audiencia es “una respuesta globalizada, al mundo y a la opresión, que es también global”.
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