Por: Omar Vera – enero 29 de 2009
Los recientes escándalos sobre los llamados ‘falsos positivos’ cometidos por miembros de la Fuerza Pública, han puesto de manifiesto la existencia de una ‘subcultura criminal’ al interior de los cuerpos armados del Estado para presentar resultados a toda costa y, así, obtener beneficios económicos y ascensos. Quizás, y ante la ausencia de cifras precisas, miles de colombianos han sido víctimas de este macabro conteo de cadáveres.
Cifras desconocidas, pero miles de muertos
Todos salieron de sus casas para nunca más volver. Algunos, convencidos por las promesas de un trabajo que los sacara de la miseria; otros, llevados a la fuerza, cayeron en las redes de reclutadores del paramilitarismo y los militares, y murieron envueltos en un tráfico humano que consume cada vez a más jóvenes de los barrios populares de las ciudades colombianas; otros muchos, en el campo colombiano, fueron desaparecidos por estorbar en el camino de la expansión ‘neopara’ y, luego de ser asesinados, aparecieron vistiendo ropas de combatiente y presentados como bajas en combates simulados.
Sólo hasta ahora, las investigaciones independientes y de la Fiscalía empiezan a arrojar luz sobre uno de los fenómenos más oscuros en la historia reciente de las Fuerzas Militares, mientras se siguen multiplicando las denuncias que evidencian que el ‘conteo de cadáveres’ se ha convertido en una costumbre para miembros inescrupulosos de la milicia que se enriquecen y obtienen promociones a partir del peor de los crímenes: ganar dádivas con la muerte.
La ejecución extrajudicial: una tradición militar
Según cuatro documentos desclasificados por la CIA y el Departamento de Estado de EE.UU., gracias al trabajo de la organización independiente National Security Archive (NSA), la presentación de ‘falsos positivos’ no representa un fenómeno nuevo para las Fuerzas Armadas. Por el contrario, desde el 26 de enero de 1994, la agencia de espionaje aseguraba, en un memorando de su Oficina de Análisis para África y América Latina, que luego de la creación de dos brigadas móviles en 1992, financiadas por el gobierno de la potencia del norte, “las fuerzas de seguridad colombianas continúan empleando tácticas de escuadrones de la muerte en su campaña contrainsurgente […] y poseen un historial de asesinatos de civiles de izquierda, en áreas con presencia guerrillera, y de cooperación con paramilitares relacionados con el narcotráfico”.
Estas relaciones con el paramilitarismo fueron modernizándose de la mano de la reingeniería impulsada en las Fuerzas Armadas para mejorar la efectividad de las políticas de seguridad del Estado y para que asumieran diversos modelos para garantizar el control efectivo de los recursos y la población de distintas zonas del país. Asimismo, la realización de operaciones encubiertas contra la población civil aparece de forma sistemática en 1982 y va perfeccionándose hasta el punto en que la presentación de civiles como combatientes abatidos se demuestra, por ejemplo, en las numerosas inconsistencias de los informes de las operaciones militares entre los supuestos insurgentes muertos y el número de armas capturadas en combate.
El país no se enfrenta a un fenómeno nuevo sino a una política de Estado que terminó convirtiéndose en una ‘subcultura’ militar y en una táctica ilegal a la que recurren numerosos oficiales del Ejército para mostrar resultados, garantizar recursos para las unidades a su mando y asegurarse una mejor posición.
El ilegal y macabro conteo de cadáveres
En un informe de la embajada de EE.UU., de octubre de 1994 y desclasificado gracias al NSA, el entonces enviado estadounidense, Miles Frechette, se dirigía al Departamento de Estado y a la CIA para informar que “la mentalidad del ‘conteo de cadáveres’ persiste, especialmente entre los oficiales del Ejército colombiano; los comandantes que no pueden demostrar resultados de una agresiva actividad antiguerrillera –donde la mayoría de los abusos contra los derechos humanos ocurren– tienen una desventaja a la hora de los ascensos”, situación que, según reportan las hojas de vida del alto mando castrense actual se mantendría como una tendencia, siendo la mayoría de los estados mayores de las Fuerzas Militares, al menos en los últimos 20 años, conformados por generales y coroneles provenientes de brigadas ubicadas en zonas con graves crisis humanitarias, como el Magdalena Medio y Antioquia.
Para el coronel (r) Carlos Alfonso Velásquez, quien fuera en su momento segundo comandante de la Brigada XVII y retirado del Ejército poco después de haber acusado ante sus superiores a Rito Alejo Del Río por su colaboración con las fuerzas paramilitares, existe “una sub cultura en la que el principio es que el fin justifica los medios” y que motivaría que muchos oficiales y suboficiales hicieran la vista gorda ante los abusos que cometen los hombres a su mando o que, incluso, los propicien e instiguen como una forma de obtener resultados.
De esta manera, se habría creado la mentalidad de validar ciertas conductas criminales que cometieran los uniformados para rendir en los indicadores más significativos en las evaluaciones anuales que se realizan a las unidades militares. En ellas, la presentación de las bajas o capturas que se dan como resultado de las operaciones se convierten en uno de los factores más importantes para valorar la labor de un mando militar en una región y su continuidad en la carrera castrense.
Aumento dramático durante la Seguridad Democrática
La entrada en vigor de la política de Seguridad Democrática marca un hito en la presentación de ‘falsos positivos’. A partir de 2002, las bajas de civiles atribuibles a montajes y las desapariciones forzadas en distintas regiones han aumentado de manera dramática. Según datos del Ministerio de Defensa, en este periodo 15.315 personas fueron reportadas por los mandos militares como guerrilleros o paramilitares dados de baja y 49.523 capturadas, como resultado de las operaciones militares.
Asimismo, diversas ONG denunciaron el pasado diciembre que, entre 2002 y 2007, al menos 1.122 de estas muertes eran atribuibles a ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Fuerza Pública y que esta cifra se elevó notablemente entre enero de 2007 y junio de 2008, cuando se presentó un promedio diario de una de estas muertes, que sumaron 533 casos con relación al promedio diario de una muerte cada dos días del periodo anterior.
Esto se debe, de acuerdo con el coronel Velásquez, a que se ha privilegiado la presentación de resultados como un mecanismo de opinión y a que “algunos militares han interpretado así la manera como el presidente pide resultados de sus subalternos y lo que se está presentando son ese tipo de resultados que, entre otras cosas, significan muy poco en esta clase de conflicto, porque se posiciona el concepto erróneo del enemigo interno, de que la guerrilla se camufla entre la población civil y es imposible diferenciar. Esto abre la puerta para posibles desmanes e irrespeto a los derechos humanos”.
Las recompensas, harina del mismo costal
Esta situación se agudiza con las publicitadas directivas del Ministerio de Defensa en materia de recompensas por resultados en operaciones militares, emitidas en noviembre de 2005, que establecen las recompensas a pagar a los informantes por datos que “generan resultados positivos o permiten contrarrestar acciones delictivas”, como lo señala la Directiva Ministerial 29 del 17 de noviembre de 2005 que recientemente fue desclasificada y derogada. A la par, se han establecido criterios para proporcionar “estímulos” a los militares por estos resultados en otra directiva que se mantiene secreta y se le aplica actualmente a oficiales, suboficiales y soldados.
Las recompensas, más publicitadas en este gobierno que ninguno anterior, siempre han existido y se presupuestan como ‘gastos reservados’ de la inteligencia militar. Sin embargo, como señala el coronel Velásquez, “cuando la política de recompensas del actual gobierno es una política de show mediático, se vuelve muy perjudicial porque antes estos pagos no eran tan publicitados como ahora en el discurso del presidente: ahí cabe todo el mundo, sin ningún filtro, y se hacen muchos negocios turbios en los que si hay respaldo de un documento oficial es, incluso, peor. Allí se generaliza ponerle un precio a la vida humana y la vida humana no tiene precio”.
Los más débiles, víctimas de los ‘resultados’
Gloria Gómez, coordinadora de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), dice que la forma como operan estos montajes -incluyendo reclutamiento, tráfico humano, desaparición forzada, modificación de la escena del crimen y ejecuciones extrajudiciales, con complicidad o participación directa de los uniformados– “es parte de una política del Estado colombiano en este largo conflicto social, político y armado: los ‘falsos positivos’ han sido una constante, especialmente en regiones donde es casi imposible recoger la información y verificarla, y donde las familias de las víctimas no pueden contradecir lo que dice la Fuerza Pública”.
Esta imposibilidad para contradecir la versión oficial se evidenció, justamente, en el caso de los 11 desaparecidos de Soacha, cuando las denuncias de las familias de las víctimas no tuvieron resonancia hasta que se identificaron los cadáveres y se descubrieron las irregularidades en los informes presentados por los militares.
De la misma manera, la intimidación que reina en algunas regiones impide que los afectados, especialmente si son campesinos, accedan a las garantías mínimas para dar testimonios o denunciar los abusos, pues en numerosos municipios no se tramitan los casos, no se reciben las pruebas, se desestiman los testigos o las instituciones que deberían vigilar la garantía de estos derechos, como las personerías, se encuentran bajo control de sectores políticos oscuros que impiden que se tenga acceso a la justicia y así se privilegia la impunidad.
¿Menos combates, pero más muertos?
Para la directiva de Asfaddes, “esto tiene que ver con que no hay casi enfrentamientos ni combates con la guerrilla: ¿cómo justificar los impuestos que se le están quitando a la gente? ¿Cómo justificar la manutención de miles de hombres? Ahí es cuando empiezan a tener que echarle mano a los ‘falsos positivos’, que se incrementan nuevamente y son un mecanismo para mostrar resultados y para ejercer control sobre la población”.
Esta reducción en los indicadores de violencia, en lugar de ser valorada como indicadores de una comandancia exitosa, pone en apuros a algunos oficiales, pues “las condecoraciones, los ascensos o los viajes al exterior serán premios a quien, comparativamente al año anterior, produjo más capturas o más bajas”, según señala el coronel Velásquez.
La relación entre costo y beneficio, y el criterio empresarial neoliberal de cifras y números con el que el Plan Colombia ha sido diseñado, así como la dependencia que la política de Seguridad Democrática tiene de aquel, han marcado una degradación moral y humanitaria de proporciones inimaginables en el conflicto colombiano. En momentos en que la guerrilla se repliega, el enemigo no es del todo visible para un Ejército al que se piden resultados operacionales bajo el criterio de la productividad a toda costa. “La Fuerza Pública en Colombia es bastante burocrática”, como señala Gloria Gómez, y la imposición del neoliberalismo en el accionar de la milicia permite toda clase de abusos y crímenes.
La degradación del conflicto ha multiplicado la crueldad del fenómeno. La desaparición forzada, acompañada de métodos oscuros de reclutamiento para las fuerzas paramilitares se han puesto en evidencia con multiplicidad de casos que, a partir de lo ocurrido en Soacha, se han venido dando a conocer en los barrios populares de distintas ciudades del país: la violencia de los ‘falsos positivos’ se ha ensañado con la población urbana más pobre, más carente de derechos, más vulnerable.
La subcultura del conteo macabro
Para el coronel Velásquez la situación tiene pocas posibilidades de cambio inmediato. A pesar de la remoción de numerosos mandos de sus cargos por estos delitos y de que existe un temor acentuado por las investigaciones en curso, “cuando un mando es corrupto, es mucho el daño que hace, el ejemplo que deja ahí, y eso permanece hasta que la persona reflexiona que fue mal formada o recibió mal ejemplo y cambia su actitud, pero eso es lento”. Destorcer una ‘cultura’ creada, generalmente, toma más tiempo que implementarla.
Para el exmilitar, “el actual gobierno da mensajes equívocos: por una parte, se hace gran escándalo para retirar a todos estos militares, donde pagan justos por pecadores; pero, a la vez, se están privilegiando asuntos que riñen con el honor militar, como haberle pagado una recompensa al tipo que mató a [‘Iván] Ríos’ y que trajo su mano como trofeo”. Y, precisamente, la formación de los nuevos oficiales y suboficiales del Ejército está mediada actualmente por esta pretensión de ofrecer resultados al costo que sea y pasando por encima de quien sea, al privilegiarse la cantidad de mandos que se gradúan sobre la formación ética mínima que debería ofrecerse en la Escuela de Cadetes, debido al crecimiento astronómico de los cuerpos armados del Estado –los únicos que ofrecen trabajo estable en Colombia–, al gran aumento de los soldados profesionales y a los recursos del Plan Colombia.
De la misma manera, hasta que no se genere un ambiente propicio para que el fenómeno sea denunciado adecuadamente y se rompa la cadena de impunidad que lo rodea, no será posible frenar la oleada de ‘falsos positivos’ que hoy se vive en el país. Sin embargo, la situación exige soluciones de fondo porque, según señala Gloria Gómez, con el escándalo “esto no lo van a dejar de lado, cambiarán el nombre y el método, pero va a aparecer otra modalidad, siempre con el interés de mostrar resultados para ganar plata y quedar en la impunidad”.
Tal y como lo advertía el ‘premonitorio’ informe del exembajador Frechette en 1994, “las dificultades de Colombia para corregir los abusos a los derechos humanos, continuarán mientras se mantenga la estrategia de línea dura”.
Disolución de brigada móvil por ‘falsos positivos’
Luego del escándalo suscitado por la desaparición de los once jóvenes de Soacha, una de las unidades más cuestionadas por esta práctica y por sus presuntas relaciones con paramilitares, la Brigada Móvil XV, fue desintegrada luego de operar en la provincia de Ocaña, donde fueron encontrados los cuerpos de las víctimas.
Mientras tanto, 27 oficiales han sido retirados del Ejército, especialmente en zonas de alto impacto de ejecuciones extrajudiciales, como el Magdalena Medio, Cesar y el nordeste de Antioquia. Las investigaciones hasta ahora empiezan a arrojar resultados mínimos ante un fenómeno que involucra a numerosas unidades militares.
Una comisión transitoria del Ministerio de Defensa, encabezada por el general Carlos Arturo Suárez, entregó la semana pasada al titular de la cartera un informe de más de 70 páginas en el que se consignan decenas de casos en los que los resultados de los supuestos combates no correspondían con los hallazgos, la documentación de inteligencia y los informes forenses, demostrando la existencia de todo un ‘cartel’ especializado en fabricar estas ‘legalizaciones’ en varios batallones.
La situación es mucho más preocupante cuando las cifras sobre los ‘falsos positivos’ no cuadran. La Fiscalía ha dictado numerosas medidas de aseguramiento contra soldados, suboficiales y oficiales, y sigue al menos 716 casos que corresponderían a esta modalidad de ejecución extrajudicial. Mientras tanto, la Procuraduría no ha suministrado información clara sobre cuántos de estos casos ocupan a sus funcionarios, lo cual puede elevar considerablemente las cifras.
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* Publicado originalmente en el periódico Polo.
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