Por: AJS – agosto 15 de 2007
“Guerra es guerra: ya todos son iguales” es una de las frases que solemos escuchar y forman parte de nuestra cotidianidad y del pensamiento colectivo de los colombianos, a pesar de ser una inexacta frase de cajón. Y se ha convertido, justamente, en inexacta porque, desde la misma definición que se ha realizado del conflicto por parte de los gobernantes, de los medios de comunicación y de los distintos grupos sociales, no se ha procurado realizar una comprensión de la problemática real. Lo que se ha generado es una definición de conflicto armado de forma ambigua y no diferencial.
Sistemáticamente, se cuantificó la guerra entre muertos y heridos y se aplicó un modelo de definición en el que la intensidad del conflicto está dada por sus repercusiones directas en la sociedad: definición de aliados o enemigos, o a favor o en contra del Estado. Con estos parámetros relativos es imposible comprender a cabalidad las diferencias entre los distintos sectores en conflicto y las consecuencias de sus actos sobre el entramado social. Un sistema que pretende simplificar el conflicto armado entre buenos y malos es un sistema que se ve sesgado y caracterizado por la despreocupación de comprender los respectivos factores de orden histórico, ideológico, político, económico y social en cada caso particular.
Ahora nos encontramos, principalmente, frente a dos posiciones en lugares radicalmente opuestos del conflicto que, a su vez, hacen más compleja la situación al momento de vincular factores como el poder y el dinero. El gobierno colombiano ha debido estudiar esta situación y, haciendo su propio análisis, emprende su forma de atenuarla, pero está impedido de comprender el conflicto armado pues descalifica las posturas políticas e ideológicas de las guerrillas y las considera, simplemente, como ‘enemigo interno’, sin comprender el carácter social y político de sus reivindicaciones, mientras que, por el otro lado, aparenta desconocer la relación existente con el paramilitarismo, que usó al Estado como base para engendrarse. Mientras la legislación enfrenta las guerrillas como movimientos subversivos que atentan contra el orden social, el paramilistarismo se infiltra en las instituciones del Estado, generando el fenómeno conocido como parapolitica. La debilidad del Estado como institución radica en la imposibilidad de comprender que las estructuras de las organizaciones armadas al margen de la ley y su pervivencia radican, principalmente, en el sistema de exclusión social que impera en Colombia.
Por lo general, el conflicto armado en el país se suele definir como el enfrentamiento de distintos grupos al margen de la ley y de las fuerza estatales en un escenario en el que, por medio de la fuerza y las armas, se busca un control social, político y económico. Si bien, la definición del ‘enemigo interno’ se aplica como una generalidad a la guerra en Colombia, es posible ver como esta definición excluye muchas de causas del conflicto actual, por el mismo hecho de fundamentarse en la separación del orden estatal y los grupos al margen de la ley que buscan derrocar el orden establecido por diversos motivos
Aunque en Colombia el conflicto armado ha sido una constante desde principios del siglo XX, los cambios en la guerra y en sus actores pueden comprenderse desde la misma problemática establecida por el Estado. Si bien es cierto que éste posibilitó el crecimiento de las guerrillas, al actuar con negligencia ante las causas que originaron a estos grupos, también es cierto que soportó la estructura de grupos al margen de la ley –para el caso, las AUC– que, en voz propia, actuaron dentro y fuera de la ley para intereses privados.
En los planteamientos del estado colombiano es evidente la ausencia de un plan adecuado para afrontar a los grupos alzados en armas, no desde el combate en sí mismo sino desde la generación de políticas integrales que favorecieran a la sociedad y establecieran un Estado legitimo. De esta forma, la falta de planeación por parte del Estado para afrontar este tipo de problemas se ve reflejada en el papel desempeñado por las guerrillas dentro del ámbito político, social y económico del país durante los últimos años. La ausencia del Estado permite el conflicto armado: si bien mantiene un enfrentamiento militar con estos grupos, no adopta medidas que contrarresten los orígenes sociales de la guerra ni al paramilitarismo, como organización armada que representa a los grandes terratenientes.
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