Por: Oscar Patiño – 4 de septiembre de 2010
Se trata de 5.635 docentes, a quienes el alcalde mayor de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, les tomó juramento el 9 de julio de 2010 para su posesión como servidores públicos. Los recién nombrados profesores no han recibido su primer pago, viviendo hoy graves dificultades económicas por el incumplimiento, pues gran parte de ellos dejó el sector privado esperando alcanzar mejores condiciones laborales.
A este grupo de nuevos docentes hay que restarle por lo menos a 500, que asumieron el nombramiento y renunciaron tras dos semanas de labores, dadas las dificultades que encontraron para la realización de su trabajo y porque las responsabilidades, aparte de la de la enseñanza, consignadas en el texto del Decreto 1278 de 2002 los desbordan en gran medida y les exige tareas administrativas que poco tienen que ver con la enseñanza.
Además de tener que convivir con los cambios derivados de asumir un cargo público, los y las docentes que recién ingresan deben convivir con la dualidad de regímenes existentes en el magisterio, que les muestra que los procesos de evaluación, la escala salarial y los derechos que tienen son diferenciados, incluso en comparación con otros de los nombrados bajo el régimen del Decreto 1278 de 2002.
Dos regímenes distintos y una sola arbitrariedad verdadera
Los docentes que se desempeñan en el campo de la educación básica y media en las instituciones educativas del Distrito Capital son servidores públicos y profesionales de la educación. Sin embargo, la gran brecha entre unos y otros es tan notoria para la comunidad académica que nadie podría dejar de percibirla.
Orlando Riveros, líder sindical del magisterio y miembro del Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo, de los docentes cobijados por el Decreto 2277 de 1979 “quedan tan sólo un 30% del total de los que fueron nombrados”, quienes son evaluados una sola vez al año por parte de las directivas docentes y pueden aspirar a promociones dentro del escalafón docente, que tiene en cuenta sus años de experiencia y cursos de actualización, no necesariamente de posgrado.
El panorama para los “profesionales de la educación”, como se les denomina a los y las docentes según el Artículo 3 del Decreto 1278, es bastante diferente y, en todo sentido, desigual. La normativa amplía la posibilidad de vinculación de profesionales de diferentes áreas al sector de la educación, es decir, no limita la contratación a técnicos, tecnólogos o profesionales de las ciencias de la educación, abriendo la vinculación a profesionales de diferentes áreas que no tuvieran preparación para ser profesores.
Adicionalmente, se insertó dentro del proceso de evaluación de los y las profesionales de la educación el Modelo Estándar de Control Interno (MECI), que se abre como la opción del Ministerio de Educación Nacional para que las instituciones de educación pública asuman una política neoliberal de evaluación y seguimiento de calidad, que obliga a los y las docentes a gastar tiempo y esfuerzos en llenar un sinnúmero de documentos y a recolectar una serie de evidencias frente a su desempeño profesional, como indicadores de una evaluación principalmente punitiva que definirá su continuidad en sus puestos, pues se encuentran presionados por la aprobación de su período de prueba.
Cabe anotar que, en comparación con quienes están cobijados por el decreto 2277 de 1979, estos nuevos docentes, que según el propio alcalde Samuel Moreno “representan un impulso inmenso para la mejora de la calidad y un nuevo aire para el sector”, no cuentan con casi ninguno de los beneficios que cuentan los maestros y maestras del régimen anterior y sólo tienen en común con ellos los espacios de trabajo y el título de funcionarios públicos.
¿Cómo convivir en semejante diferencia?
Andrea Sandino, docente del sector oficial y vinculada hace ya casi cinco años al magisterio comenta que en su colegio “la mayoría de los profes son del Decreto 2277, los de 1278 somos unos pocos y las posibilidades de denunciar y hacer movilización son pocas”, pues las posibilidades de exigir mejoras de los derechos de los maestros están altamente determinados por la constitución de la planta docente: el doble régimen impide su organización, pues es necesario estar entre pares para poder luchar por sus derechos.
Esto es particularmente curioso en algunas regiones, como Antioquia, donde la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida) ha logrado una afiliación sindical de más del 70% entre quienes han ingresado al magisterio dentro de los parámetros del decreto 1278.
Por su parte, los maestros cobijados por el Decreto 2277 llevan adelante, desde el año pasado, una importante lucha por el pliego de peticiones del magisterio, presentado por la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) al anterior gobierno y del cual no se oye ni se dice nada, ni en los pasillos de los colegios ni entre los maestros.
Dentro de las peticiones de los maestros se incluye la exigencia del inicio de discusiones con el Ministerio de Educación sobre un Estatuto Único de la profesión docente, la restitución de dineros descontados a los docentes por su actividad sindical, la mejora en el servicio de salud, el reconocimiento de los derechos pensionales, el inmediato aumento salarial y la exigencia al Gobierno Nacional de cumplir su responsabilidad frente a la prestación del servicio educativo en todo el territorio nacional, dándole las dimensiones de derecho al que deben acceder todos y todas los niños, niñas y jóvenes sin ningún tipo de distingo o discriminación.
El pliego presentado por Fecode en abril de 2009, en el marco de la conmemoración de sus 50 años, se planteaba para ser negociado en un término de 40 días. Tras más de una año de la radicación del pliego, no ha pasado nada y crece la tensión al interior del principal sindicato del país, aunmentadas por los rumores sobre supuestas claudicaciones de distintos directivos sindicales ante el nuevo gobierno y por el desconocimiento de la dirección de algunas directivas de la organización magisterial de las necesidades de los docentes cobijados por el Decreto 1278 en sus propuestas para el Estatuto Único.
El panorama es cada vez más incierto y las duras condiciones económicas a las que se han visto abocados los nuevos docentes por la falta de pago hacen presagiar un importante estallido social en el sector educativo. De no resolverse efectivamente el conflicto, los trabajadores de la educación que recién ingresan verán cómo su sueño de contribuir a una educación de calidad para quienes más la necesitan se convierte en una pesadilla.
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