Por: Alejandro Parra Giraldo – octubre 17 de 2017
Una de las certezas que los economistas y técnicos que diseñaron la arquitectura del orden global neoliberal albergaron desde siempre fue que los trabajadores tenían demasiado poder.
Sin embargo, el consenso social de la segunda posguerra en Europa, elaborado para conjurar la posibilidad de futuros conflictos, y la edad de oro del desarrollo capitalista en Estados Unidos, que fue su correlato, tenían algo en común: había que garantizar un mínimo de ingreso y bienestar material a millones de trabajadores en ambos lados del Atlántico que, de otro modo, habrían intentado morder la manzana de la revolución y el socialismo.
Esto, claro está, cuando los centros de poder eran sabedores de que nada es más explosivo que una profunda desigualdad social basada en una inequitativa distribución de los frutos del trabajo. En este caldero se cocinaron los más importantes desarrollos en materia de mecanismos de protección y defensa de los trabajadores de los últimos sesenta años en el mundo, que incluyen la célebre declaración de Filadelfia y la adopción de los convenios 87 y 98 por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1948 y 1949, que, por extensión y en medio de intensos debates, llevó a los diferentes órganos de esta organización a perfeccionar el concepto de libertad sindical, el cual evolucionó hacia un núcleo básico, compuesto por tres derechos concurrentes e interdependientes de tal libertad: afiliación, negociación colectiva y ejercicio de la huelga.
La desaparición progresiva del enemigo socialista atenuó, sin embargo, el recato del capital, que después de casi 50 años de avances del derecho protector en materia laboral, vio en los 80 su gran oportunidad para arrebatar a los trabajadores el poder amasado durante el siglo XX. ¿Cómo lo hizo? La financiarizacion y el auge del crédito de consumo para sustituir el congelamiento de los salarios, las medidas de desmonte de la estabilidad laboral a través de las políticas de ‘flexibilización’, la competencia mundial basada en bajos salarios como requisito para recibir los flujos de inversión extranjera y la pérdida de la centralidad del trabajo y los trabajadores como constructores de la riqueza en el imaginario mundial hicieron lo suyo.
No obstante, la gran derrota simbólica de los trabajadores como factor de poder en la relación obrero patronal fue precisamente la destrucción de una huelga: la de los mineros del carbón en el Reino Unido entre 1984 y 1985 por parte de Margaret Thatcher.
La huelga bajo ataque hoy
En medio de la elección de un nuevo director general de la OIT en 2012, que se inclinó a favor del exsindicalista británico Guy Ryder, los empleadores desataron una ‘guerra preventiva’ en el organismo, afirmando, de facto, que la huelga no hace parte de los derechos de libertad sindical, pues tal expresión no está referida en los convenios que aluden al tema, especialmente el convenio 87. Tal acto de cinismo de parte del gran capital fue una nueva vuelta de tuerca en la eliminación progresiva de los mecanismos de contención y reparación a violaciones de derechos básicos en el trabajo, preludio necesario, además, para la gestión de la crisis económica mundial profundizada desde 2008: se debía usar como ‘estabilizador’ a los trabajadores, despojándoles de sus garantías y derechos cuando hay que pagar las pérdidas habidas en el casino global.
Aún hoy en la OIT los empresarios mantienen una suerte de censura sobre la revisión de reclamos ante los organismos de control relacionados con huelga, chantaje que mantiene en un grave estado de desprotección a las luchas de los trabajadores en el mundo.
Colombia, en este contexto y adelantada en la tarea, tiene uno de los ambientes más restrictivos conocidos para el ejercicio de la huelga, pues bien esta es desmontada ilegalmente por los empresarios con el respaldo del Ministerio de Trabajo, prohibida por el aparato judicial y gravemente castigada en la mayoría de los casos. Todo esto, en virtud de las maliciosas reglas que rigen en el caduco Código Sustantivo del Trabajo y las graves restricciones que ha traído la Constitución del 91, cuyo Artículo 56 ha sido usado para introducir su prohibición total en relación con los servicios públicos considerados esenciales, subsistiendo hoy de cualquier modo protuberantes omisiones legislativas al respecto.
El significado de la huelga de los aviadores
El cese total de actividades protagonizado por más de 700 pilotos adscritos a la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac), iniciado el 20 de septiembre de 2017, fue la consecuencia esperada de 14 años de abusos, despojo de derechos, conductas ilegales y avaricia que se originaron con las medidas de restructuración que, en 2003, experimentó la compañía como prerrequisito para que Germán Efromovich invirtiera en una empresa a las puertas de la quiebra.
Ya tanto Avianca como los pilotos sabían que la huelga sucedería, tarde o temprano, ante la imposición de un pacto colectivo ilegal, la consecuente negativa a negociar a plenitud con los pilotos sindicalizados y la sistemática violación del Reglamento Aeronáutico Colombiano por parte de Avianca como estrategia para maximizar sus ganancias.
La justeza de la huelga no está en discusión e, incluso, para gusto de algunos, tardó en darse y, de nuevo, el debate sobreviene en relación con su legalidad. Es aquí donde el destino de la huelga de Acdac es, sin tremendismos, el de la libertad de huelga en Colombia, lo que hace de este conflicto colectivo uno muy especial.
De esta forma, la huelga de los pilotos de Avianca se ha convertido en un ‘momento de verdad’ para la libertad sindical en el país, pues de su eventual declaratoria definitiva de ilegalidad en la Corte Suprema de Justicia depende la posibilidad de cualquier organización de trabajadores para cesar actividades en el futuro, bien sea para reivindicar un pliego de peticiones -huelga contractual- o para confrontar continuados abusos de parte de los empleadores -huelga imputable al empleador, como es el caso-.
La Confederación Sindical Internacional (CSI), en su alegato jurídico para reivindicar la libertad de huelga en la OIT a propósito de su intento de destrucción por parte de los empleadores en 2012, recordaba que, de acuerdo al Tribunal Laboral Federal alemán en sentencia proferida en 1980, sin el derecho de huelga la negociación colectiva se reduce al derecho de mendicidad colectiva, pues deja sin herramienta alguna a los trabajadores para obtener sus propósitos, privándoles de su derecho a exigir mediante el único medio eficaz del que disponen: cesando la producción.
En Colombia está, por tanto, limitado de facto el derecho a la huelga en casi todos los sectores de la producción la huelga por el simple hecho de que la mayoría de los sindicatos del país han sido reducidos a su mínima expresión por la ofensiva neoliberal y la violencia, la última esperanza es la de los grandes sindicatos en la economía de servicios, que por esta vía pueden quedar disuadidos de irse al cese de actividades. Se busca, además, usar como lección para los trabajadores del país el anuncio de la monopólica aerolínea Avianca, en el sentido de hacer que los pilotos paguen con su puesto de trabajo su reto al poder de la compañía, y no hay que descartar que se busque la disolución y liquidación de Acdac y el pago de valores económicos por parte del sindicato por los perjuicios provocados durante el cese de actividades laborales.
La huelga de Acdac es, entonces, un frente de choque contra el intento del empresariado de hacer desaparecer por completo a la huelga, por la infame vía de hacerla un campo minado para cualquier sindicato que se atreva a practicarla, pero, eso sí, manteniéndola declarativamente como derecho en el marco jurídico. De allí que este conflicto haya despertado solidaridades tan diversas dentro y fuera el país y que esté destinado a sentar un precedente determinante para todo el sindicalismo colombiano.
La sensación reinante entre las organizaciones de trabajadores es que si Acdac pierde, perdemos los trabajadores una batalla política, reivindicativa, jurídica y simbólica de la que será muy difícil repararnos.
Lo que viene después de la huelga
La huelga de los pilotos ya ha sido declarada ilegal, en primera instancia y en tiempo récord, por el Tribunal Superior de Bogotá el pasado 6 de octubre, en una decisión apelada por los pilotos. Este hecho demuestra el aplastante poder que Efromovich y su compañía ejercen sobre la Justicia y una percepción ciudadana del conflicto que ha sido aupada por los grandes medios que muestran a los pilotos ya no solo como avaros que piden lo imposible sino como abiertos delincuentes.
Es deseable que tal decisión sea revocada en la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia como un gesto positivo para reforzar las mínimas garantías para la participación y la protesta que hoy busca el movimiento social y sindical, a propósito de los procesos de paz y la implementación de las medidas derivadas de la negociación con las insurgencias.
El mensaje de fondo con este, uno de los conflictos sociales más visibles luego de la firma de la paz con la mayor guerrilla del país, es que la arremetida contra los derechos ciudadanos continuará, pero trasladada a los estrados judiciales y a la opinión pública, en un ejemplo patente de que no hay una renuncia de las clases dominantes tradicionales a su agenda estratégica, como algunos presagiaron.
Tiempos de agitación social y aguda lucha esperan a los trabajadores.
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Profesional del Área de Organización y Fortalecimiento Sindical de la Escuela Nacional Sindical (ENS). También publicado por la Agencia de Información Laboral.
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