El domingo 2 de marzo culminó, con la lectura del veredicto, la primera audiencia realizada en Colombia por el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), organismo creado a partir de 1979 como sucesor de los Tribunales Russell –que juzgaron los crímenes de guerra perpetrados por EEUU en Vietnam (1966-1967) y los crímenes de Estado de las dictaduras del Cono Sur (1974-1976)– y que ha iniciado su trabajo en Colombia para analizar la responsabilidad de las multinacionales Nestlé, Coca-Cola y Chiquita Brands en variados casos de violaciones a los derechos humanos y de saqueo de los recursos naturales.
En la audiencia se abordaron tres temas principales: la extracción indebida de recursos naturales, las condiciones de trabajo en las empresas internacionales y el uso de diversas modalidades de guerra sucia para multiplicar las ganancias de estas empresas. El jurado –integrado por Vilma Núñez de Escorcia, vicepresidenta de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH); Antoni Pigrau Solé, destacado catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona (España); Gianni Tognoni, secretario del Tribunal Permanente de los Pueblos desde su fundación en 1979; Eduardo Cifuentes Muñoz, ex magistrado de la Corte Constitucional de Colombia; Orlando Fals Borda, reconocido académico e investigador en sociología y actual presidente del Frente Social y Político (FSP); Geovanny Yule, miembro del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), y Libardo Sarmiento Anzola, reconocido economista, filósofo, investigador y escritor independiente– hizo énfasis, especialmente, en la interacción entre los anteriores tópicos.
El caso Nestlé:
El tribunal tuvo la oportunidad de examinar casos como los de Héctor Daniel Useche, asesinado el 22 de Julio de 1986; Víctor Eloy Mieles, asesinado el 22 de julio de 1999, y Luciano Romero, asesinado el 10 de septiembre de 2005. Todos ellos eran miembros activos y dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos (Sinaltrainal) y trabajaban para la Compañía Colombiana de Alimentos Lácteos Cicolac SA. De igual manera, otros 18 dirigentes sindicales, vinculados a Cicolac SA o a la multinacional Nestlé han sido asesinados vilmente.
Los testimonios y evidencias presentados por la organización sindical y las víctimas sobre los casos de amenazas de muerte, de desplazamientos forzosos y de criminalización de la protesta y la actividad sindical fueron recibidos, escuchados y organizados cuidadosamente por el jurado que destacó, en su sentencia, la forma en que la creación de burdos montajes contra trabajadores y dirigentes sindicales para encarcelarlos y penalizar su actividad sindical, los allanamientos a casas y sedes sindicales, el levantamiento de fueros sindicales, las presiones –laborales y armadas– para obligar a los trabajadores a renunciar a sus contratos y al derecho de asociación y protesta sindical, la deslaboralización, la violación de los convenios colectivos de trabajo y el despido de centenares de obreros, en los últimos diez años, ha sido la política sistemáticamente empleada por Nestlé para destruir a Sinaltrainal.
Además, se destaca las pruebas que la importación masiva de leche atenta contra la estabilidad de los pequeños y medianos productores y profundiza la dependencia alimentaria de los colombianos. Las autoridades retuvieron materia prima e investigan a la transnacional por delitos como corrupción de alimentos, imitación o simulación de alimentos, usurpación de marcas y patentes y uso ilegitimo de patentes.
Coca-Cola, asesinatos, desapariciones y persecución:
En el caso de Coca-Cola la situación no es menos grave: al menos 8 trabajadores han sido asesinados, 2 han sido exiliados, 48 se han visto forzados a desplazarse, 67 están amenazados de muerte y más de 15 obreros se han visto encarcelados por los calumniosos señalamientos de funcionarios de la compañía, quienes los acusan de terroristas y delincuentes por hacer parte de un sindicato. Adicionalmente, existen denuncias contra esta compañía por discriminación racial, por uso irracional del agua y por daños graves al medio ambiente. Por si fuera poco, Sinaltrainal denuncia que esta multinacional no se ha querido comprometer con los consumidores a no utilizar materia prima y productos genéticamente modificados.
En ambas empresas existe un permanente accionar de grupos paramilitares que actúan en complicidad con las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad del Estado, favoreciendo a las multinacionales y a sus filiales. Sus presiones ilegales contra los dirigentes sindicales, han obligado a centenares de trabajadores a desafiliarse del sindicato, se ha forzado la renuncia a sus contratos de trabajo, se desconocen los convenios colectivos y se imponen bajos salarios a la mano de obra que está subcontratada –cerca del 86% de los trabajadores–. Esta política laboral, fundada sobre el terror, permite a Coca-Cola y a Nestlé aumentar enormemente sus beneficios.
En otros países –como Guatemala, Filipinas, Pakistán, India, Israel, Venezuela, etc.– el movimiento social ha denunciado a Coca-Cola por utilizar, directamente o a través de sus filiales, la violencia, el incumplimiento de las leyes laborales, los abusos, el financiamiento y su participación en la oposición a gobiernos democráticamente elegidos, para alcanzar sus fines económicos.
Chiquita Brands y la el terror de Estado en Urabá
En el caso de Chiquita Brands, el tribunal destacó la injerencia directa de esta compañía en la estrategia narco paramilitar y en el conflicto agrario que agrava la situación de violencia en el país. En su análisis de los hechos referidos, el jurado destaca que “la relación entre empresa y paramilitarismo es más evidente, ya que fueron presentadas pruebas de que dicha empresa ha dado significativos aportes financieros a grupos paramilitares y de que en 2001 transportó 3.000 fusiles AK 47 y cinco millones de proyectiles con destino a grupos paramilitares en Córdoba y Urabá, autores de varios miles de crímenes horrendos en dicha zona”, destacada por desarrollar grandes cadenas agroindustriales de exportación de banano, controladas por varios de los más
grandes terratenientes y hacendados del país, y por la situación permanente de terror e intimidación sobre la población civil.
Se destaca, en este aspecto, el apoyo de estas empresas a estos grupos armados para que les permitan controlar los movimientos sindicales y perseguir a los líderes de las huelgas contra Nestlé, Coca-Cola y Chiquita Brands.
Aunque el propósito inicial de esta sesión del tribunal era estudiar sólo el tema laboral, al examinar los testimonios, los datos y los documentos, el jurado notó que el tema era mucho más complejo, pues estos demostraban que entre el Estado y las empresas existe una especie de simbiosis en todos los niveles: en la legislación, el Estado dificulta la realidad sindical con leyes que atentan contra el derecho a un trabajo digno; en los estrados judiciales, cuando no se señala a los culpables de los crímenes y cuando, en algunos casos, ni siquiera se abre una investigación, y en el propio Poder Ejecutivo, cuando numerosos funcionarios de gobierno se ponen del lado de las empresas o pasan a hacer parte del lobby que defiende sus intereses en los conflictos
laborales. Situación evidente en abril de 2003, en Valledupar, cuando un tribunal de arbitramento apoyó a Nestlé y arrebató al sindicato Sinaltrainal derechos esenciales.
La sentencia
El tribunal permanente de los pueblos se pronunció de la siguiente manera:
- Las empresas, tanto sus sedes principales como sus sucursales en Colombia, son culpables de los ataques a los sindicalistas.
- Son también culpables de fraude a los consumidores por utilizar productos de mala calidad para fabricar los alimentos que comercializan.
- El estado colombiano es culpable también de los ataques a los sindicalistas por su ausentismo ante los casos, por lo cual es culpable de incumplir sus deberes internacionales con el pueblo.
- Estados Unidos y Suiza, los países de los que provienen las empresas en cuestión, son responsables por permitir que las sucursales de sus empresas no respeten los derechos humanos.
El jurado ha pedido a los movimientos sociales, organizaciones políticas y sindicales y a los ciudadanos en general que continúen en la lucha para hacer respetar los Derechos Humanos. En sus declaraciones, el jurado propone al país entero fortalecer el boicot a los productos de estas voraces multinacionales. Solicita, a los medios de comunicación masiva no mantenerse en silencio ante los abusos, pues este silencio sólo promueve el desconocimiento de los hechos, y por eso, permite a estas empresas continuar con sus abusos. Y, finalmente, el tribunal recuerda que, con su comportamiento, las empresas Transnacionales no sólo nos roban los recursos, sino nuestra propia alma.
Esta audiencia, en la que se examinaron sólo las empresas alimentos, es la primera de una serie que se realizará en territorio colombiano para examinar las prácticas de diversas empresas en el terreno de la biodiversidad, de la explotación del petróleo y de la explotación del oro. Adicionalmente, se analizarán temas como el de los servicios públicos y el genocidio indígena.
Dichas audiencias son parte de un plan de trabajo que va hasta julio de 2008. Para esta fecha se espera que el Tribunal Permanente de los Pueblos dicte un veredicto tajante que será llevado ante los tribunales nacionales e internacionales por daño a la humanidad.
Si encuentras un error, selecciónalo y presiona Shift + Enter o Haz clic aquí. para informarnos.
