Por: Carlos Jaime Fajardo – 13 de Marzo de 2011
Las diferentes teorías de los megamonopolios sobre cómo extraer mayores ganancias en los procesos productivos han visto en los países oprimidos un fortín de mano de obra barata, siendo ésta una de las ofertas de los gobiernos colombianos para las firmas de los TLC.
En los noventa se dijo que para lograr una mayor productividad se necesitaban procesos de reconversión industrial y flexibilización laboral. Hoy, adicionalmente, se propone desarrollar el capital humano, que tiene gran incidencia en la educación, tanto básica como superior. De ahí que la política del gobierno pasado y del actual haya sido incrementar las capacidades laborales por medio de unas competencias que restringen la educación a la tecnificación, pues no les interesa que la población tenga una visión amplia del mundo, por considerarla excesiva: prefieren ofrecer una educación pobre para pobres. Esto, con el fin de disminuir el trabajo necesario para producir una mercancía, obteniendo mayores ganancias sin encontrar resistencia.
Por eso, cuando el gobierno habla de ampliar cobertura se refiere a programas técnicos y en función de las necesidades de los monopolios, como sucede con la propuesta que hizo Santos de dejar la financiación de las universidades públicas a la empresa privada, consolidando la tendencia de los últimos veinte años sobre los fines mercantiles de la educación. En la misma lógica, la Secretaría de Educación de Bogotá ha entrado a realizar convenios en más de cien colegios con diferentes instituciones técnicas, coincidiendo con la política santista de encontrar en la problemática social una gran oportunidad para la inversión. En ese marco, el que sea gratuita la educación básica no quiere decir que no sea neoliberal.
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