Colombia: mujeres bajo ataque

Cada 29 horas una mujer es agredida en Colombia por defender los derechos humanos, mientras los responsables por estos hechos gozan de casi total impunidad.

Por: Marcela Zuluaga Contreras – noviembre 8 de 2021

Era una noche muy calurosa la del 20 de junio de 2021. No había ni una mínima brisa que refrescara a las cientos de personas que, sin poder contener el llanto, la veían allí, junto a la estación de Policía, desfigurada y tirada en el piso en medio de un charco de sangre. A Luz Helia Solarte la habían matado los uniformados cuando abrieron fuego con fusiles contra una multitud desarmada que se manifestaba en Manaure, un pequeño municipio del norte de Colombia cercano a la frontera con Venezuela, por el asesinato a balazos de José Soto Guevara, un joven de apenas 19 años, ocurrido el día anterior en medio de un cuestionado procedimiento.

A Luz Helia, una humilde enfermera de 41 años, todo el mundo la conocía en Manaure por un liderazgo comunal que, incluso, la había llevado a ser candidata al concejo del municipio en las elecciones de 2019. Por esto, el crimen generó una profunda indignación entre la población que la despidió a ella y a José en un multitudinario funeral al cual no asistió ninguna autoridad a dar explicaciones por lo ocurrido, como tampoco ha pasado con ninguna de las 33 víctimas fatales de disparos de la Policía en el marco del paro nacional contra el gobierno de Iván Duque que sacudió al país sudamericano entre el 28 de abril y el 26 de junio de 2021, siendo esta la protesta más importante en la historia reciente de Colombia.

Una agresión cada 29 horas

Luz Helia no es la única mujer que ha resultado afectada por esta violencia. Prácticamente no hay día en que en Colombia no se registren agresiones contra personas que defienden la naturaleza, los derechos humanos o la igualdad de género. Quienes quieren silenciar sus denuncias, adueñarse de sus territorios o beneficiarse de la destrucción de sus ecosistemas no dudan en recurrir a amenazas, detenciones ilegales y hasta asesinatos en su contra, dejando al país como el más peligroso del mundo para ejercer cualquier tipo de liderazgo social. Luz Helia figura entre las 67 mujeres y 347 hombres que, desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016, se suman dentro de este macabro conteo de muertes al que nos hemos acostumbrado los colombianos, mientras las víctimas y sus familias reclaman que se haga justicia y se tengan garantías para defender los derechos de todos.

Aunque no parezca preocupar a nadie dentro de las autoridades en Colombia, esta situación ha llamado la atención de diversas organizaciones civiles a nivel internacional, pues comparando lo que ocurre en Colombia con el resto del mundo, el país sudamericano registra los mayores niveles de agresiones a ambientalistas y defensores de derechos humanos. 

Global Witness, una organización civil internacional que desde 1993 investiga la violencia contra quienes protegen la naturaleza, asegura en su más reciente informe anual que Colombia es el país más letal en el planeta para las personas defensoras de la tierra y el medioambiente en 2020, con 65 de las 227 víctimas registradas en el mundo.

Según el informe, la violencia contra quienes defienden los ecosistemas de quienes buscan depredar sus recursos no solo se ha agravado en tiempos de la pandemia de la COVID-19 sino que muestra una situación especialmente grave en Colombia, puesto que este país no solo produce casi un tercio de todas las víctimas registradas en el mundo sino que ha aumentado el número de estos homicidios a un paso muy acelerado en los últimos años: mientras se contaron 25 asesinatos tanto en 2017 como en 2018, este número ascendió a 64 en 2019 y el año pasado las muertes alcanzaron un pico histórico de 65. Al respecto, Global Witness señala que “un tercio de estos ataques fueron contra indígenas y afrodescendientes, y casi la mitad fueron contra personas dedicadas a la agricultura a pequeña escala”. De estas personas, 7 eran mujeres: Alba Alexandra Pizanda Cuestas, Ana Lucía Bisbicús, Gloria Ocampo, Juana Perea Plata, María Nelly Cuetia Dagua, Mary Luz Pérez Camaño y Virginia Silva.

Por su parte, Front Line Defenders, una organización fundada en Irlanda para la proteción de defensoras y defensores de derechos humanos,  muestra  en su último informe que el panorama en Colombia durante 2020 fue el más violento de la última década, encabezando el listado de países en los que se persigue el liderazgo social con una alarmante cifra de 177 asesinatos, superando de lejos a Filipinas con 25, Honduras con 20 y México con 19.

Para las mujeres que, como Luz Helia, ejercen algún tipo de liderazgo social esta situación implica un doble riesgo, pues, de una parte, se les agrede por ser lideresas y, por otra, de forma específica por ser mujeres, por lo cual sus victimarios recurren a la violencia sexual, las amenazas en contra de sus familiares y al desprestigio público para poner en cuestión sus capacidades para liderar. No solo ha aumentado la letalidad de los ataques sino que los responsables buscan que no puedan participar en la vida pública o incidir en el destino de sus comunidades.

Esto solo se ha agravado en medio de la pandemia de la COVID-19. Según la Defensoría del Pueblo, durante 2020 se presentaron 302 agresiones contra lideresas, es decir, más o menos cada 29 horas se dio un ataque contra una lideresa, mientras los responsables por estos hechos gozan de una casi total impunidad. Entre las agresiones más comunes que se registran contra las lideresas sociales en Colombia se destacan: amenazas de muerte, acoso en redes sociales, intimidaciones a través de medios electrónicos o en los lugares de trabajo, robos de información, violencia sexual, detenciones arbitrarias, desapariciones, desplazamientos forzados, ataques físicos, secuestros, torturas, destrucción de bienes, amenazas a sus familiares y asesinatos.

Tabla 1: Lideresas agredidas en Colombia durante los últimos 3 años. Fuente: Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo de Colombia.

Jugando con las cifras

A pesar de los datos que presenta la Defensoría, otras instituciones del Estado no mantienen los mismos registros. En respuesta a un derecho de petición presentado por El Turbión, la Fiscalía General de la Nación reportó haber recibido denuncias por 280 amenazas, una agresión sexual y 16 casos de lesiones personales entre enero y agosto de 2020. Esto podría deberse a que la Defensoría es una institución del ministerio público sin funciones judiciales y a que la Fiscalía colombiana es la encargada de la investigación criminal, por lo que tiene otra manera de validar quién es líder social y quién no, lo cual ha sido cuestionado por organizaciones defensoras de derechos humanos a través de los años porque el ente investigador estaría empleando desde hace tiempo tecnicismos legales para desdibujar las circunstancias de estos crímenes y reducir así las cifras.

En febrero de 2021, el presidente Iván Duque, quien ha sido criticado por afectar la independencia de la Defensoría, la Fiscalía y la Procuraduría al imponer a sus amigos personales y aliados políticos como jefes de estas instituciones, controladas hoy por Carlos Camargo, Francisco Barbosa y Margarita Cabello, respectivamente, anunció que dichas instituciones crearían una metodología de medición y un registro común para las agresiones a líderes sociales “teniendo como base fundamental las investigaciones que adelanta la Fiscalía General”. Al respecto, diversas organizaciones defensoras de derechos humanos y sectores académicos han mostrado su preocupación no solo por la cooptación desde el Ejecutivo de funciones que deberían estarle vedadas sino porque la política estatal le estaría dando prioridad a las cifras y no a ofrecer garantías para mitigar los riesgos hacia los líderes sociales. En otras palabras, el gobierno colombiano ha optado por contar muertos en lugar de prevenir las agresiones.

El anuncio tampoco fue bien recibido por los organismos internacionales. La representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero, señaló que:

Sería un error creer, frente a lo que está ocurriendo en el país, que el objetivo principal es acordar cifras. Lo importante es prevenir los asesinatos, ataques y amenazas […] Cada amenaza, cada ataque, cada asesinato contra los defensores tiene como objetivo acallar su labor y esto cercena la democracia y el Estado de derecho.

En este mismo sentido, Lourdes Castro, directora del programa Somos Defensores, una propuesta independiente de organizaciones no gubernamentales para prevenir agresiones contra los defensores de derechos humanos, aseguró que “los órganos de control […] no tienen que plegarse hacia estrategias del Gobierno porque, si no, dejarían de ser órganos de control, ¿quién controla a quién?”.

Agrega Castro que quien tiene el mejor monitoreo sobre estas agresiones en el Estado colombiano es la Defensoría del Pueblo y que es muy preocupante que “su sistema de alertas tempranas quede supeditado a lo que diga la Fiscalía […] El fiscal general tiene antecedentes en el manejo de las cifras que dan poca confianza”.

Ante este panorama en el registro oficial cobra gran relevancia el trabajo de investigación que realizan diversas organizaciones de periodistas, activistas y defensores de derechos humanos, así como los registros independientes sobre estas agresiones a líderes y lideresas sociales, pues los datos obtenidos de ellas permiten contrastar las valoraciones del gobierno sobre este tipo de violencia. Dos de las más conocidas son las de Somos Defensores y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ).

Tabla 2. Asesinatos de líderes sociales y defensores de DD.HH en Colombia

Respecto al aumento de las agresiones registrado por las organizaciones defensoras de derechos humanos en medio de la pandemia, Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), una plataforma que promueve el ejercicio de los derechos civiles y políticos, señala que:

Los grupos armados ilegales comenzaron a hacer el control territorial de quiénes podían y no podían salir. Varios conflictos, lamentablemente, por el hecho de la pandemia, fueron ocultados y las comunidades quedaron solas y muy aisladas […] Eso permitió que en muchos territorios esa ilegalidad fuera tomando mayor poder y mayor presencia, y pudiera irse expandiendo.

Por su parte, Leonardo González, integrante de Indepaz, afirma que una de las razones por las que matan a los líderes y lideresas tiene que ver con los incumplimientos del acuerdo de paz, pues este “precisamente, trata de blindar de seguridad a las comunidades, trata de fortalecer a las víctimas. Cuando no se cumple se pone en riesgo a las comunidades y esa es una de las grandes falencias”. 

Por esto, coinciden estos defensores de derechos humanos, es necesario que paren los señalamientos de parte del Gobierno contra quienes ejercen el liderazgo social y que se les brinde garantías reales para su protección, más allá de los números con que se da cuenta del fenómeno. Esto, por supuesto, pasa por comprender a qué tipo de riesgos están expuestas las mujeres que luchan cada día por defender los derechos de todos y el papel fundamental que cumplen en la reconstrucción del movimiento social colombiano.

Ser mujer y lideresa en Colombia: la resistencia dentro de la resistencia

A pesar de los riesgos, la lucha social de muchas mujeres como Luz Helia continúa y quienes defienden los derechos humanos y de la naturaleza cuentan con reconocimiento de parte de sus comunidades, lo que les permite seguir adelante con su labor en sus territorios y promoviendo acciones de impacto colectivo por su gente. 

Este reportaje, que también puedes consultar en su versión completa en Mujeres Defensoras es el resultado de una investigación trasnacional desarrollada en Colombia por Marcela Zuluaga de El Turbión y en México por Verónica Basurto y Animal Político, gracias al apoyo de Mediabridge e International Media Support y a las amorosas donaciones de nuestros lectores.

En esta investigación nos acercamos a tres lideresas que tienen en común su resistencia y defensa por los derechos humanos y el medio ambiente. Aunque trabajan en contextos diferentes, su lucha y esfuerzos por un porvenir mejor para sus comunidades es la misma.

Una maestra convertida en defensora de derechos humanos que ha investigado y denunciado los crímenes contra sindicalistas en Colombia, una indígena wayúu que lucha en medio del desierto contra la expansión minera que mata de hambre y sed a su pueblo en el norte del país, y una  indígena awá que quiere evitar que las selvas del suroccidente en las que su pueblo ha habitado desde tiempos ancestrales sigan siendo despojadas por los cultivos de uso ilícito y los grupos armados son algunas de las protagonistas de estas historias.

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