Mayo 3 de 2008
El Tribunal Internacional de Opinión sobre desaparición forzada identificó las causas y dinámicas de los crímenes de Estado en nuestro país durante las últimas dos décadas. Como su nombre lo indica, este tipo de juicios son una forma particular de impartir justicia, que escapa a la lógica de la justicia estatal, pero que no por eso es menos importante, pues su objetivo es generar un debate alrededor de esta crítica situación para lograr el esclarecimiento de la verdad, entendida como bastión principal de la justicia.
Con un soporte histórico, político y jurídico, el Tribunal Internacional de Opinión sesionó y falló los días 24, 25 y 26 de abril, publicándose el veredicto el pasado lunes 28. Su desarrollo y conclusiones tienen gran importancia en la historia del país, pues recoge lo que ha sido el proceso de los distintos capítulos del Tribunal Permanente de los Pueblos con un tema que atraviesa todas las problemáticas analizadas en dichas sesiones, como es la desaparición forzada como delito de lesa humanidad.
El tribunal estuvo presidido por el belga Francois Houtart, profesor emérito de la Universidad Católica de Lovaina, director del Centro Tricontinental, secretario ejecutivo del Foro Mundial de Alternativas, miembro del Consejo Internacional del Foro Social Mundial de Porto Alegre y presidente de la Liga Internacional por el Derecho y la Libertad de los Pueblos. Además de él, hicieron parte del mismo reconocidos defensores de derechos humanos, como son: Patricia Dahl, de Estados unidos; Raquel Warden, de Canadá; Lelia Ghanem, de Líbano; y Omar Fernández y Eduardo López, por Colombia. La convocatoria fue realizada por la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), el Proyecto Justicia y Vida, y el senador Alexander López, de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, y contó con la participación de un grupo significativo de víctimas, que decidieron apoyar la causa, algunos rindiendo los testimonios que sirvieron de soporte al fallo.
Hay que advertir que el trabajo del Tribunal de Opinión no se reduce a los tres días de sesión, sino que hace parte de todo un conjunto de redes de denuncia provenientes de las organizaciones sociales que encontraron en éste un espacio para abrir los ojos a la opinión pública acerca de la realidad del país.
La historia de Colombia no había sido mejor ilustrada que en el debate generado por el Tribunal. La identificación de la desaparición forzada como una estrategia política de control hace de su examen una herramienta útil para ahondar en todos los problemas nacionales y es por ello que, en la identificación de causas y consecuencias, el Tribunal pudo dibujar con claridad cuál ha sido la historia detrás de la historia.
La principal causa de la desaparición forzada, según el Tribunal, es la desigualdad social, agudizada con la globalización productiva y financiera. Esta desigualdad fue la que, conforme se describió, ocasionó que se fundaran monopolios y clases con tal poder que se instalaron definitivamente en el aparato institucional, penetraron los partidos políticos, crearon y financiaron grupos de paramilitares para garantizar su status quo y su expansión por el territorio colombiano. La desigualdad también se muestra como la principal causa de la organización armada insurgente y de un conjunto de eventos que desembocaron en un recrudecimiento de la guerra que no ha cesado, y como la responsable de que no fuera posible diferenciar entre la disputa por el poder económico y el político, patrocinada por países con intereses estratégicos sobre nuestro país, como Estados Unidos.
A partir de este contexto, y observando que la mayoría de “las víctimas pertenecían a organizaciones sociales, movimientos y partidos políticos, organizaciones comunitarias y de derechos humanos o simplemente vivían en zonas de conflicto”, el tribunal concluye que las desapariciones forzadas, que según se afirmó superan las 30.000, son “fruto de una estrategia oficial y sistemática de lucha contra adversarios políticos y contra los grupos desfavorecidos, que se organizan en movimientos sociales”.
Pero el tribunal también identificó responsables directos: por una parte el Estado, en especial mediante la Fuerza Pública y los paramilitares, quienes han operado de manera conjunta; los terratenientes, grupos empresariales y trasnacionales; y, finalmente, países con intereses geoestratégicos como Estados Unidos.
Su finalidad era demostrar cómo la desaparición forzada no es un hecho aislado y cómo su existencia e incremento da cuenta del fortalecimiento del aparato represivo; de la vigencia de las consignas de los movimientos sociales y de la necesidad de su consolidación. El veredicto, que no es un texto muy extenso, se convierte ahora en una valiosa arma para demostrar, no sólo en el plano internacional sino en nuestro mismo territorio, que no vivimos en un país soñado y que es necesario asumir compromisos de cambio.
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