Por: Elis Zapata Alfonso – abril 21 de 2012
El proyecto de construcción de un hotel siete estrellas en el parque Tayrona se viene fraguando desde hace dos años, pese a que el día de su posesión Juan Manuel Santos se comprometió con los cuatro pueblos indígenas que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta a no permitir que nada ni nadie perturbase su memoria, su paz, su naturaleza, su cultura, su hogar, ni su templo. Sin embargo, los pormenores de este proyecto no eran un asunto desconocido para Santos, su gobierno, ni los habitantes de Santa Marta. En palabras del mandatario: “éste es un proyecto que traerá progreso a la región”.
Todo comenzó en noviembre de 2009, cuando Stefan Saldarriaga, de la empresa Mickmash que obtuvo la representación de la multinacional hotelera Six Senses, exploró algunos terrenos en el departamento del Magdalena, en zona de los ríos Mendihuaca y Buritaca. Poco después hizo otras visitas: la primera en diciembre de 2009, la segunda a finales de enero de 2010 y una tercera en febrero del mismo año. En la segunda de éstas, Saldarriaga visitó el lugar con Itthi Yossundra, de Six Senses. El interés de Mickmash y la Six Senses era un terreno estratégicamente posicionado junto al mar Caribe, en el corregimiento Palomino (municipio de Dibulla, La Guajira). Sin embargo, Carlos Castaño Uribe, ex director de parques nacionales naturales de Colombia y ex viceministro de ambiente, señaló que “el área escogida en Palomino correspondía a una zona de resguardo indígena por lo que debía ver otro lugar”.
De esta manera, entre marzo y abril de 2010, los inversionistas de Mickmash siguieron buscando un lugar para ejecutar su proyecto hotelero. Evaluaron otra posibilidad en la península de La Guajira, pero de nuevo tuvieron que descartarla debido a que ésta es una franja de protección étnica. Carlos Castaño Uribe planteó que se hiciera en el parque Tayrona, entre los sectores de Cañaveral y Arrecifes, de manera que ese mismo día se reunieron los interesados, entre ellos Felipe Santos Calderón, quien tiempo después se retiró tras conocer las ambiciones electorales de su hermano, Juan Manuel Santos.
De inmediato, se empezaron a adelantar los trámites de los títulos de propiedad de la zona, pues pese a que es un área protegida y zona de reserva forestal, según la Ley 2 de 1959. Los títulos de propiedad pertenecen a algunos miembros del grupo empresarial Daabon, de propiedad de la familia Dávila Abondano y nacido en 1914 para administrar sus cultivos de banano y haciendas ganaderas en el departamento del Magdalena.
La siguiente visita de Saldarriaga a la región la hizo acompañado de Shalma Díaz Granados, de Proexport. Una vez se reunieron con el grupo Daabon, los inversionistas de Mickmash se comprometieron a conseguir todos los permisos y licencias necesarios.
La historia de la licencia ambiental
El abogado samario y activista Alejandro Arias denunció que la licencia le fue otorgada a Julio Sánchez Sierra, como propietario de las tierras, para construir doce ‘eco cabañas’ en una extensión de 24.000 metros cuadrados y establecer dos muelles en las dos playas que tiene el predio. La licencia ambiental otorga permisos para el vertimiento de aguas negras en todas las etapas de la construcción y puesta en funcionamiento.
Las obras comenzaron con la exploración de aguas subterráneas, pero el ministro de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de ese entonces, Juan Lozano, revocó en una segunda resolución las restricciones que le había impuesto en una primera autorización, entre ellas el aprovechamiento de bosques y la exploración de aguas subterráneas, mediante la resolución 0631/2009.
Así mismo, la coordinadora del grupo de consulta previa del Ministerio del Interior y de Justicia de aquel entonces, Paola Bernal, afirmó que “no se registran comunidades indígenas en el área denominada sector Arrecifes-El Cabo en el Parque Nacional Tayrona”, basándose en el argumento de que el Gobierno Nacional no ha reconocido ni legalizado nigún resguardo en la zona.
Así, la licencia fue expedida sin que se cumplieran mesas de concertación con las comunidades indígenas que habitan la zona y cuya existencia no es admitida por el Estado. De acuerdo con la directora de Parques Nacionales Naturales de Colombia, Julia Miranda, “no era requisito legal hacer la consulta previa en el área del proyecto, dado que la Ley establece que se debe realizar sólo en sitios de resguardo indígena claramente delimitados”.
Sin embargo, ninguna de las dos funcionarias mencionó que en 1973 el gobierno reconoció que esta zona hace parte del territorio de los cabildos indígenas de la Sierra Nevada, lo cual fue corroborado en 1995, de manera que cualquier proyecto ubicado allí debe ser consultado con los cuatro cabildos, sin excepción alguna.
Finalmente, una resolución de julio de 2010 autorizó a Julio Sánchez Sierra para que cediera la licencia ambiental en favor de la sociedad Reserva Los Ciruelos SAS y cambiara el objeto del proyecto para pasar de la construcción de las doce ‘eco cabañas’contempladas inicialmente a la de un complejo hotelero siete estrellas. El tamaño de este proyecto traería un grave impacto ambiental, con repercusiones incalculables en la flora y la fauna terrestre, acuática y endémica.
La importancia de la Sierra Nevada de Santa Marta
La Sierra está ubicada en el norte de Colombia, entre los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira. Es la mayor elevación cercana al mar independiente de la cadena montañosa de los Andes. Tiene todos los pisos térmicos, desde el cálido seco hasta las nieves perpetuas de cuyo deshielo nacen lagunas y ríos a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Alrededor de los 29 ríos principales viven innumerables aves y monos aulladores.
La Unesco la declaró Reserva de la Biosfera y Patrimonio de la Humanidad en 1979, dada la red de ecosistemas que albergan innumerables formas de vida y que son hogar de varias comunidades indígenas.
La cultura que habitó la Sierra Nevada en época precolombina fue la Tayrona. Luego de la Conquista, su población de alrededor de un millón de personas disminuyó hasta desaparecer. Hoy sobreviven cuatro pueblos indígenas que conservan diversas tradiciones ancestrales y que suman alrededor de 30.000 personas: koguis, arhuacos, wiwas y kankuamos.
Actualmente, de la mano del proyecto para construir un complejo turístico de estas características, que sólo podría ser visitado por los más ricos del mundo, los ecosistemas de la Sierra Nevada y las comunidades indígenas que habitan en ella se enfrentan a una amenaza que pone en riesgo el delicado balance de esta importante reserva biológica del planeta.
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