Abril 22 de 2008
Siendo Estados Unidos un país al borde de la crisis y con una aguda pugna al interior de sus clases gobernantes, debates como el de las relaciones internacionales serán los más álgidos entre los partidos que detentan el poder durante todo este año electoral. Dentro de la agenda del Congreso de Estados Unidos se encuentra la definición de tres tratados comerciales: con Panamá, con Corea del Sur y con Colombia.
Pero, para el gobierno de George W. Bush, el más estratégico de estos pactos, en los sentidos comercial y de seguridad nacional, es el TLC con Colombia, por eso es que el actual gobierno norteamericano ha mantenido entre ceja y ceja el TLC, enviando el documento al Congreso, controlado por la oposición demócrata.
Este documento tenía 90 días para ser votado por las dos cámaras legislativas, confiando en que el Partido Demócrata iba a apoyar sus tesis, a pesar del anunciado rechazo por parte de sus parlamentarios. Aunque el TLC fue suscrito en Washington, a finales de 2006, por Colombia y Estados Unidos, éste se mantuvo en el escritorio de la alta representante comercial Susan Schwab, en espera que el Congreso norteamericano lo aprobara para entrar a ejecutarse de la misma manera como fueron firmados los tratados con Centroamérica y el NAFTA (México y Canadá).
Entre los argumentos de la mayoritaria bancada demócrata para votar en contra se encuentran el alto índice de asesinatos y violación a los derechos humanos de los sindicalistas colombianos y que el tratado no respeta algunas normas de protección del medio ambiente. Pero, tal vez, el argumento más fuerte de los demócratas ha sido que antes de aprobar el tratado es necesario aprobar un paquete económico que le haga frente a la crisis que enfrenta el país y la inexistencia de un Ley de Ajuste Comercial interna, para beneficiar a los trabajadores estadounidenses que se verían perjudicados por el tratado con créditos para el pago de impuestos, seguros médicos y ciertas facilidades para conseguir empleo.
Bush, junto con el gobierno colombiano, había preparado las condiciones para obtener la favorabilidad de los votos del Congreso. Por ejemplo, la embajadora Carolina Barco, asesorada por Burson-Marsteller –por cierto, principal estratega de la campaña de Hillary Clinton–, organizó visitas a de más de 50 parlamentarios estadounidenses a Colombia para convencerlos de las bondades de aprobar el TLC. Igualmente, Luis Guillermo Plata, ministro de Comercio, Industria y Turismo, declaró ante algunos medios de comunicación que en Colombia, desde 2002, se han disminuido en un 80% las agresiones contra los sindicalistas.
A pesar del plazo de 90 días, el Congreso norteamericano decidió, el 10 de abril, realizar la votación frente al TLC con Colombia. El resultado fueron 224 a favor del congelamiento y 195 en contra. Pero, aunque una de las objeciones de los demócratas había sido el problema de la violencia contra el sindicalismo en el país, el debate previo a la votación se centró en que la Cámara debía recuperar el liderazgo que Bush ha impuesto durante los últimos años.
De ese debate también es importante resaltar los argumentos de los republicanos, que se centraron en que Colombia –o, más bien, el gobierno de Uribe Vélez– es el principal aliado actual de Estados Unidos y no firmarlo significa dar una cachetada a un gobierno que les ha apoyado incondicionalmente. Quizá el argumento más mencionado es que el TLC es un problema de Seguridad Nacional, que es de carácter estratégico en cuanto a fortalecer la oposición a regímenes del corte del venezolano o, como lo ellos los han llamado, “falsos populismos”.
Lo cierto es que hoy la mirada a la suspensión de la aprobación del TLC no sólo se puede quedar en esos argumentos. Por ser ésta una época preelectoral, donde esta en juego amortiguar la crisis en el país del norte, la definición de la bancada predominante y una nueva presidencia que conjure dicha situación, el TLC se convirtió principalmente en una decisión de carácter político, pues es sabido que de ser aprobado por la bancada demócrata,
los principales sindicatos muy seguramente retirarían sus votos a ese partido. Es posible que, luego de las elecciones del 4 de noviembre, en los siguientes años y una vez reacomodado el panorama político en Estados Unidos se retome el tema, teniendo en cuenta el papel que ha jugado el gobierno colombiano como aliado.
En este sentido, el tiempo podría aminorarse, de ser elegido John McCain, candidato republicano; o prologarse, de ser elegido Barack Obama o Hillary Clinton, precandidatos demócratas. Así mismo, este plazo depende de las elecciones legislativas que se desarrollarán en 2010.
Y allí podrían pasar dos cosas: en un primer escenario, ya sin las presiones electorales y con seis meses de ‘avances concretos’ frente a la situación del sindicalismo en Colombia, los demócratas lo considerarían en sesiones extraordinarias. Sería un voto muy cerrado de todas maneras, pero pasaría por uno o dos votos. Bush se retiraría de la Casa Blanca con el tratado bajo el brazo, el nuevo presidente no tendría que responder por su aprobación y los legisladores demócratas que votaron favorablemente contarían con dos años más para justificar su voto antes de las nuevas elecciones legislativas.
En un segundo escenario, con la postergación del tratado, es decir, con el triunfo de los demócratas, las cosas se enredarían un poco para ellos. Existe la presión por parte de los sindicatos frente a la violación de derechos sindicales en Colombia, con casos tan complicados como el asesinato de dirigentes en las embotelladoras de Coca-Cola y las ejecuciones de al menos 22 sindicalistas en lo corrido de este año. A la vez, se encuentra la presión por parte de los grandes grupos económicos, en ciertos sectores estratégicos, que necesitan la aprobación del tratado. Por ejemplo, Susan Schwab, en entrevista para U.S. News, afirmó que “para una empresa como Caterpillar, los mercados combinados de Perú y Colombia son más importantes que los de Japón, Alemania o el Reino Unido”.
Es, entonces, de vital importancia resaltar dos cosas: una, cómo la presión de las centrales sindicales evitó la firma inmediata del TLC con Colombia, tanto por razones internas como externas, y, dos, que es posible que cuando a Uribe se le salga de las manos la supuestamente próspera y sostenible economía, que se mantiene de los hoy abundantes dineros circulantes, le eche la culpa a la no firma del TLC.
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