Junio 27 de 2008
El pasado 29 de mayo en Guatemala fueron condenados cinco integrantes de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) por un tribunal de ese país. Los familiares de las víctimas y algunos de los sobrevivientes, que no habían sido escuchados ni atendidos y que por el contrario estaban atemorizados, tomaron esta sentencia como uno de los más grandes avances a nivel humanitario, ya que es la primera vez que un país centroamericano visibiliza y castiga una tragedia de este tipo.
A pesar de las 150 muertes registradas –aunque se estiman 250.000 victimas de desaparición y asesinato a manos del ejército y los paramilitares durante la guerra civil que vivió este país durante 36 años–, los condenados fueron sentenciados solamente por 26 de estas a 30 años de prisión. La masacre tuvo lugar durante la dictadura militar de Efraín Ríos Montt, durante la cual las comunidades indígenas fueron duramente atacadas y violentadas.
Entre 1980 y 1983 fueron asesinados y torturados más de 150 indígenas de la etnia Achí, en Río Negro (Guatemala), según los datos recogidos por la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH). La dolorosa desaparición de esta etnia inició en 1975, cuando el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) presentó un proyecto para construir una hidroeléctrica en la cuenca del Río Chixoy. Con esta represa desplazarían a una zona árida a esta comunidad, cambiando sus modos, hábitos y formas de supervivencia agrícola y pesquera, y, finalmente, acabando con la tradición milenaria que la etnia había construido en relación con sus centros ceremoniales y lugares sagrados.
Genocidio indígena con patrocinio estatal e internacional
El Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), instituciones que financiaban el proyecto del INDE, y compañías internacionales como Motor Columbus (Suiza) e International Engineering Company (EEUU), entre otras, negaron tener algún tipo de conocimiento y de complicidad en estos hechos, iniciados con la desaparición de varios líderes indígenas y con afirmaciones del ejercito guatemalteco en el sentido de que la comunidad tenía nexos con la guerrilla y se resistía a entregar las tierras, justificando así las muertes y torturas de los Achí y la conformación de un grupo paramilitar, denominado Patrullas de Autodefensa Civil (PAC).
Las PAC estaban formadas por parte de la población civil de Xococ, una comunidad vecina que anteriormente comerciaba con los Achí hasta que el ejército empezó a desprestigiarlos. Las PAC fueron organizadas y entrenadas por los militares para exterminar los movimientos guerrilleros y para mantener el control sobre las comunidades mayas. De esta manera, mataron de manera violenta a machetazos, disparos o colgando de los árboles a hombres, mujeres y niños Achí, de los cuales sólo 18 lograron sobrevivir, según datos aportados por los testimonios y por la investigación que recogió la CEH, una de las organizaciones que ha mostrado a nivel internacional el desplazamiento brutal y las violaciones a los derechos humanos que se cometieron contra esta comunidad indígena.
El ejército justificó sus crímenes y la formación de estos grupos paramilitares, que antes de 1983 eran ilegales, argumentando que “era una respuesta de los guatemaltecos honrados para defender su vida y patrimonio frente a las organizaciones de delincuentes terroristas marxistas-leninistas”. Así, desde el año 1982, se implementó en el Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo de Guatemala la formación e importancia de este grupo paramilitar conformado por civiles que luchaban contra los insurgentes, exterminando cualquier acto de resistencia.
Si encuentras un error, selecciónalo y presiona Shift + Enter o Haz clic aquí. para informarnos.
