Líderes comunales y organizaciones comunitarias de distintas localidades de Bogotá asisten a las reuniones donde se discuten las propuestas de reforma al POT - Foto: Ernesto Che Mercado Jones

Líderes comunales y organizaciones comunitarias de distintas localidades de Bogotá asisten a las reuniones donde se discuten las propuestas de reforma al POT - Foto: Ernesto Che Mercado Jones

Por: Omar Vera – marzo 22 de 2013

Una ciudad pensada en que la disfrute sólo el que pueda pagarla, con sistema de transporte inadecuado para los sectores populares, que ignora su amplia ruralidad, que consume gran parte de los recursos naturales de la región y no protege su importante patrimonio hídrico es la herencia de trece años de aplicación del actual Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en Bogotá. Una arriesgada apuesta política de la actual administración del Distrito Capital, que pretende incluir una amplia participación ciudadana, puede significar la clave para una transformación profunda de la ciudad en los años por venir.

A pesar de las múltiples críticas que le caben a la actual administración, como alcalde, Gustavo Petro ha demostrado su disposición a asumir los costos políticos de decisiones riesgosas que sus antecesores, Luis Eduardo Garzón y Samuel Moreno, no estuvieron dispuestos a correr, como ocurrió con la decisión de tumbar el viejo modelo de recolección de basuras, controlado por grandes monopolios privados, lo que le ha traído una fuerte arremetida de opinión en contra por los problemas de implementación del nuevo sistema durante las escasas semanas de transición y por una campaña de los grandes conglomerados de medios en su contra que busca desprestigiarlo y sacarlo del camino.

Cambiando el modelo de ciudad con participación ciudadana

A pesar de esto, la actual Administración Distrital se ha mantenido con fuerza en el Palacio Liévano y hoy se juega una carta fundamental para el futuro de la capital colombiana, al tratar de reformar temas fundamentales del actual POT, contando con la participación ciudadana y comunitaria como principal fuente de insumos para la nueva política territorial de la ciudad más grande de Colombia.

El nuevo POT definirá la carta de navegación en materia de desarrollo urbanístico y política social de la ciudad y su modificación seguramente traerá consigo una polémica sin precedentes, pues la actual normativa, aprobada durante la administración de Enrique Peñalosa Londoño y contenida en el Decreto 619 de 2000, es considerada como un asunto intocable por la elite bogotana, principal beneficiaria de la actual política territorial de la capital.

Para José Cuesta, subdirector de asuntos comunitarios del Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal (Idpac), la Administración Distrital busca “garantizar que haya una ciudad más democrática, más compacta, más igualitaria y ordenada de forma mucho más racional” y la participación de dirigentes comunales y ciudadanos de las veinte localidades de Bogotá resulta fundamental para “un disfrute democrático de esa ciudad, [para] la apropiación democrática del territorio”. El funcionario asegura que con la antigua política territorial “lo que hicimos fue construir una ciudad al revés y esta modificación excepcional del POT nos permite ponerla al derecho”.

Líderes comunales atentos a las explicaciones de los expertos del POT - Foto: Ernesto Che Mercado Jones

Por este motivo, la semana pasada fue declarado un “cabildo permanente” que ha contado con múltiples reuniones de discusión entre funcionarios de la alcaldía e integrantes de las Juntas de Acción Comunal y múltiples procesos comunitarios en Suba, Candelaria, Santa Fe, Usme, Chapinero, Teusaquillo y Usaquén, así como con un foro presidido por la directora del Idpac, Aura Deissy Ruíz Alzate, realizado en el auditorio de Corferias el pasado 6 de marzo, y un espacio llamado “Diálogos  Comunales sobre POT”, realizado el 11 de marzo en las instalaciones del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). Este mecanismo de participación buscaría incentivar una alta participación en la discusión sobre el POT y que la ciudadanía tenga más peso en las decisiones que tome el Concejo Distrital luego de que, el próximo 2 de mayo, el alcalde Petro presente la nueva propuesta de política de territorio para Bogotá al cabildo.

Según Mauricio Katz, subsecretario de Planeación de la Inversión del Distrito y uno de los cerebros tras este proceso de modificación extraordinaria del POT, lo que la Administración Distrital está promoviendo “es un proceso amplio de legitimación, de discusión de la propuesta con la ciudadanía; la propuesta va a llevarse al concejo de la ciudad y lo que esperamos nosotros es que mucha gente conozca y tenga la oportunidad de plantear sus inquietudes, sus propuestas  al proyecto y, en esa medida, poder llegar a una discusión política muy fuerte y muy consistente con los honorables concejales y concejalas de la ciudad”.

Cinco puntos claves

La nueva propuesta de POT contiene cinco elementos fundamentales para adelantar un cambio profundo en la ciudad más grande de Colombia durante los próximos años. El primero de ellos, precisamente, tiene que ver con que Bogotá ha tenido un crecimiento desaforado, relacionado con el desplazamiento forzado y la migración masiva desde el campo en las últimas tres décadas, y actualmente tiene 7’636.810 habitantes, siendo Suba, Kennedy, Engativá, Ciudad Bolívar y Bosa las localidades más pobladas. A pesar de esto, Mauricio Katz asegura que “Bogotá tiene menos población que la que se proyectaba en 2000, 759.000 habitantes menos, y eso implica necesariamente repensar la ciudad”, de manera que sus territorios estén preparados para el crecimiento que se dé en los próximos años.

En segundo lugar, la alcaldía busca cambiar el modelo de transporte de la ciudad, de manera que pueda instalarse un sistema multimodal de transporte masivo, que no esté basado en Transmilenio como columna vertebral, pues está colapsado, y que se incluyan otras alternativas que dignifiquen la forma en que la más amplia mayoría de bogotanos se traslada por la capital. En este sentido, José Cuesta señala que “pensar en el metro pesado, en el metro ligero, en el teleférico y en los cables aéreos más el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) es sencillamente empezar a apropiar la ciudad y a construirla desde una perspectiva de multimodalismo para garantizar la democratización y la construcción de la ciudad compacta”. Adicionalmente, se buscaría dar prioridad en las calles para los peatones y desestimular el uso del automóvil particular.

En tercer lugar, con la propuesta se busca cambiar la política ambiental de la ciudad frente a la realidad del cambio climático. De acuerdo con las autoridades del Distrito Capital, es necesario ponerle límites al crecimiento desaforado de una ciudad que hoy consume la mayoría del agua, la energía, los minerales y los alimentos de la Sabana de Bogotá, el territorio agrícola más importante de Colombia, y debe frenarse su ampliación hacia el resto de la región, así como asegurar la conservación y recuperación de las principales fuentes hídricas de la ciudad, el sistema de humedales de la ciudad –conformado por apenas 13 espejos de agua de los 156 que había a inicios del siglo XX– y las cuencas de los ríos Bogotá, Tunjuelo y Fucha, puestas en riesgo por la masiva construcción de viviendas e industrias en sus cercanías. Asimismo, se busca trazar límites al crecimiento urbano sobre los cerros orientales, buscando frenar su deforestación por parte de los monopolios de la construcción.

Mauricio Katz, subsecretario de Planeación de la Inversión de Bogotá - Foto: Ernesto Che Mercado Jones

En este sentido, Mauricio Katz asegura que la Administración Distrital está “planteando la prohibición de la construcción en las zonas de riesgo medio, en la ronda del río Bogotá […] son terrenos donde inclusive se avanzó con licencias de construcción y lo que este POT propone a la ciudad, y que es una decisión de política, es que esas zonas no se van a urbanizar porque […] el desarrollo de vivienda pone en riesgo el patrimonio y la vida de personas muy pobres”, agregando que ésta “es una decisión irreversible”.

El cuarto punto tiene que ver con la incorporación de los territorios rurales de la ciudad al POT, pues al no estar incluidos en la actual normativa distrital las necesidades de los habitantes del 73% de la superficie de Bogotá prácticamente han sido ignorados en las políticas públicas de la ciudad durante la última década. Ante esto, José Cuesta cuestiona a la propia Administración Distrital, preguntándose: “¿cómo es posible que un asentamiento humano dentro de una zona rural de Bogotá no exista para la administración y para la institucionalidad? […] No existen, son invisibles”.

Por último, la propuesta de nuevo POT incluye una serie de medidas para simplificar las normas urbanísticas de la ciudad, que Mauricio Katz considera “un cambio muy importante” para el desarrollo  futuro de Bogotá, ante los procesos de densificación, concentración de población y revitalización urbana que contempla la propuesta de la Administración Distrital y que busca alimentarse hoy de los aportes de la comunidad.

Comunales: inquietos por el nuevo plan

Sin embargo, los dignatarios de las Juntas de Acción Comunal y las organizaciones comunitarias de la ciudad consideran que las medidas contempladas en el nuevo POT deben ir mucho más allá y garantizar mayores condiciones de dignidad para la población de los sectores populares y restricciones a las grandes empresas que operan en la ciudad para garantizar la conservación de los ecosistemas de los que dependen los bogotanos para sobrevivir.

Hugo Mendoza, líder comunal de la localidad de Santa Fe y habitante de los cerros orientales, asegura que en el actual ordenamiento territorial “hay una inseguridad jurídica para los habitantes históricos, pero para los que son los dueños de la economía, para los pulpos de la construcción, no hay leyes”, pues mientras se ha exigido a los habitantes de los barrios populares existentes en esta zona que no construyan ni amplíen sus viviendas o se han proyectado “obras que lo que han hecho es expulsarnos del territorio”, según asegura Mendoza, hacia el norte se siguen edificando “urbanizaciones cerca de La Calera […] donde ya están haciendo construcciones de estratos cinco y seis” y se está “desbaratando toda la estructura ecológica de los cerros orientales”, como en “Usaquén, donde están las cárcavas [minas a cielo abierto] que dejaron las multinacionales del cemento y las multinacionales de la construcción”.

En esta propuesta de modificación del POT con participación de las comunidades, don Hugo Mendoza ve una gran posibilidad para que sean escuchados los reclamos que la población de los barrios populares de la zona oriental de la ciudad frente al Plan Centro, una de las políticas contenidas en el antiguo POT que, en su opinión, buscaba “expulsar a todos los habitantes centro oriente y de los cerros” para facilitar la especulación financiera en estos territorios y “la depredación de los terrenos para que sea más barato para los pulpos [económicos] después construir”, dejando esta zona para el desarrollo de grandes proyectos inmobiliarios como la Torre Bacatá, es decir, grandes edificios que incluyan vivienda de alto costo, oficinas de las grandes empresas y una activa zona comercial.

En este sentido, el líder comunal asegura que “a partir de la participación, a partir de nosotros mismos, estamos diciendo que el centro tiene que ser revitalizado para que haya vida, para que haya humanidad […] para que los habitantes del centro tengamos derecho al centro”.

El cabildo permanente declarado por la Administración Distrital para la recolección de las propuestas ciudadanas continuará durante las siguientes semanas, hasta completar el proceso de participación en las veinte localidades de la ciudad. Luego de estas deliberaciones con las comunidades y los líderes comunales, se espera tener un documento final que será presentado ante el Concejo de Bogotá el 2 de mayo.

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