Julio 30 de 2008
La audiencia final del Tribunal Permanente de los Pueblos sesión Colombia (TPP) finalizó el proceso de juzgamiento a más de 30 transnacionales con el pronunciamiento y sentencia de los jueces del pasado 23 de julio, visibilizando los diferentes actos cometidos contra los derechos fundamentales por parte de las transnacionales que se han posesionado de tierras, leyes y, en sí, de la justicia colombiana. Hasta hoy, el Estado no ha dado respuesta a esta violación de los derechos humanos. Al contrario, la sentencia logró comprobar los lazos y la responsabilidad del mismo en el control territorial y la explotación laboral que este tipo de empresas han impuesto desde los años cincuenta.
Los casos más representativos de violaciones al derecho internacional humanitario fueron expuestos en todo el transcurso de las preaudiencias y bases de la sentencia final, encontrando casos similares en los diferentes sectores, como el impacto social y cultural que ha tenido la creación de grupos paramilitares en las regiones donde están presentes Nestlé, Coca Cola, Chiquita Brands y Drummond, entre algunas de las implicadas. Cada una ha financiado y patrocinado directamente estrategias mercenarias y paramilitares, incentivando el conflicto armado en Colombia, el desplazamiento de comunidades indígenas y afrocolombianas, la desaparición forzada y la anulación de los derechos laborales, entre algunos de sus crimenes, generando daños culturales, sociales, ambientales y económicos que organismos internacionales, como la Corte Penal Internacional, no han juzgado hasta el momento.
Los métodos represivos que utilizan las transnacionales para controlar plenamente los territorios han dejado un número aún incalculable de víctimas, demostrando que los derechos fundamentales de la población han sido indiscriminadamente violentados por el tipo de políticas que maneja el Estado, donde priman las inversiones extranjeras por encima de las comunidades y sus tierras, aumentando los grupos paramilitares que controlan, de manera coercitiva, a aquellos que se oponen a sus modelos despiadados de acumulación.
La obligación del Estado, como lo indicó el Nóbel de Paz Adolfo Perez Esquivel, quien presidió esta sesión del TPP, “es preservar la vida del pueblo”. Sin embargo, como lo demostraron los diferentes casos examinados por el tribunal, en Colombia se ha privilegiado y preservado el capital financiero con el consentimiento del propio Estado, quedando relegadas las muertes, torturas y violaciones cometidas contra mujeres, hombres y niños por el supuesto desarrollo que las transnacionales proponen a través de la globalización.
Los hechos probados y la sentencia
Las declaraciones internacionales sobre los derechos humanos fueron la base de los juzgamientos del tribunal, el cual, después de dos años de largas investigaciones, dio su sentencia final, afirmando que una condena moral es en lo cual ellos pueden incidir, brindando el conocimiento de estos casos a la comunidad internacional para que se conozcan los violentos actos cometidos por las transnacionales en Colombia, donde la mayoría coinciden en la violación de derechos civiles y políticos, esto en relación con el asesinato y desaparición de sindicalistas, campesinos e indígenas, a quienes se les ha violado también el derecho a la vida y a la integridad.
Los derechos sociales y culturales, como el derecho sindical, han sido violados de manera sistemática por parte de paramilitares, comprobándose el vínculo de estos grupos con el Estado, en quien recae la mayor responsabilidad de este tipo de crímenes de lesa humanidad, apoyados por las mismas transnacionales con armas y financiación, según los datos aportados por la sentencia del tribunal.
El derecho a la libertad de circulación fue otro de los estimados dentro de la violación de los derechos por parte de las transnacionales, pues hay cifras que indican el desplazamiento de cuatro millones de personas para poder explotar las zonas petroleras, pero también el desplazamiento y la destrucción inhumana de comunidades indígenas por parte de paramilitares en territorios donde se da la palma africana, beneficiando transnacionales como Multifruits, Urapalma o la Maderera del Darién, entre algunas.
La sentencia señala, también , las violaciones al derecho a la salud, debido a las fumigaciones con glifosato por parte Dyncorp y al reetiquetamiento de la leche vencida por parte de Nestlé, lo que ha producido contaminación del medio ambiente, el aumento de las enfermedades relacionadas con estas actividades.
En efecto, el tribunal consideró que las prácticas de tipo político, económico, financiero y judicial implementadas por el Estado, las transnacionales y las instituciones que cooperan con éstas, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, promueven la desigualdad en todo tipo de aspectos, a tal punto que su afamado desarrollo es sinónimo de pobreza en los países latinoamericanos que aún son manejados por gobiernos que permiten la recolonización de sus pueblos.
En su fallo, el tribunal denunció este tipo de políticas, buscando visibilizarlas a nivel mundial y señalando que deben contrarrestarse, condenando los crímenes y las violaciones contra los pueblos, y dando una serie de recomendaciones propias para la reparación a las victimas y a las comunidades, insistiendo en no olvidar esta destrucción cultural y social.
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