Por: Andrés Gómez – mayo 12 de 2013
El gobierno Colombiano rechazó las recomendaciones de Costa Rica, Eslovenia, Filipinas, Guatemala, México, Perú, Túnez, Turquía, Montenegro y Uruguay para ratificar el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, mecanismo internacional diseñado para mejorar la situación de los presos en los países que lo suscriben. La recomendación fue realizada durante el Examen Periódico Universal (EPU), evaluación cuatrienal organizada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y que tuvo lugar el pasado mes de abril en Ginebra (Suiza).
El rechazo a la recomendación contrasta con la dramática situación carcelaria que se vive en Colombia: mensualmente ingresan entre 3.000 y 3.500 internos a los centros de detención, lo que implica un sobrecupo del 52% a nivel nacional; enfermedades contagiosas y crónicas no son atendidas y la Defensoría del Pueblo denuncia que las condiciones de insalubridad en los penales son una amenaza que puede extenderse a la población al exterior de sus muros; muchas cárceles no cuentan con servicio regular de agua en regiones con más de 30°C a la sombra y en 22 centros de reclusión el agua no es apta para el consumo humano. Además, organizaciones defensoras de los derechos humanos denuncian que presos políticos y comunes son sometidos a tortura.
En Colombia se puede afirmar sin lugar a dudas que estar preso es un castigo corporal y psicológico.
Juan Méndez, relator especial contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas desde 2010, en entrevista exclusiva con El Turbión expresa su opinión frente a la negativa de Colombia de ratificar el protocolo, presenta unas sugerencias al Estado colombiano y describe en qué consiste el mecanismo que la comunidad internacional ha construido para asegurar la dignidad humana de los detenidos en las cárceles.
Andrés Gómez: –¿Qué opinión le merece que Colombia haya rechazado la recomendación de firmar el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes?
Juan Méndez: –El Protocolo Facultativo no es ni más ni menos que otro tratado que los estados están en libertad y soberanía de suscribir o no suscribir, pero la decisión de Colombia de no adherirse es bastante lamentable porque éste es un sistema de visitas periódicas y también repentinas a los países. Además, también obliga a los Estados a crear un mecanismo nacional preventivo contra la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Muchos países latinoamericanos lo están adoptando y es una pena que Colombia no siga la tradición latinoamericana de adherirse a mecanismos internacionales que pueden ayudar a resolver la situación carcelaria.
Ahora, de todas maneras, si Colombia no va a adherir, debería valerse del Sistema de Naciones Unidas. En mi caso, yo soy el Relator Especial contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y dentro de mi mandato están las condiciones carcelarias y, por eso, voy a los países que me invitan, visito cárceles y hago recomendaciones con espíritu constructivo, pero sin dejar de criticar las cosas que se han de criticar.
Lamentablemente, la última vez que uno de mis predecesores, Nigel S. Rodley del Reino Unido, visitó Colombia, fue en el año 1995. Hace 18 años que no hay una visita del relator contra la tortura y me parece que si Colombia no va adherirse al Protocolo ni va a invitar al subcomité ni va crear un mecanismo nacional preventivo, por lo menos debería invitarme a que yo haga una vista a todos los centros de detención en Colombia para poder hacer las recomendaciones del caso.
AG: –Existe la impresión de que a las personas que están en las cárceles no se les debe mejorar las condiciones, especialmente a aquellos que la opinión publica señala como los causantes de los problemas de la sociedad como es el caso de lo prisioneros políticos en Colombia. ¿Qué opinión le merece esta consideración?
JM: -Ni el subcomité ni yo como relator nos pronunciamos si alguien debe estar en las cárceles o no. Eso está bajo el mandato de otro mecanismo como el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, el cual mira si alguien esta preso sin el debido proceso o si alguien ha tenido un juicio injusto. Nosotros nos dedicamos exclusivamente a las condiciones de detención y creo que cualquier persona razonable se puede dar cuenta de que el más peligroso de los delincuentes y los que han cometido los crímenes más odiosos tienen que ser tratados con respeto por su dignidad humana. Respetar la dignidad humana de esas personas respeta nuestra dignidad como sociedad. El hecho de que hayan cometido crímenes o sean personas peligrosas no puede implicar que estén sometidas a tratos degradantes, y no sólo por la Ley Internacional sino por la conciencia humana.
Por ejemplo, una persona puede estar detenida y cumplir una sentencia pero no se le debe negar atención médica, no se le puede negar acceso a la comida y al agua. Esa famosa frase que todavía usamos, ‘al preso, a pan y agua’, la conciencia universal la ha abandonado hace mucho tiempo y nadie puede decir honestamente que si una persona ha cometido un delito grave, entonces, tiene que sufrir penalidades que van más allá de la prisión misma, que tienen que ver más con sufrimiento físico o mental, situaciones que están directamente prohibidas por los derechos internacionales, pero, como digo, también por la moralidad misma.
AG: –En Colombia se negocia la paz. ¿Firmar el protocolo se podría tomar como una muestra de intentar resolver el conflicto desde las vías políticas por parte del Estado?
JM: –Por supuesto. Los mecanismos del Protocolo, que son las vistas internacionales del Subcomité y la creación de un mecanismo nacional [que sea] preventivo, independiente e imparcial, son soluciones que, a largo plazo, crean confianza y que, si se insertan en una negociación, contribuyen a que las partes resuelvan sus diferencias y suscriban la paz. Por supuesto que no es lo único que hay que hacer, pero, como medida estratégica para mirar hacia un país distinto, es lo que normalmente se trata de hacer en las negociaciones de paz. Es una medida esencial y me parece importantísima de adoptar y no es tan complicada.
AG: –¿Qué ha cambiado en otros países donde se ha ratificado el Protocolo?
JM: –Bueno, el subcomité ha estado visitando otros países: ha estado más de una vez en México, en Paraguay, en Argentina, y en todos los casos se han hecho recomendaciones que, en mayor o en menor medida, se están implementando. Creo que el hecho de abrirse a este tipo de vistas ya es, de por sí, una muestra de buena voluntad por parte de los Estados. Lo contrario, negarse a la vistas, a nuestras visitas, tanto del Subcomité como la mía, es una indicación de que no hay voluntad política de resolver problemas muy serios que comprometen la responsabilidad internacional del Estado.
Ahora, eso no indica nada en el sentido de mantener la situación o de corregirla. Por supuesto, podría darse el caso de un Estado que no quiere vistas internacionales, pero que de todas maneras invierte en las cárceles, modifica la legislación para contribuir al descongestionamiento, en fin, podría darse el caso, pero lamentablemente no conozco muchos ejemplos de eso. Más bien, los países que encuentran soluciones a largo plazo al problema carcelario, lo hacen valiéndose de la comunidad internacional y de sus mecanismos, pero también con alto grado de compromiso interno.
Una visita del subcomité o una visita del relator no resuelve los problemas ni mucho menos. Por el contrario, es necesario un compromiso interno y, también diría, una atención de la opinión pública del país, porque lamentablemente las cárceles en todos los países del mundo son la última prioridad del aparato político del Estado y solamente se empiezan a corregir estas cosas con el concurso de la sociedad civil y con la concientización de la opinión publica sobre lo grave que es tener cárceles hacinadas y en donde se practica la tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Situación que no solamente es grave moralmente, es también la peor manera de combatir el crimen en nuestras sociedades
AG: –¿Cuál es la característica de los países que no han querido suscribir el Protocolo?
JM: –Primero, el Protocolo Facultativo es un tratado más o menos reciente: llegó a los 50 Estados parte hace un año nada más, de manera que es un proceso. Hay Estados que ratifican más rápido, otros tardan más. No se puede generalizar. Hay Estados que no lo van a ratificar nunca porque quieren tener malas condiciones carcelarias, otros no lo van a ratificar no porque tengan problemas con las condiciones carcelarias mismas sino con la injerencia interna y hay Estados que lo van a ratificar a su debido tiempo. Ahora, aunque es un poco difícil generalizar, los Estados que deciden concientemente no ratificar tienen que estar conscientes de que están en compañía de algunos Estados que son notorios violadores de los derechos humanos.
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