Por: Ina Azafrán* – agosto 16 de 2009
Ante la persistente amenaza por parte de las fuerzas paramilitares en el nordeste antioqueño, los campesinos y las campesinas han optado por la figura de refugios humanitarios de resistencia para defender su condición de campesinos y no ser convertidos en desplazados. Para ellos, su empeño está en no dejar sus tierras en poder de las balas enemigas, en no dar la razón a los de siempre en este país. Ellos resisten, cultivan la tierra y construyen sus sueños.
En 2004 se realizó la primera acción humanitaria y de ésta nació Cahucopana, organización de iniciativa campesina que surgió como respuesta a la crisis humanitaria desatada por los operativos combinados entre militares y paramilitares, proponiendo una resistencia civil organizada y pacífica, que denunciara la violación de los derechos humanos, especialmente el desplazamiento forzado y las violaciones sexuales.
Ese mismo año se desarrolló un operativo militar desde Cañaveral, que avanzó hasta Carrizal y produjo el desplazamiento de una buena parte de la población, mientras que otra permaneció en su territorio. La población que permaneció en Carrizal y resistió fue inmovilizada por la Fuerza Pública, que decretó la prohibición de extracción de oro –único trabajo que tenían muchos–, y ejerció un control de entrada y salida del caserío.
En el momento de dejar el caserío, los militares le advirtieron a la población que la situación iba a empeorar, pues detrás de ellos venían los paracos: el miedo y la intención de desplazarse eran sentimientos comunes por esos días en Carrizal.
Ante esta situación de terror y para impedir el desplazamiento masivo desde otras veredas, se organizó el primer refugio humanitario de resistencia en Lejanías. Sin embargo, la presencia del Ejército y el rumor de la llegada de los paramilitares sembraron un vaho de terror en toda la región, impidiendo la llegada masiva de los campesinos al refugio.
Los militares se mezclaron con la población civil, hostigaron desde adentro e intentaron controlar el día a día del refugio, lo que cambió con la llegada del acompañamiento internacional, que replegó a cerca de 1.000 uniformados hacia la zona montañosa cercana. El segundo campamento se desarrolló en Cañaveral, también ante una amenaza de desplazamiento por incursión militar y paramilitar. El tercer refugio humanitario de resistencia se desarrolló en Puerto Nuevo Ité, en 2007, pero nuevamente el terror latente en el ambiente impidió la presencia masiva de la comunidad. En asamblea, decidieron realizar un foro en Barrancabermeja para discutir la situación concreta de la región en materia de derechos humanos. Tanto las instituciones del Estado como distintas organizaciones sociales estaban invitadas, pero la ausencia de las primeras llevó a la comunidad a realizar una acción de hecho: la toma de un comisariato de Ecopetrol que se encontraba abandonado.
En ese momento se realizaba en Barranca una feria ganadera, con la presencia de importantes comerciantes y del presidente Uribe Vélez. Los ganaderos, temerosos de la toma por parte de los campesinos, pidieron al presidente que interlocutora con la comunidad para que retornara a sus tierras.
Se negociaron entonces tres puntos: retorno al territorio con garantías políticas; nombramiento de dos defensores del pueblo, uno para el sur de Bolívar y otro para el nordeste antioqueño –punto que aún hoy no se ha cumplido–; cese de fumigaciones y garantías para la sustitución de cultivos. Uribe Vélez, en pleno consejo, prometió garantías de retorno con el único fin de que la feria ganadera, que reportaría millonarias ganancias y empoderamiento de la clase política, se pudiera llevar a cabo sin mayores debates, pero los campesinos no recibieron nunca la protección debida del Estado.
Los campesinos retornaron a sus tierras, dejaron la toma en Barrancabermeja y siguen esperando y exigiendo al Estado el cumplimiento de los acuerdos a los que han llegado desde los años 80 y que no se han cumplido en estos casi 30 años.
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