Por: Camila Ramírez – julio 30 de 2009
La sabana de Bogotá es la primera región productora de flores del país. La población que trabaja en los cultivos de la región actualmente es de 70.000 trabajadores, lo que representa aproximadamente un 10% de la población total de los municipios de esta zona del centro del país, siendo éste es el medio de subsistencia para sus hogares. Sin embargo, mientras los grandes empresarios del sector señalan que su actividad ha sido golpeada en los últimos años, las trabajadoras y los trabajadores aseguran que la crisis de la floricultura ha estado presente desde los inicios de esta labor, pues los dueños de los cultivos sólo han buscado constituir uno de los principales monopolios económicos del país, por encima de la salud y los derechos esenciales de quienes laboran en esta agroindustria.
Las grandes empresas, sean colombianas o multinacionales, concentran su atención en la calidad y competitividad del producto, recargando el trabajo a los operarios y operarias: en el caso de las mujeres, que generalmente realizan el trabajo de las ‘camas’ para preparar las flores de exportación, en los años 70 debían trabajar un tope de ocho ‘camas’ diarias cada una, en los 80 la cantidad aumentó a 24, en la década de los 90 llegó hasta las 42 y actualmente se habla de 60 o más camas que debe atender cada obrera, por el mismo salario y en las mismas horas de trabajo.
Con la llegada de la multinacional Dole, los pagos trabajos empezaron a ser realizados según especialización y resultados, aumentando la recarga laboral en el sector entre un 30% y un 40%. La reforma laboral de 2002 hizo que el recargo nocturno pasara a ser efectivo después de las diez de la noche, cuatro horas más tarde de lo establecido en la legislación anterior, obligando a los trabajadores a trabajar un número de horas mayor para obtener los mismos ingresos. Actualmente, varias de las empresas del sector han optado por no pagar las horas extras, utilizando una estrategia de ‘compensación de tiempo’.
Los trabajadores se enfrentan a situaciones degradantes, hasta el punto en que no pueden pedir una cita médica en las horas de trabajo, no tienen derecho a enfermarse y sus accidentes de trabajo no son reportados a las Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP). Además, las empresas incumplen frecuentemente con el pago de los aportes de seguridad social y no dan respuesta alguna a los pedidos de sus empleados en materia de salud, vivienda y educación.
Entre el 60% y el 70% de las personas que trabajan en los cultivos son mujeres: las empresas prefieren contratarlas por considerarlas supuestamente más sumisas, ya que las condiciones económicas las obligan a trabajar en lo que salga, son más disciplinadas y, por esto, estarían en menor disposición para participar en organizaciones sindicales.
Estas mujeres, que en algunos casos sólo hicieron la primaria y en otros tuvieron la oportunidad de hacer apenas algunos niveles del bachillerato, son en su mayoría madres cabeza de familia y cumplen cada día con una extenuante jornada laboral que se inicia a la madrugada, cuando se levantan y entran a trabajar, y en la que no se conoce la hora de salida. Además, dentro de los cultivos las mujeres enfrentan frecuentemente el acoso sexual por parte de los supervisores, en casos que nunca son denunciados por temor a la pérdida del empleo con el cual pueden mantener a sus hijos.
Los empleados tienen enfermedades a raíz de la recarga laboral y los plaguicidas, como dolores en las manos, caderas y piernas, fiebre, enfermedades en los pulmones, perdida de visión e infertilidad en las mujeres. El uso de plaguicidas y agroquímicos ha generado contaminación en el aire, en el agua y en los suelos, así como el deterioro de la salud de los trabajadores que, en la mayoría de casos, se encuentran en constante riesgo, pues hay empresas que no les entregan la dotación necesaria para trabajar de manera segura.
La crisis económica, adicionalmente, ha multiplicado otras problemáticas, como la cancelación de contratos sin caussa justificada, dejando una cantidad creciente de desempleados: en 2008, Asoflores anunció la pérdida de más de 22.000 empleos en los últimos cuatro años y el cierre de 25 empresas. Los trabajadores, en algunos casos dedicados por más de 20 años a este oficio, son los más afectados y junto con su familia, sufren las consecuencias y asumen los costos reales de una crisis que no afectará sustancialmente los intereses de sus empleadores.
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