Por: Rafael Rincón Patiño* – agosto 8 de 2007
La palabra árbol no está escrita ni una sola vez en el Plan de Desarrollo de Medellín (Medellín: compromiso de toda la ciudadanía, Acuerdo municipal 03 de 2004), en cambio, la palabra vía aparece 64 veces. Parece una curiosidad, pero esa frecuencia refleja patéticamente la desproporción que existe entre el verde y el gris en la administración de la ciudad: esa curiosidad descubre la ciudad proyectada.
El inquilino de la Casa de Prado, alcalde Sergio Fajardo V., hace cuatro años recibió el aval electoral de la Alianza Social Indígena (ASI) para hacer campaña política y fue ungido por la líder indígena Eulalia Yagarí con el bastón jaibaná para que, como mandatario de los espíritus, protegiera la salud de la naturaleza. El entonces candidato Fajardo V., además, hizo su campaña entregando semillas de guayacán a sus potenciales electores. El verde ambiental ondeó en las banderas del candidato que enarboló el compromiso ciudadano con el medio ambiente y vistió de desarrollo humano integral su propuesta política. Medellín parecía oxigenarse.
Fue el merchandising electoral, la imagen para conquistar los votos de los estratos 4, 5 y 6 de una ciudad fragmentada. Pero hoy la realidad es otra: veintitrés mil árboles talados, según el Colectivo Ambiental de Medellín, es el balance depredador de la actual administración.
La prioridad del cemento sobre las zonas verdes se hizo evidente. El proyecto de ciudad como espacio para el encuentro ciudadano se fue al piso con los proyectos de movilidad de los consumidores y la especulación urbana de los constructores. El alcalde terminó gobernado por los constructores y los almacenes de grandes superficies. La corresponsabilidad terminó siendo el subsidio municipal a las multinacionales –Carrefour, Éxito, Home Center, Bancolombia, etc–.
Hay publicidad política engañosa cuando los candidatos se visten de verde y, sin ningún reato de conciencia, aprueban la tala de 23.000 árboles y el desplazamiento de miles de pájaros. Puede más el beneficio a los centros de poder que el interés general de un medio ambiente sano y de calidad de vida.
El gobernante está obligado a cumplir lo prometido y debe dar ejemplo de cumplimiento de la ley. El resultado de no cumplir lo prometido, de no acatar las leyes (Ley 388 de 1997, Ley 99 de 1993 y Acuerdo 03 de 2004), es una ciudad enajenada: la ciudad contratada.
Medellín no es la ciudad del consenso, no es la ciudad de la ley: es la ciudad de los contratistas, es la ciudad bilateralmente gobernada. Una ciudad tejida por los negocios, es una ciudad privada, es la ciudad entregada a los caciques legales e ilegales.
Una ciudad lejos de ser una ciudad de todos porque es una ciudad por contrato, una urbe parcelada con alcalde gobernado, una ciudad des regulada, una ciudad para los más fuertes, una ciudad modelo para desarrollo del mercado. Una ciudad para visitar, pero no una ciudad para vivir.
De hecho, quienes realmente la gobiernan no viven en ella ni pagan impuestos en ella. Ellos viven en las afueras de la ciudad, en sus casaquintas de Llanogrande, en el segundo piso, lejos del mundanal ruido que ellos generan, y el poder real, el Capital, vive en los bancos suizos o en Miami.
La ciudad de los contratistas es la ciudad de ellos, es la ciudad de los otros, es la ciudad sin ciudadanía. Es una ciudad que justifica con publicidad un esperpento como las pirámides de la Avenida Oriental para dividir la urbe en Medellín oriental y Medellín Occidental, y, un kilometro más arriba, donde la Avenida Oriental toma el nombre de Avenida El Poblado, allá sí se construye un paseo de jardines para los estratos 5 y 6, para el Medellín financiero, para la milla de oro.
En otro lado de la ciudad, otro contratista toma otra decisión: no recortar carriles sino agregar carriles. La Avenida 33 queda, como el texto del Plan de Desarrollo, sin un árbol, queda con amplias posibilidades de movilidad y lista para que el próximo contratista de los parquímetros llegue a hacer su negocio, sin haber invertido un solo peso, a sacarle renta al suelo.
Un modelo neoconservador de desarrollo para apalancar los negocios de los poderosos y dar contentillo a los más pobres. Medellín es el modelo del desarrollo por contrato.
La llamada Vía Distribuidora, por ejemplo, una vía paralela al Metro, no se hace por el sistema de valorización: se hace con los impuestos de todos. Veinticuatro mil millones de pesos para los más ricos, para ‘des embotellarlos’, para que puedan llegar en carro a sus lugares de trabajo, a sus universidades, para que los negocios de la Milla de Oro tengan más ventas. La llamada Vía Distribuidora es la vía no distribuidora, es la Vía de la Injusticia.
El medio ambiente en el desarrollo por contrato es un segundón, es un palo en la rueda de los especuladores. El desarrollo por contrato de la administración Fajardo V. es una propuesta que emplea un lenguaje socialdemócrata para imponer un modelo neoconservador. Urbanismo social, corresponsabilidad, seguridad democrática, desarrollo humano integral e inclusión son categorías, formas vacías de justicia para mitigar las consecuencias depredadoras del modelo. Es la jerga de la Cumbre Social al servicio de la Agenda de Davos.
El desarrollo por contrato, sin políticas públicas, sin consenso, es un Caballo de Troya para una propuesta política que reclama ciudadanía.
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* Director de háBeas Corpus, Consultorio de Derechos y Gobernabilidad.
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