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Octubre 1 de 2007

La multinacional exportadora de banano Chiquita Brands, que ha operado en Colombia desde finales del siglo XIX, fue condenada el pasado 25 de septiembre por Royce Lamberte, juez federal de los Estados Unidos, al pago de una multa por la suma de 25 millones de dólares, cifra acordada desde marzo de este año, luego de que la empresa admitiera que, entre 1997 y el 15 de mayo de 2004, realizó más de 100 pagos correspondientes a 1,7 millones de dólares a las Autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU).

La condena

En las últimas semanas, fiscalía y abogados de la empresa mostraron satisfacción con la multa fijada, que es la más grande que se ha planteado al tenor de la legislación antiterrorista. Sin embargo, los familiares de las víctimas y su representante, Paul Wolff, se muestran inconformes porque el monto determinado no responde a los cuantiosos ingresos de la entidad, por el hecho de que esta suma vaya al tesoro estadounidense y no a las víctimas, y por la falta de reconocimiento de una responsabilidad individual de los directivos de la empresa implicados en el caso, sobre los cuales se propone la solicitud en extradición por parte del Estado Colombiano.

Pero la impunidad en el fallo no sólo se predica del monto y su destinatario sino también del tipo de sanción, que, al parecer, se presenta como una forma de limpiar la imagen de la multinacional, desconociendo la responsabilidad individual de las personas naturales implicadas. Lo mismo se puede afirmar de las condiciones en que se dio la confesión de la empresa, pues luego de que se acordara la suma a ser aprobada por el fallo condenatorio, los voceros de la multinacional fueron enfáticos en que no se dejarían extorsionar por los eventos acaecidos en Colombia, reafirmando el papel de víctima asumido por ellos con la aceptación solapada, en la que a la vez que se reconocían los pagos se argüía la supuesta protección de la entidad. Papel que conserva al interior de la justicia colombiana, donde sólo existe una investigación por extorsión en la que la empresa figura como la afectada.

El historial

Desde que su razón social era United Fruit Co., esta empresa se ha destacado como referencia del intervencionismo norteamericano. Un evento muy importante de nuestra historia –que, afortunadamente, la literatura se ha negado a dejar en el olvido, pero que, infortunadamente, la administración de justicia se ha encargado de mantener en la impunidad– es el referido a la masacre de las bananeras de 1928, en las que miles de huelguistas de esta empresa fueron brutalmente asesinados, tras un mes de presión para mejorar las condiciones laborales.

La huelga había iniciado el 12 de noviembre en las poblaciones de Ciénaga y Santa Marta, y tuvo su fin el 5 de diciembre del mismo año, cuando se le prometió a los huelguistas que se entrevistarían con el gobernador del Magdalena en la estación del tren de Ciénaga, recibiendo, en lugar de ello, una orden impartida por el general Carlos Cortés Vargas de que desalojaran en 5 minutos, tras los cuales se empezó a disparar contra la multitud.

En 1970, debido a su fusión con otra empresa, la United Fruit modificó su denominación a United Brands Company y, finalmente, en 1990 se llamó Chiquita Brands. Con presencia en Centro América y el Caribe, gracias a ella se empezó a emplear con fuerza el término de República Banana, especialmente después de impulsar el golpe de estado contra Jacobo Árbenz, presidente de Guatemala, por haber efectuado una reforma agraria con la que la empresa se vio gravemente afectada, pues más de 390 mil hectáreas de la empresa fueron nacionalizadas. Árbenz renunció el 27 de junio de 1954 y tuvo que partir al exilio. Otro dato poco divulgado es que en esta empresa tenían intereses personales el secretario de Estado del gobierno estadounidense, John Foster Dulles, y su hermano Allen, entonces director de la CIA, de allí se entiende porqué se atribuye a este último organismo el diseño de la estrategia golpista.

Por otra parte, la Comisión de Cambios y Valores de Estados Unidos impuso una multa a Chiquita Brands correspondiente a 100.000 dólares, en octubre de 2001, por haber sobornado a empleados de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN) para que le expidieran la licencia aduanera y portuaria en el municipio de Turbo, en el Urabá antioqueño.

Así mismo, aunque no hay mayor precisión sobre el asunto, la multinacional se encuentra relacionada en el computador de ‘Jorge 40’ y habría garantizado el ingreso de 3.000 fusiles AK-47 para las AUC, en el barco Otterloo al Urabá en 2001. Evento último por el cual la OEA inició investigaciones en el año 2002, tras las declaraciones de Carlos Castaño en las que destacaba el hecho como una conquista militar.

Sigue pendiente también, la investigación en contra de una empresa de seguridad privada, constituida por varias ‘Convivir’, que otrora fuera la fachada para realizar los pagos a las Autodefensas bajo el rubro de “Seguridad”. Asuntos todos, sobre los que la justicia doméstica no ha procurado claridad y ante los cuales hasta ahora han surgido forzosos pronunciamientos del gobierno.

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