Por: Thomas Quirynen – 3 de junio de 2010
El 5 de junio de 2009 terminaron abruptamente 55 días de protestas pacíficas en la región de la Amazonía peruana. Murieron 34 personas cuando las fuerzas policiacas desalojaron violentamente a miles de indígenas que protestaban. Hoy, un año más tarde, las raíces de las protestas persisten: las comunidades indígenas siguen luchando por sus tierras y su forma de vida. Por eso, la conmemoración de la masacre no es simplemente un recordatorio de la perdida de vidas sino también una ocasión para hacer un llamado a los gobiernos a tomar medidas para proteger estos territorios, el pulmón verde del planeta.
Aunque la conciencia ecológica crece globalmente, la destrucción de la selva amazónica continúa con indiferencia de las personas. Gran parte de la selva tropical del Perú está concesionada a empresas mineras y petroleras: solamente las concesiones mineras abarcan casi el 14% de la superficie de las tierras y más del 75% de la Amazonía peruana está concesionada a la industria petrolera. El gobierno peruano promueve abiertamente la máxima sustracción posible de sus recursos naturales, según dice, con el fin de combatir la pobreza y asegurar el desarrollo del país.
Irónicamente, fueron las zonas más pobres del Perú las que comenzaron a protestar contra esta política, alegando que provoca más sufrimiento y ninguna ganancia para esas regiones. Estas protestas llevaron a la masacre del 5 de junio, hecho que ahora se conoce en Perú como el Baguazo. Ese día, 34 personas murieron en el enfrentamiento entre la policía y los indígenas. No obstante, estos sucesos fueron sólo la culminación de un continuo proceso que comenzó mucho antes.
En 2008, la población indígena se toma las calles como una respuesta a 102 nuevos decretos que significarían un retroceso en los derechos territoriales de los pueblos originarios. El presidente Alan García afirmó que los nuevos decretos eran necesarios para la implementación del TLC con los EEUU, pero, según la población indígena, trece de estos decretos eran inconstitucionales y necesitaban ser derogados inmediatamente. Las protestas resultaron en promesas incumplidas y la larga espera de los indígenas, un año más tarde, hizo que surgieran nuevas tensiones.
En abril de 2009, las comunidades indígenas decidieron comenzar con una nueva protesta por tiempo indefinido. Iban a continuar hasta el final, hasta que los decretos fueran derogados.
El Baguazo
La protesta, que duró casi dos meses, terminó el 5 de junio de 2009, cuando la policía desalojó violentamente una barricada formada por las comunidades indígenas en las cercanías de Bagua. Ese día murieron 34 personas y decenas fueron gravemente heridas. Roger Petsa Najantai, por ejemplo, fue baleado en las dos piernas. Después de cuatro meses de terapias, pudo levantarse, pero nunca podrá volver a trabajar la tierra.
Más tarde, el mismo día, varios líderes indígenas fueron encarcelados y posteriormente procesados. Tras los hechos, la estrategia de comunicación del gobierno fue maliciosa, engañosa e incluso racista. Se usaron cortos de televisión para retratar a los protestantes como salvajes, el presidente llamó a los indígenas “ciudadanos de tercera clase” en la televisión nacional y los habitantes de la selva tropical fueron públicamente acusados de ser los obstructores del desarrollo del Perú.
El tono del gobierno cambió solamente después de la presión internacional. Los “salvajes” se transformaron en ‘hermanos’ y se gestó un diálogo. Cuatro de los trece decretos fueron derogados y se formó una comisión de la verdad para investigar el Baguazo y buscar soluciones duraderas. Aunque los informes de la comisión fueron publicados a fines del año pasado, subsisten muchas preguntas. A final de cuentas, el informe sólo fue firmado por la mitad de la comisión y los indígenas se negaron a firmar, puesto que
encontraron que el informe era parcializado.
Hasta hoy, el diálogo demuestra ser difícil. Al volver a Perú, el presidente de la Asociación Internétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango, fue arrestado inmediatamente. Luego del 5 de junio, el gobierno lo señaló como el principal responsable del Baguazo y el tuvo que escapar del país, pidiendo asilo en Nicaragua. Aunque fue liberado 24 horas más tarde, bajo rigurosas condiciones, los cargos graves sobre él no han sido revocados.
Para los líderes indígenas, la esperanza por la derogatoria de los cuatro decretos, que hacía parecer que el gobierno peruano estaba escuchando sus demandas, se alternó con una profunda decepción: hace un mes se entregaron doce nuevas concesiones petroleras, casi todas en territorio indígena. De esta manera, se violan los derechos indígenas consignados en la Ley, contradiciendo las recomendaciones de la OIT. En febrero de 2010, el organismo internacional recomendó que el gobierno peruano “suspenda la exploración y explotación de recursos naturales que afectan [a los pueblos indígenas]” hasta que se hayan desarrollado las consultas previas y otros mecanismos de participación, de acuerdo con la Convención 169 de la OIT sobre los derechos de los pueblos indígenas.
A la apertura de las nuevas concesiones le siguió la creación de una nueva ley para la consulta previa, la cual fue aprobada por el Congreso peruano el 19 de mayo. Esta ley garantiza la consulta a las comunidades indígenas afectadas, antes de que los proyectos en sus territorios se implementen. Sin embargo, la ley no aplica para las concesiones recién otorgadas.
Los pueblos indígenas
están ahora entre la esperanza que les da el gobierno peruano al
entregarle señales de concertación y la desesperación por las
continuas violaciones a sus derechos y la criminalización de la
protesta social en Perú. Es por eso que la Aidesep llevará a cabo
una semana de actividades en Lima y Bagua, conmemorando el Baguazo
y haciendo un llamado de atención a la lucha que enfrentan las
comunidades originarias en este punto de la Amazonía.
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