Por: Juan Diego García – junio 15 de 2012
El presidente Santos reitera que la llave de la paz la tiene él de manera exclusiva. En consecuencia, rechaza toda iniciativa que no venga del Palacio de Nariño, de suerte que las organizaciones sociales, los movimientos populares y los partidos políticos quedan relegados a la condición de simples espectadores. Además, en la reciente Cumbre de Cartagena de Indias el primer mandatario de Colombia declaró enfáticamente que no deseaba acción alguna por parte de gobiernos extranjeros.
Estas declaraciones pueden tener sentido en el momento inicial de un proceso de paz, pero, dada la naturaleza del conflicto, resulta bastante obvio que, además del gobierno, cabe un protagonismo de primer orden a las organizaciones insurgentes y a las múltiples expresiones del tejido social y político del país, sin las cuales es imposible llevar a buen puerto un proceso de tales dimensiones. No menos cierto es que las repercusiones regionales del conflicto impiden que se pueda llegar a una solución realmente satisfactoria sin tomar en cuenta los intereses de las demás naciones del área. En consecuencia, más temprano que tarde a este proceso deben vincularse de alguna manera no sólo al resto de los protagonistas locales sino también a los Estados vecinos y, por extensión, todos aquellos que, de una u otra forma, se ven afectados por el mismo.
Si no parece realista pensar en una solución en los términos que propone el actual gobierno, que por demás son prácticamente los mismos de los gobiernos anteriores y que en el fondo se reducen a una rendición de los insurgentes a cambio de ventajas personales, no quedaría más remedio que vincular el fin del conflicto armado a la solución de los problemas económicos y políticos que le han dado origen. Corolario obligado será, entonces, sentar a la mesa de negociaciones a los representantes de los intereses afectados: en primer lugar los grupos alzados en armas, pero igualmente los sindicatos, la oposición parlamentaria y los representantes de iniciativas ciudadanas que expresan reivindicaciones de género, etnia, región y comunidad, a intelectuales, educadores y estudiantes, y a las gentes del mundo de la cultura y la ciencia.
La manera como se articule esta representación de intereses, de manera que el proceso no sea monopolio de la administración ni tan sólo un asunto reservado a gobierno e insurgentes, resulta de gran importancia para empezar con buen pié, para manejar con más soltura los muchos obstáculos que ya aparecen, aún antes de empezar formalmente el proceso, y sobre todo para dar a lo acordado la mayor legitimidad posible. Dada la raquítica legitimidad de las instituciones y las muchas limitaciones de los sistemas de participación política y social que afectan al país, dar al proceso la mayor amplitud posible será clave para comenzar la construcción común de un orden moderno y democrático en el cual los conflictos sociales se puedan resolver de manera civilizada.
No existe, entonces, sólo una llave que abra la puerta de la paz. En el complejo laberinto de la guerra civil colombiana hay muchas puertas por abrir y se necesita un amplio manojo de llaves que deben utilizarse conjuntamente para hacer efectivo el acceso a la reconciliación nacional. Sin duda, Juan Manuel Santos tiene en sus manos una de esas llaves, una muy importante y decisiva, pero lo son igualmente las llaves que esperan en manos de la insurgencia y de las muchas expresiones de la sociedad civil.
Es de igual importancia considerar los llamados factores externos, es decir, los intereses regionales vinculados al desarrollo de la guerra y su solución, que en unos casos se convierten en elementos negativos porque son contrarios a una salida negociada, mientras que para otros la paz resulta esencial para su propia seguridad interna y porque la estabilidad regional constituye un elemento central en el fortalecimiento del actual proceso de integración sudamericana.
Sin duda alguna, el primer factor externo está representado por los Estados Unidos: Washington nunca se ha mostrado partidario de una salida que no sea la aniquilación de la insurgencia o su rendición total. La llamada ‘guerra contra las drogas’ es tan sólo una excusa para justificar su presencia en el país, como una fuerza de ocupación que asciende ya a miles de militares, mercenarios y agentes de todo tipo que participan directamente en los combates. La ‘lucha contra el terrorismo’ no es más que la versión actualizada de la ‘guerra contra el comunismo’ típica de la Guerra Fría y es otra excusa para la intervención en los asuntos internos del país.
En año electoral, es muy posible que no se registren cambios significativos en la posición del gobierno estadounidense. Tampoco está claro que sus diversos grupos de poder vayan a proceder de manera semejante en un eventual proceso de paz. La reciente experiencia de Honduras, que mostró iniciativas del Pentágono independientes de la Casa Blanca, a la cual, se dice, se le impuso la realidad del golpe militar contra Zelaya, bien podría repetirse en Colombia, una pieza muy similar en la estrategia regional de los Estados Unidos.
Por el contrario, para los vecinos de Colombia la paz resulta necesaria para su seguridad y la estabilidad de sus propios procesos. Venezuela y Ecuador, y en menor medida Panamá, ven su territorio afectado directamente, además de convertirse en tierra de asilo de cientos de miles de refugiados. La intervención de tropas colombianas en Ecuador es un precedente gravísimo. Si se admite esta versión de la ‘guerra preventiva’ ya nadie estará seguro, sea que entren tropas colombianas a territorio ajeno, como en Ecuador, sea que se haga la vista gorda o se propicie la acción de grupos de paramilitares al servicio de la oposición, como ocurre en Venezuela. Terminar la guerra en Colombia resulta, entonces, de importancia estratégica para todos.
Mención especial merece Brasil, no porque allí incursionen las tropas de Bogotá o porque grupos de paramilitares colombianos entren a su territorio al servicio de terratenientes y multinacionales. Para el gobierno de Brasilia la cuestión tiene connotaciones de más largo aliento: se trata de impedir que el territorio de un vecino se convierta en avanzadilla que amenace la expansión de sus propios proyectos de integración económica y política. Brasil, dentro de todas sus limitaciones, es una de las economías emergentes del mundo y necesariamente chocará con los intereses de las otras potencias en juego. Más aún si éstas hacen presencia militar de manera tan ostentosa y agresiva.
Conviene señalar aquí que en los últimos años, y ahora de forma mucho mas intensa, los Estados Unidos despliegan un impresionante dispositivo militar en toda el área. La IV Flota navega por todo el Caribe y extiende sus actividades hasta el Atlántico Sur. México, en muchos aspectos, es ya un país intervenido que ha perdido importantes áreas de decisión soberana. A raíz del golpe en Honduras, orquestado directamente desde las bases militares estadounidenses en el país, Tegucigalpa ha concedido una nueva base a Washington. Se multiplica la presencia armada de los gringos en Panamá, de donde supuestamente habían salido tras la devolución del canal. Se habla de un Plan Perú, similar al Plan Colombia, que supondrá bases y facilidades para las tropas estadounidenses en ese territorio. Se acaban de instalar ‘bases humanitarias’ en Chile y, al parecer, también en Argentina. Los marines también hacen presencia en Uruguay, por supuesto, en otra ‘misión humanitaria’. Se refuerza la inmensa base militar en Paraguay instalada ‘para combatir al terrorismo islámico’. Tampoco faltan bases en el Caribe y, de entre todos, se destaca a Colombia con siete bases al servicio del Pentágono y con facilidades de todo orden en prácticamente todo el territorio nacional.
Los brasileños tendrían que ser tontos para no entender que tal despliegue de fuerzas tiene como objetivo principal obstaculizar el avance de su país en la zona, en términos de quitar mercados a las potencias occidentales, asegurarse suministros, garantizar vías de comunicación y alcanzar salidas al occidente mediante la construcción de infraestructuras que le faciliten su acceso a una región, el Pacífico, clave en la economía mundial.
La integración económica de América Latina y el Caribe y la reestructuración de sus relaciones con el resto del mundo, y de manera particular con los Estados Unidos, tiene como complemento indispensable la integración política y la consecución de mecanismos de seguridad y estabilidad que garanticen el proceso. En este orden de ideas, alcanzar la paz en Colombia tiene enorme importancia para este propósito y el llamamiento reciente de Colombianos y Colombianas por la Paz al secretario general de Unasur a fin de que, en nombre de los gobiernos de la región, apoye las iniciativas de paz de gobierno e insurgentes no podía ser más oportuno.
Unasur debería propiciar los avances de un eventual proceso de paz. Es de su interés y está legitimado para hacerlo. En manera alguna significa una intromisión en los asuntos internos de un Estado soberano, ya que no se trata de indicar términos ni exigir formas al proceso, pero sí es legítimo que se anuncie como buena nueva para la región el hecho de una posible negociación política del conflicto armado en Colombia y que la organización ofrezca sus buenos oficios para darle el mayor impulso posible a tal iniciativa. Santos tendrá que reconocer que los vecinos y socios en el proceso de integración regional se juegan mucho en un evento de tal naturaleza. La diplomacia tiene formas y procedimientos para que Unasur pueda proceder de manera adecuada.
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