Por: Luz Edith Cometa – mayo 6 de 2008
Las comunidades indígenas del oriente caucano han venido sufriendo los estragos de la falta de prevención para atender fenómenos naturales, como la avalancha que, hace 14 años, desbordó el río Páez, dejando miles de muertos, cientos de familias desaparecidas, muchos caseríos arrasados y sus posibilidades de vida social, cultural, económica y política, reducidas y amenazadas seriamente.
Ahora, cuando nuevamente se anuncia una tragedia similar o de mayores consecuencias, 11.500 indígenas de 9 resguardos –entre ellos los de Tóez, Tálaga y Avirama; el cañón del Símbola; el casco urbano de Belalcázar; y los de Togoima, Cuetando, Ricaurte y Piscoetafiu– se sienten desprotegidos debido a la ausencia de una política clara de prevención y a la falta de recursos por parte del Gobierno Nacional, que suplan esta necesidad.
“A pesar de que, por ejemplo, en el resguardo de Huila, la gente sólo tendría entre 3 y 5 minutos para llegar a la parte alta de la montaña y defenderse de la avalancha, no se han construido los albergues, ni se han destinado los recursos que permitan una evacuación o unas medidas preventivas reales”, aseguró Jesús Chávez, presidente de la Asociación de Cabildos Nasa Chacha.
Han solicitado la declaratoria de emergencia social y ambiental de la zona, pero las autoridades nacionales han hecho caso omiso y se han limitado a decir que continúa en vigencia la emergencia que fue declarada en 1994. Sin embargo, en la parte operativa no se ven los resultados de tal afirmación.
Ante esa situación de abandono y falta de resultados institucionales, varias ONG y programas internacionales, como el Programa Mundial de Alimentos (PMA), han ofrecido su ayuda directamente a las comunidades a través del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), ayuda que ha sido bloqueada por parte del gobierno que, aduciendo falta de permiso y protocolos adecuados, no ha permitido que lleguen alimentos a los damnificados y afectados por la situación actual.
“Al CRIC no le certificaron que llegara esta ayuda y estamos revisando a ver cómo hacemos para que se cumpla y poder beneficiar a nuestras comunidades”, afirmó Aida Quilcué, consejera mayor de la organización indígena. Así mismo, hizo un llamado a todos los organismos no gubernamentales para que continúen solidarizándose con los indígenas afectados, ya que, a falta de responsabilidad institucional, la gestión debe continuar en otros ámbitos.
La situación para la población es de riesgo general, hay incertidumbre, inestabilidad psicológica, los niños no tienen normalidad en sus clases, la gente no vive normalmente: ése es el ambiente que se vive a diario en Tierradentro. “Uno podría mirar que el gobierno está a la espera, a ver cuántos mueren, cuándo revienta el volcán y cuántos muertos hay para poder atender posteriormente. No hay voluntad para atender la vulnerabilidad actual. Ante esa zozobra y la falta de ayuda del Estado, la misma comunidad debe tomar medidas”, afirmó Quilcué.
En ese sentido, muchos indígenas se desplazaron masivamente al inicio de las alertas. Sin embargo, con el tiempo y ante la falta de garantías para permanecer en tierras extrañas, han ido regresando y dicen que se quedan en sus parcelas, arriesgando sus vidas porque no hay nada seguro en otro lado. Otros, por el contrario, se han ido desplazando hacia Puerto Asís (Putumayo), Silvia y el Tambo, entre otros sectores.
Por el momento, se conoce de 150 personas que se desplazaron hacia el municipio de Puerto Asís, en aras de defender la vida, “pero irse por allá es ir a empezar de nuevo, no tienen vivienda, salud, educación”, afirmó Chavéz.
El secretario de gobierno departamental, Sebastián Silva, afirmó que “lo que no se hizo en 14 años, luego de la avalancha del 94, que es construir unos albergues, en el gobierno actual se está realizando en 3 meses”. El funcionario aseguró que envió tejas, guaduas y madera para el lugar y que otorgó la responsabilidad de la construcción a la Alcaldía Municipal. Consultando a la comunidad del sector acerca de esas afirmaciones, El Turbión conoció otra versión.
“Es cierto que enviaron guaduas y madera, pero ni el número ni la calidad basta para lo que necesitamos. Llegaron unos materiales podridos que no sirven ya para trabajarlos y envían para tapar el techo de los albergues plástico, que se daña con el tiempo y no nos
sirve para la espera permanente en que vivimos”, aseguró Albeiro Bisus, comunicador y líder indígena de la región.
La directora de la Dirección de Atención y Prevención de Desastres, Luz Amanda Pulido, afirmó al respecto que desde el nivel nacional se están realizando, desde hace varios años, las acciones necesarias, pero que el gobierno departamental era el que no aportaba y que, ahora, la nueva administración, a través de su secretario de gobierno, desconoce el trabajo que la entidad ha realizado, según ella, en concertación con la comunidad indígena.
Ante esta realidad, que es sólo la punta del iceberg de la problemática que enfrentan los indígenas Nasa en el oriente caucano, su represente en el Cric, la consejera Aida, afirmó que “la comunidad es triplemente vulnerada: uno, por la emergencia natural; dos, por el conflicto armado, la estigmatización y el maltrato a los jóvenes indígenas por parte de la Fuerza Pública y los diferentes actores armados; y tres, por la ausencia social del Estado y su presencia represiva en los procesos de recuperación de la madre tierra”.
Precisamente, los representantes indígenas han interpuesto una denuncia internacional por la forma en que, siguiendo las últimas indicaciones del presidente Uribe en el consejo comunitario en Popayán de marzo de este año, se está atacando a los indígenas que participan en el proceso de recuperación de tierras, algunos de ellos desplazados del Nevado del Huila. “La Fuerza Pública recibe con disparos a la población indígena, incurriendo en un acto no procedimental y salido de los protocolos de acción que se consagran en la Ley para atender este tipo de situaciones”, manifestó Quilcué.
Sin embargo, el proceso de dicha liberación, que en el momento está suspendido por unos días, dando una tregua al gobernador Guillermo Alberto González para que se siente a hablar sobre el tema, continuará de no obtenerse los resultados que permitan garantizar la reubicación de las familias en peligro de la zona aledaña al volcán, en condiciones dignas de educación, salud y medio ambiente.
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