Por: Luz Edith Cometa L. – octubre 21 de 2008
El pasado 12 de octubre inició la Minga nacional de resistencia indígena y popular, y dentro de alla la movilización de los pueblos indígenas del Cauca, hecho con el cual conmemoraban los 516 años de resistencia y lucha por su vida y sus derechos tras la llegada de los españoles, quienes les quitaron sus tierras, su cultura y su autonomía. Las razones de la movilización, que hoy continúa, son las mismas que tuvieron los indígenas masacrados en 1991 en la hacienda El Nilo, cuando, por un engaño del gobierno, se dispusieron a esperar a una comisión de altos funcionarios que llegaría al día siguiente para hacerles entrega de esas tierras. Sin embargo, en la madrugada, cuando mujeres, niños y hombres indígenas soñaban tranquilos sobre un terruño que iba a ser suyo, llegaron hombres protegidos por la Fuerza Pública y los mataron sin discriminar sexo o edad. Fueron 21 las víctimas de ese entonces.
Tras el reconocimiento de este crimen por parte del ex presidente Ernesto Samper, se ofreció dar como forma de reparación 15.000 hectáreas de tierra, sin que esto quitara el dolor o reestableciera la dignidad de las comunidades. Sin embargo, ni esta promesa ni los demás convenios firmados con los diferentes gobiernos se han cumplido, luego de múltiples movilizaciones y protestas que han contado con altas cuotas de vidas indígenas. En 1999 se firmó, incluso, el decreto 982, por el cual se determinaba entregar estos terrenos a las comunidades, principalmente de origen Nasa, y de eso no se ha entregado ni el 5%. A pesar de esto, el gobierno constantemente cita la entrega de las mismas entre sus rendiciones de cuentas. Entre 2004 y 2006 se volvieron ha realizar movilizaciones, cada una con altas cuotas de sacrificio indígena y campesino, todas ellas sólo con resultados en el papel.
Los hacendados del Cacua y funcionarios del alto gobierno han dicho bastante respecto a la necedad que tienen los indígenas de conseguir unas tierras que, según ellos, no utilizan. Sin embargo, la dirigencia indígena ha sido clara en afirmar que esta movilización no tiene como objetivo central la entrega de tierras, ya que éste es apenas uno de los puntos por los que luchan. En el primer congreso indígena y popular, realizado en 2004, se determinaron 5 puntos concretos que sintetizan las razones de la protesta indígena y que recogen a sectores campesinos, afrocolombianos, mestizos y de trabajadores, entre otros. Estos cinco temas, hacen parte de la Agenda de Diálogo que proponen al presidente Uribe y a la cual éste no ha querido darle la cara.
- Rechazamos los Tratados de Libre Comercio que se han negociado y se vienen negociando con los Estados Unidos, Canadá y los países Europeos.
- No más terror y guerra. Rechazamos la política de seguridad democrática, el Plan Colombia, la parapolítica, la guerra sucia, la represión, la militarización de la vida social y la criminalización de la protesta.
- Derogación de toda la legislación de despojo. Las reformas constitucionales y legales, y las leyes que privan a los pueblos de sus derechos y libertades deben ser reemplazadas por leyes para la vida y la defensa de la soberanía y de los derechos y bienestar de los pueblos. Particularmente urgente es la derogatoria del Código de Minas y los Planes de Aguas.
- Cumplimiento de acuerdos y convenios. A través de años de lucha, los pueblos y procesos hemos logrado ganancias y derechos que son violentados e ignorados, de manera continua y recurrente. Exigimos que el resultado de estas luchas, plasmado en acuerdos y convenios, sea respetado.
- Creación de mecanismos de soberanía, paz y convivencia, de modo que podamos elaborar y hacer realidad nuestra agenda a través del Congreso Permanente de los Pueblos.
Ahora vuelven a reclamar sus derechos y se ven forzados, por la respuesta violenta del gobierno, a usar las vías de hecho, al taponar la carretera Panamericana, que de Popayán conduce a Cali, en el punto conocido como La María Piendamó. “Esto lo hacemos no como una forma de vulnerar los derechos de los demás sino de hacer valer nuestro derecho a la protesta y de encontrar una forma de ser escuchados”, afirmó Jorge Arias, dirigente indígena.
Repitiendo el nefasto precedente de la Cumbre de organizaciones sociales y de la Movilización del sur occidente, en mayo de 2006, cuando los miembros del Esmad ingresaron a sangre y fuego al Territorio de Diálogo, Paz y Convivencia del resguardo indígena de La María Piendamó, dejando un comunero muerto y cientos más heridos, en esta ocasión soldados y policías, traídos incluso del Eje Cafetero, entraron a desalojar a los indígenas que tenían taponada la Panamericana y, disparando contra los indígenas con sus fusiles, usando gases lacrimogenos y explosivos artesanalaes hechos por los propios uniformados, lograron despejar el lugar e invadirlo, no sin antes quemar las casas, las maletas, los alimentos y todo lo que los manifestantes habían llevado para realizar su protesta. “El Esmad se ha convertido en un grupo terrorista, en un grupo asesino, porque nosotros tenemos filmado y fotografiado cuando la policia dispara contra el movimiento indígena; nosotros simplemente tenemos es unos bastones, ellos salen con armas de fuego, con fusiles”, afirmó Dario Tote, líder indígena kokonuko.
Como saldo de estos enfrentamientos se confirma por parte de las autoridades indígenas que 95 comuneros fueron heridos, 15 de ellos de gravedad, con impactos de armasde fuego y algunos con pérdida de uno de sus ojos. Así mismo, Taurino Ramos Valencia fue asesinado por un miembro de la Fuerza Pública.
Las denuncias de los manifestantes aseguran que hay policías que se han querido infiltrar en su grupo de movilización, para llevar artefactos explosivos y luego montar falsos positivos que justifiquen lo que las autoridades y el gobierno dicen, a través de los medios monopólicos, a la opinión pública: que están siendo infiltrados por la guerrilla de las FARC o, incluso, que ellos mismos son guerrilleros.
El sábado 18 de octubre se esperaba al presidente de la República en el territorio de La María para dialogar sobre estos temas y consolidar una agenda de cumplimeinto. Sin embargo, él nunca llegó al Cauca y, en cambio, envió a sus emisarios de gobierno: los ministros del Interior, de Agricultura y de Protección Social. Ellos llegaron hasta el ‘salón de los espejos’ de la Gobernación del Cauca y se hicieron escuchar por los asistentes, entre ellos algunos indígenas diputados de a la Asamblea Departamental y alcaldes municipales, quienes también dieron sus opiniones, pero en ningún momento fue una reunión oficial de la minga con el gobierno. Sin embargo, en un comunicado posterior, el presidente dio un parte de tranquilidad y normalización de la situación, toda vez que, según él, ya había dialogado con los indígenas y se comprometió a comprar 1.000 hectáreas de tierra para solucionar sus problemas.
Aún así, la situación no era tan sencilla como la expone el presidente, ya que los convenios firmados con los indígenas del Cauca, luego de tantas y repetidas luchas, no hablan de 1.000 hectáreas sino de más de 100.000. Pero, por otro lado, según el abogado Álvaro Mejía Arias, asesor jurídico del CRIC, “en el municipio de Caldono existe una prohibición de comprarle predios a la comunidad Nasa, además, el Estatuto de Desarrollo Rural incluye en su articulado un veto para la compra y no se ha podido adquirir un solo metro allí”. Por lo tanto, la orden del presidente, con la cual se jactó frente a los televidentes de hacer todo lo posible por cumplir a los indígenas, queda corta ante la realidad que él, por supuesto, no desconoce. “Si el presidente quiere cumplir, entonces tiene que derogar el Estatuto de Desarrollo Rural y ordenar la ilegalidad y la derogatoria del POT de Caldono”, puntualizó Mejía Arias, ante lo que él considero como una mentira del presidente a las comunidades indígenas.
Por otra parte, la presencia de los uniformados en el territorio indígena es algo que el gobierno ha dicho no tener intenciones de negociar. Mucho menos la responsabilidad por todos los daños causados por la agresión militar y policial. La estigmatización y represión militar contra los pueblos originarios y la presencia de los actores armados en su territorio son, entre otros, aspectos para los cuales no se ha dado ninguna solución.
Ante la constante falta de atención por parte del gobierno y la autoridades nacionales e internacionales, siguiendo la orientación de la comisión política de los pueblos indígenas y con votación de la asamblea de indígenas, el pasado domingo 19 de octubre se decidió realizar la marcha de protesta hacía Cali, la capital del Valle, donde se unirán con los corteros de caña, quienes adelantan una protesta desde hace más de 45 días por dignidad laboral y salarios justos, punto incluido en la Agenda Temática propuesta al gobierno.
A esta marcha, que inició hoy en la mañana desde el sector rural de Piendamó, sobre la vía que de Popayán conduce a Cali, se unen otros sectores sociales y populares, como las mujeres de la Ruta Pacífica, los trabajadores de la salud, los sindicatos, las comunidades campesinas y las afrocolombianas, que coinciden en las reivindicaciones del movimiento indígena. Según Ayda Quilcue, consejera mayor del CRIC, “si es necesario, iremos hasta Bogotá, con el fin de que seamos escuchados y, para eso, contamos con el apoyo de todos los sectores que en esta época se están dando cuenta de todas las políticas contra el pueblo que toma el gobierno del presidente Uribe”.
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