Por: Marcela Zuluaga Contreras – noviembre 8 de 2021
Martha Alfonso es una mujer fuerte y decidida, de palabras resueltas y mirada cálida. Toda su vida ha estado vinculada a la lucha social y a las durezas de ser mujer, maestra y sindicalista en Colombia, el país donde más se asesina a quienes defienden los derechos de los trabajadores, según la Confederación Sindical Internacional (CSI).
Solo en el último año fueron asesinadas 22 personas vinculadas con sindicatos, de las cuales 2 eran mujeres, que se suman a las más de 3.200 víctimas que se cuentan desde 1971, de acuerdo con la Escuela Nacional Sindical (ENS). A pesar de los riesgos, Martha mantiene un fuerte compromiso por defender una educación pública de calidad y con criterio crítico y transformador para los niños, niñas y jóvenes.
Cuando Martha explica la violencia con la que históricamente se ha reprimido al sindicalismo en Colombia lo hace como si estuviera dirigiéndose a sus estudiantes en el aula de clase: habla pausadamente y con todos los datos en la cabeza, tratando de que cualquier persona pueda entender algo tan complejo como este exterminio contra quienes defienden los derechos de los trabajadores y sentir como propio el dolor de las víctimas. Para ella estas agresiones son inaceptables y deben acabar, por lo que ha dedicado buena parte de su vida como lideresa del magisterio a denunciar las agresiones a las maestras y maestros del país, exigir el fin de la impunidad y que todas las partes en el conflicto armado colombiano, especialmente el Estado, asuman sus responsabilidades y se haga justicia por estos crímenes. Actualmente es la segunda vicepresidenta de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE), el sindicato más numeroso de Colombia, que abarca a unos 270.000 de los 324.808 profesores que trabajan en el sector público en todo el país. Además, tiene a su cargo la coordinación de derechos humanos de la organización.
La vida por educar
En 2006, cuando se vinculó al magisterio en Medellín (Antioquia), la segunda ciudad de Colombia, Martha ya contaba con una larga trayectoria de luchas sociales. Esta maestra de primaria no oculta su emoción al recordar que, estando más joven, tuvo que hacer un gran esfuerzo para enfrentar el machismo y hacer valer su liderazgo siendo la única mujer entre un grupo de más de 50 estudiantes que se manifestaba en defensa de la educación pública a mediados de la década de 1980 en su natal Sogamoso, una pequeña ciudad al oriente de Colombia. Más adelante participó en diversas organizaciones universitarias, culturales y de mujeres, y hoy, a sus 53 años, es una de las caras visibles de Nuevos Maestros por la Educación, una corriente de educadores de todo el país que hace parte de FECODE.
En este sentido, FECODE tiene unas características particulares. Aunque las mujeres representen al 70% de sus afiliados en todo el territorio nacional, solo el 20% de los cargos directivos nacionales están ocupados por mujeres y las juntas directivas regionales en su mayoría están conformadas por hombres. Sumado a esto, solo 9 mujeres han llegado al Comité Ejecutivo de la organización en 63 años de historia.
Al respecto, Martha asegura que no ha sido nada sencillo disputar el liderazgo que normalmente se ha reservado a los hombres en los sindicatos y que haber llegado al Comité Ejecutivo de FECODE en 2018, como parte de una nueva generación de maestros y maestras, representa un logro inmenso para una mujer como ella:
Yo tengo la [segunda] vicepresidencia y tengo [a cargo] los derechos humanos, pero creo que desde Amanda Rincón [en 2002] no había otra mujer en ese cargo y la única presidenta en la historia de Fecode ha sido Gloria Inés Ramírez [en 2000].
Desde allí, Martha ha trabajado alrededor de las exigencias de la reparación colectiva al movimiento sindical y liderado un equipo de investigación que estudia graves violaciones a los derechos humanos de los docentes colombianos y el impacto del conflicto armado sobre la educación. El resultado de estas labores ha sido el informe “La vida por educar”, que FECODE entregó al Sistema Integral de Justicia, Verdad, Reparación y Garantías de No Repetición creado por los acuerdos de paz y que incluye a la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, instituciones del sistema de justicia transicional surgido de los acuerdos de paz firmados en 2016.
LavidaporEducar.pdf_compressed-1En este extenso trabajo se sistematiza lo que Martha y sus compañeras y compañeros califican como un genocidio contra los maestros y maestras sindicalizados. Al respecto, asegura la maestra:
Son 512 páginas en donde reposan, incluso, casos de compañeros que lograron sobrevivir a atentados. Hay casos de 66 docentes asesinados y de los que aún no sabemos el paradero de sus cuerpos. Hay casos de familias que sufrieron la estigmatización y la persecución. Vamos a exigir investigación, justicia, reparación y que no exista la repetición.
Según el Sistema de Información de Derechos Humanos (SINDERH) de la ENS, una de las bases de datos usadas en la investigación liderada por Martha, entre 1986 y 2016, año de la firma de los acuerdos de paz, en Colombia se cometieron alrededor de 6.119 agresiones contra la vida, libertad e integridad de los docentes sindicalizados, de las cuales 2.596 (42,4%) estuvieron dirigidas a mujeres. Siendo FECODE un sindicato mayoritariamente femenino, estas violencias contra las maestras no solo han sido de las más altas que se registran sobre el movimiento obrero colombiano sino que han demostrado gran sistematicidad para acallar los reclamos de quienes educan a los niños, niñas y jóvenes del país.
Respecto a los responsables de estos crímenes contra los maestros y maestras, asegura el informe, la mayoría (77,6%) sigue sin identificar, mientras el paramilitarismo (15,63%) se convierte de lejos en el principal victimario, seguido por las guerrillas (2,59%), la Policía (1,59%), la delincuencia común (1,29%) y el Ejército (0,75%). Las cifras de los delitos de los paramilitares se destacan en el periodo comprendido entre 1986 y 2010, lo que coincide con la mayor expansión de estos grupos en Colombia.
Tipo de agresión | Mujeres | Hombres | Total |
Amenazas | 1.447 | 1.723 | 3.170 |
Desplazamiento forzado | 205 | 785 | 990 |
Homicidios | 848 | 701 | 1.549 |
Detención arbitraria | 20 | 104 | 124 |
Hostigamiento | 11 | 67 | 78 |
Desaparición forzada | 37 | 52 | 89 |
Atentado con o sin lesiones | 10 | 39 | 49 |
Secuestro | 13 | 27 | 40 |
Tortura | 5 | 17 | 22 |
Allanamiento ilegal | 7 | 7 | |
Homicidio de familiar | 1 | 1 | |
Total | 2.596 | 3.523 | 6.119 |
Tabla 1: Violaciones a los derechos a la vida, la libertad e integridad cometidas contra integrantes de FECODE entre 1986 y 2016. Fuente: Sistema de Información de Derechos Humanos (SINDERH).
Según el informe, esto obedece a un plan criminal para silenciar y desestructurar las luchas de las mujeres, neutralizar su capacidad de organización y movilización en el reclamo de sus derechos e impedir el proceso de denuncia de irregularidades en la administración pública y de hechos de violencia en contra de la población civil. A pesar de que las cifras de agresiones sean tan altas, Martha y su equipo aceptan que estas solo muestran una pequeña parte de la violencia que ha soportado y continúa soportando a diario el magisterio.
Triple riesgo: ser mujer, sindicalista e investigadora
Las agresiones y amenazas no son una novedad para Martha: ya en el pasado tanto ella como su pareja, quien es también sindicalista, habían sido mencionados en varias ocasiones en listas de personas a asesinar por parte de los paramilitares y han sido víctimas de persecución, atentados y un intento de secuestro de sus hijas.
Sin embargo, desde la entrega del informe a la JEP, donde avanzan procesos contra militares, policías, paramilitares y excombatientes de las guerrillas que incluyen casos de violencia contra sindicalistas, estas agresiones se han intensificado y Martha ha recibido panfletos amenazantes a través de correos electrónicos, redes sociales y servicios de mensajería digital. Además, uno de estos textos apareció impreso en la oficina de la presidencia de FECODE sin que nadie pudiera saber quién lo dejó allí. En varios de estos documentos se hace alusión al informe desarrollado por Martha y su equipo, se presentan fotografías de ella y se describen los lugares en los que se encontraba para demostrar que estaba siendo seguida. Según recuerda:
Cuando entregamos el informe a la JEP, a finales de noviembre de 2019, fue en la semana posterior al gran paro nacional […] Nos hicieron un panfleto [amenazante], que llegó el 18 de diciembre y nos lo repitieron después por WhatsApp, donde se hablaba del paro pero se extendía ampliamente en denigrar el informe de la JEP […] diciendo que éramos un ‘nido de guerrilleros’.
Dicha amenaza estaba dirigida al Comité Ejecutivo de Fecode y estaba firmada por el Bloque Capital de las Águilas Negras, una organización paramilitar cuya existencia niega el Estado colombiano. En esta, los paramilitares aseguraban que “procederemos militarmente a ejecutar el plan de aniquilamiento y exterminio de toda Fecode, no les van a servir ni la seguridad de escoltas”.
Menos de dos meses después, en febrero de 2020, Martha recibió nuevamente mensajes amenazantes con su nombre escrito en ellos, justo después de visitar varios municipios del departamento de Nariño, ubicado al suroccidente de Colombia, y escuchar testimonios de las víctimas, que también resultaron amenazadas. Según recuerda:
Yo me reuní en esos días con compañeros de comités de derechos humanos de unos municipios que queríamos meter en un informe. Definimos los dos municipios y el lunes siguiente le llega una amenaza a los presidentes de esas juntas […] Entonces, uno dice: ‘me demoré más en salir de Nariño con la información para empezar a construir el informe que en amenazarlos a ellos’, tanto que no pudimos levantar la información para proteger la seguridad a los compañeros en territorio.
Las agresiones no paran ahí. La líder sindical ha sido objeto de campañas de señalamientos a través de redes sociales en las que en unas pocas horas pueden aparecer más de 4.500 publicaciones en redes sociales contra FECODE, miembros de su Comité Ejecutivo o ella misma. Martha asegura que estas oleadas de mensajes provienen del partido de gobierno, el Centro Democrático, perfiles de personas de extrema derecha y centenares de bots y cuentas falsas creadas para desprestigiar la actividad sindical. Para Martha:
Nos hemos acostumbrado tanto a la violencia y a la poca democracia que es normal que cuando usted tiene un liderazgo social, político, sindical, tenga que tener un esquema de seguridad […] La doctrina de seguridad reconoce a los sindicalistas como enemigo interno y como tal nos trata […] porque en Colombia pensar diferente es un delito […] Cualquier trabajador que exija sus derechos ha sido estigmatizado y señalado de terrorista o subversivo. En particular, los docentes han sido señalados por su discurso político y pensamiento crítico.
Para Juan Manuel Fonseca, investigador de la Universidad Pedagógica Nacional, las agresiones demuestran el temor que existe a que se hable de la verdad sobre más de medio siglo de conflicto armado en Colombia. En este sentido, informes como el elaborado por FECODE son fundamentales para que la sociedad comprenda el impacto negativo de la violencia sobre los trabajadores y sus condiciones laborales:
Los testimonios brindan un acercamiento a la reconstrucción de la historia y la memoria de la violencia antisindical. El riesgo de investigar y acercarse a la verdad está implícito, dado que muchos de los perpetradores de violencia y las personas que se favorecieron de ese accionar están interesadas en que no se sepa la verdad.
Estos riesgos se han hecho más complejos para Martha y su equipo por la continuidad del conflicto armado en Colombia, a pesar de la firma de unos acuerdos de paz que han tenido importantes incumplimientos de parte del Estado, y porque el proceso de recolección de información de los hechos más representativos estuvo entorpecido por el recrudecimiento de la violencia contra integrantes de FECODE durante la investigación: para el informe entregado a la justicia transicional hubo que excluir datos de departamentos como Putumayo, Nariño, Cauca y Magdalena, y las regiones del sur de Bolívar y el bajo Cauca, pues la intensidad de la guerra hace que sea muy peligroso para las víctimas y sus familias aportar sus testimonios por las presencia de los grupos armados ilegales, la Policía y el Ejército en esas zonas.
A pesar de los constantes riesgos que significan para ella y su familia sus actividades, Martha asegura que seguirá con la labor que inició desde 2006, no solamente por la dignidad de los maestros y maestras, sino también porque se reconozca lo que ha ocasionado la violencia antisindical y al movimiento obrero como un actor social con cosas para decir para ampliar la frágil democracia que todavía tiene Colombia.
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